LISBOA.- Pequeños accionistas afectados con la hecatombe del
Banco Espírito Santo (BES) han iniciado una ardua batalla legal en la
que intentarán responsabilizar por el escándalo financiero al Banco de
Portugal, a los auditores y a la antigua administración.
Se cuentan por millares los clientes que habían invertido miles de
euros en acciones del BES, muchos de ellos en el último aumento de
capital de junio, ya cuando las deudas ocultas de conglomerados del
Grupo Espírito Santo (GES) hacían tambalear los cimientos del tercer
mayor banco luso.
Y lo habían hecho con el respaldo de la máxima autoridad en
cuestiones bancarias, el Banco de Portugal (BdP), que había avalado a la
institución. Un mes y medio después, el BES se desmoronó y el propio
BdP decidió que los accionistas perderían su capital al pasar a la parte
"mala" del banco, la de los activos irrecuperables.
"Hoy parece indiscutible que en el BES se cometieron delitos y quien
lo hizo tendrá que ser responsabilizado", dijo el abogado
portugués Carlos Lucena, uno de los líderes del bufete luso Telles de
Abreu, que asesora decenas de pequeños accionistas, algunos de ellos
españoles.
El BdP, los auditores privados y la administración del banco, con
Ricardo Salgado a la cabeza, están en el punto de mira del gabinete de
abogados con sede en Oporto.
Lucena criticó especialmente la actitud laxa del BdP, el supervisor
de los bancos obligado a intervenir cuando se detectan graves
irregularidades.
"El BdP sabe desde hace más de un año los problemas de deuda del BES y
fue incapaz de controlar y frenar al descalabro. No se espera de eso de
un regulador", certificó el letrado especialista en derecho comercial,
societario y financiero.
Pequeños accionistas e inversores en deuda a corto plazo de entre 30 y
95 años que había invertido entre 6.000 y 40.000 euros han acudido a
los servicios de Telles de Abreu conscientes de que la batalla legal
será larga y ardua.
Hay "sorpresa, repugnancia y enfado por los millares de afectados que
desconocían los riesgos que corrían. Les colocaron obligaciones de
firmas que quebraron", lamentó Lucena, en alusión al puñado de grupos
que entró en incumplimiento por irregularidades de gestión y que
pertenecía al conglomerado del Espírito Santo.
El Banco de Portugal es el rival más difícil al que los clientes se
enfrentarán, pero el abogado portugués prometió "lucha, estudio y
atención" ante una institución de peso, considerada "un pilar del
régimen".
La complejidad de los procesos en causa -hay varias ramificaciones en
países como Suiza o Luxemburgo- podrá conducir a un caso que demorará
años en resolverse, teniendo además en cuenta la lentitud de la Justicia
portuguesa, aseveró el letrado.
A estas iniciativas de justicia privada, se unió esta semana una
petición pública con miles de firmas para solicitar una indemnización
para los pequeños accionistas del último aumento de capital, celebrado
el 11 de junio a 65 céntimos de euro por acción.
El BdP y la Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios (CMVM), el
supervisor de la Bolsa, están en el ojo del huracán de la iniciativa
propagada por la Asociación de Inversores y Analistas Técnicos del
Mercado de Capitales (ATM) de Portugal.
También la Asociación de Clientes Bancarios (ABESD), creada a finales
de julio, días antes del descalabro, está asesorada jurídicamente y
promete lucha para proteger los intereses de depositantes, ahorradores e
inversores.
La indignación de los pequeños accionistas se agrava con el
sentimiento de incertidumbre que se cierne en el Novo Banco, escisión
"buena" del extinto BES reflotado con unos 4.000 millones procedentes de
un crédito de la troika donde quedan fuera todos los accionistas y los
inversores en bonos.
"El cuadro de constitución no está claro. Han venido a poner activos y
pasivos de un lado a otro", refirió Lucena, cuyo bufete ya ha trabajado
en la defensa de intereses de clientes en otro escándalo financiero, el
del Banco Privado Portugués (BPP), que quebró en 2009.
Si las demandas tienen éxito, podrá haber penas de cárcel para los
gestores involucrados en el derrumbe del BES y cuantiosas
indemnizaciones sufragadas por el BdP, que funciona con dinero público.
"Nunca firmaré un proceso de representación si no creo que tengo
bastantes posibilidades de éxito", concluyó el abogado Antonio Torres
del Cerro.
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