Con el paquete de proyectos enviado al Congreso para modificar la Ley
de Abastecimiento, el Ejecutivo argentino buscar establecer un mayor
equilibrio entre consumo y producción, y dar garantías y protección al
público.
Así lo explicó el secretario de Comercio Augusto Costa en declaraciones
que publica hoy el diario El Cronista, y de las que se hacen eco otros
medios digitales y televisivos.
El proyecto defendido anoche por la presidenta Cristina Fernández, quien señaló que "no quiere fundir a las empresas", pero sí evitar que estas "fundan a los consumidores y a los argentinos", suscitó críticas de sectores empresariales y de la oposición política.
La propuesta permitirá fijar precios de referencia y prevé sanciones para quienes apliquen alzas injustificadas para obtener ganancias abusivas. También sancionará a quienes retengan, acaparen y especulen con la mercadería.
Asimismo, busca crear un nuevo fuero judicial, donde se dará un tratamiento específico a los conflictos entre usuarios y empresas.
Sería aplicable a todas las actividades económicas del país: desde los productos industriales y de servicios hasta ramas como el deporte, el esparcimiento y la cultura.
Su objetivo es regular el proceso de formación de precios y terminar con los manejos de los grupos concentrados que generan un mercado de consumidores cautivos, sostienen sus defensores.
Ante la controversia avivada por los medios hegemónicos contrarios al Gobierno, Costa manifestó su asombro por la difusión de opiniones alarmantes de ciertos sectores y el silencio de las consideraciones de las cámaras que agrupan a pequeñas y medianas empresas, a los sindicatos y a las asociaciones de consumidores.
Al respecto de la polémica, Cristina Fernández dijo anoche que todas las partes, cámaras empresariales y de los consumidores, podrán acudir a las comisiones del Congreso para expresar sus opiniones y presentar sus sugerencias.
Para el secretario Costa, "oponerse al paquete de medidas propuesto, en realidad, esconde el rechazo a un nuevo hito en el proceso de expansión de derechos de la última década".
Recalcó que el paquete de leyes persigue brindar nuevas herramientas a los consumidores para que puedan ejercer efectivamente los derechos consagrados por la Constitución.
El proyecto defendido anoche por la presidenta Cristina Fernández, quien señaló que "no quiere fundir a las empresas", pero sí evitar que estas "fundan a los consumidores y a los argentinos", suscitó críticas de sectores empresariales y de la oposición política.
La propuesta permitirá fijar precios de referencia y prevé sanciones para quienes apliquen alzas injustificadas para obtener ganancias abusivas. También sancionará a quienes retengan, acaparen y especulen con la mercadería.
Asimismo, busca crear un nuevo fuero judicial, donde se dará un tratamiento específico a los conflictos entre usuarios y empresas.
Sería aplicable a todas las actividades económicas del país: desde los productos industriales y de servicios hasta ramas como el deporte, el esparcimiento y la cultura.
Su objetivo es regular el proceso de formación de precios y terminar con los manejos de los grupos concentrados que generan un mercado de consumidores cautivos, sostienen sus defensores.
Ante la controversia avivada por los medios hegemónicos contrarios al Gobierno, Costa manifestó su asombro por la difusión de opiniones alarmantes de ciertos sectores y el silencio de las consideraciones de las cámaras que agrupan a pequeñas y medianas empresas, a los sindicatos y a las asociaciones de consumidores.
Al respecto de la polémica, Cristina Fernández dijo anoche que todas las partes, cámaras empresariales y de los consumidores, podrán acudir a las comisiones del Congreso para expresar sus opiniones y presentar sus sugerencias.
Para el secretario Costa, "oponerse al paquete de medidas propuesto, en realidad, esconde el rechazo a un nuevo hito en el proceso de expansión de derechos de la última década".
Recalcó que el paquete de leyes persigue brindar nuevas herramientas a los consumidores para que puedan ejercer efectivamente los derechos consagrados por la Constitución.
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