MADRID.- La OCDE ha recomendado a España que extienda el tipo general de IVA eliminando los tipos reducidos, salvo
para bienes de primera necesidad como los alimentos, lo que propone
compensar con una rebaja de las cotizaciones empresariales a la
Seguridad Social para los trabajadores con menor retribución.
En
su informe bienal sobre la economía española, el organismo sugiere que
el Gobierno español "podría hacer más para dar prioridad al empleo y
mantener una distribución justa de la carga impositiva".
A juicio del organismo, la rebaja de las cotizaciones sociales
tendría que ser permanente, ya que cree que las medidas de índole
temporal no sirven para estimular plenamente la contratación a largo
plazo.
En este sentido, opina que la tarifa plana de 100 euros al
mes de cotización durante dos años para los contratos indefinidos que se
firmen hasta el cierre del año es regresiva, porque implica un impuesto
mayor para los trabajadores con menor retribución.
Respecto a la
eliminación de los tipos reducidos de IVA reconoce que la medida también
es regresiva, por lo que propone mitigar su impacto sobre las rentas
más bajas mejorando la red de protección social o excluyendo bienes de primera necesidad como los alimentos, aunque esta protección podría minorar la efectividad de la medida.
La
OCDE admite que eliminar los tipos especiales de IVA "dañaría el
importante sector turístico" frente a otros competidores, pero cree que
este efecto negativo podría ser compensado con la reducción de las
cotizaciones sociales.
Para que el sistema tributario español sea más favorable al crecimiento, la OCDE propone aumentar los impuestos sobre actividades nocivas para el medio ambiente y los tributos sobre bienes inmuebles, "ninguno de ellos especialmente elevado en España".
También
plantea suprimir la deducción fiscal por pagos hipotecarios para
quienes compraron su vivienda habitual antes de enero de 2013, ya que
considera que tendrá un coste de 1.800 millones de euros en 2014 cuando
"únicamente beneficia a un grupo de hogares".
Por
otra parte, la OCDE considera que los cambios en España para activar la
búsqueda de empleo van "en la dirección correcta", aunque su
implantación en las autonomías es lenta debido al "enfoque pasivo" de los Servicios Públicos de Empleo, que han de mejorar en eficiencia para evitar que el elevado paro se enquiste.
El
informe bienal sobre la economía española del organismo internacional
subraya "como reto económico más acuciante al que se enfrenta España en
la actualidad" devolver a los desempleados al mercado laboral mejorando
el funcionamiento de dicho mercado y reduciendo los impedimentos al
crecimiento y a la demanda de empleo.
El informe valora la Estrategia de Activación para el Empleo 2014-2016,
aprobada por el Gobierno el pasado viernes, pero también resalta que
las políticas activas del mercado de trabajo sólo son efectivas cuando
se basan en la obligación mutua: los desempleados reciben una prestación
y a cambio deben participar activamente en la búsqueda de empleo.
En
España, dice, implantar un sistema de obligación mutua "resulta
complicado", pues la activación es competencia de las comunidades aunque
es el Gobierno el que abona las prestaciones por desempleo.
Además, los desempleados deben aceptar ofertas de empleo adecuadas, si bien la incertidumbre de lo que se considera "adecuado" dificulta la aplicación de la norma.
Por
ello, en el marco de la mejora de las obligaciones, la OCDE recomienda
que se defina "más claramente el concepto de oferta de empleo adecuada"
atendiendo a criterios objetivos como que el salario que se le ofrece
compense la prestación que recibe.
El documento también recalca que el elevado desempleo no solo es el resultado de la falta de puestos de trabajo,
sino también de "diversos problemas estructurales" entre los que sitúa,
además de unas políticas activas de empleo poco eficientes, la
insuficiente flexibilidad de los salarios y la elevada protección por
despido de los contratos indefinidos frente a sus homólogos temporales.
En
informe anteriores, la OCDE ya venía recomendando reducir en mayor
medida la indemnización por despido improcedente e introducir la figura
del contrato único con indemnización por despido creciente con la
antigüedad, lo que contribuiría a reducir la dualidad entre temporales y
fijos.
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