WASHINGTON.- Un estudio del Instituto Interamericano de Cooperación para la
Agricultura sugire que la Ley Agrícola de Estados Unidos puede
significar violaciones de las normas de la Organización Mundial de
Comercio (OMC).
La evaluación toma relevancia luego de que la Casa Blanca impuso cuotas
compensatorias preliminares a las importaciones de azúcar mexicana.
Le mencionada Ley estadounidense otorga recursos por 489.000 millones de dólares en los próximos cinco años y crea dos nuevos programas, uno de cobertura de pérdidas por precios, que autoriza un pago al productor si el promedio del precio de mercado para un año-cosecha es menor que el precio de referencia para cada cultivo.
El otro es de cobertura a los ingresos (rendimientos y precios), que le garantiza al productor un porcentaje de los ingresos, el cual se puede estimar en función de los ingresos de la finca o de los ingresos del condado donde radica.
Según el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) ambos programas se complementan con los seguros de cosecha, cuyas primas el Estado subsidia en 65 por ciento, 85 por ciento en el caso del algodón.
El director del IICA, Víctor Villalobos, afirmó que estas coberturas de riesgos, por variación de precios y variación de ingresos, pueden generar cuestionamientos por las potenciales distorsiones que pueden ocasionar en las decisiones de producción y de mercado, y por tanto, ser objeto de controversia en la OMC.
Al respecto, precisó que el argumento en contra es que los subsidios abaratan artificialmente las importaciones latinoamericanas de productos básicos y se afecta negativamente a los productores locales, que no disponen de apoyos similares.
En tanto, los productores no estadounidenses que se orientan a la exportación se ven obligados a competir con precios más bajos en los mercados mundiales.
Le mencionada Ley estadounidense otorga recursos por 489.000 millones de dólares en los próximos cinco años y crea dos nuevos programas, uno de cobertura de pérdidas por precios, que autoriza un pago al productor si el promedio del precio de mercado para un año-cosecha es menor que el precio de referencia para cada cultivo.
El otro es de cobertura a los ingresos (rendimientos y precios), que le garantiza al productor un porcentaje de los ingresos, el cual se puede estimar en función de los ingresos de la finca o de los ingresos del condado donde radica.
Según el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) ambos programas se complementan con los seguros de cosecha, cuyas primas el Estado subsidia en 65 por ciento, 85 por ciento en el caso del algodón.
El director del IICA, Víctor Villalobos, afirmó que estas coberturas de riesgos, por variación de precios y variación de ingresos, pueden generar cuestionamientos por las potenciales distorsiones que pueden ocasionar en las decisiones de producción y de mercado, y por tanto, ser objeto de controversia en la OMC.
Al respecto, precisó que el argumento en contra es que los subsidios abaratan artificialmente las importaciones latinoamericanas de productos básicos y se afecta negativamente a los productores locales, que no disponen de apoyos similares.
En tanto, los productores no estadounidenses que se orientan a la exportación se ven obligados a competir con precios más bajos en los mercados mundiales.
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