BUENOS AIRES.- La Ley de Pago Soberano aprobada hoy por el Congreso argentino
persigue fundamentalmente crear el marco financiero y jurídico para
resguardar el pago de la deuda reestructurada del ataque de los fondos
buitre.
Para ello estipula remover al Banco de Nueva York como agente
fiduciario y designar en su lugar al Banco Central de la República
Argentina (BCRA). Como alternativa los acreedores podrán cobrar también
en Francia.
La casa bancaria neoyorquina tiene hoy en sus arcas 539 millones de dólares que Buenos Aires depositó en junio pasado que pertenecen a los tenedores de bonos reestructurados, dinero bloqueado por el juez Thomas Griesa actuando a favor de los fondos buitre.
Al cambiar la sede de pago, el gobierno argentino asegura que los destinatarios puedan cobrar su dinero libres de esas intromisiones.
Al establecer la jurisdicción en Buenos Aires, la legislación crea en el BCRA el órgano Nación Fideicomisos S.A., responsable en lo adelante del "Fondo de Pago Soberano de Deuda Reestructurada".
Como el objetivo del Ejecutivo de la presidenta Cristina Fernández es eliminar los conflictos en torno al pago de la deuda, su iniciativa reabre el proceso de canje como los del 2005 y 2010.
La medida está dirigida a incorporar a los bonistas que deseen cobrar bajo las mismas condiciones de los tenedores de bonos reestructurados, que representan el 92,4 por ciento.
Para sustentar lo anterior, la normativa establece el "Fideicomiso de Pago Soberano de Deuda Pendiente de Canje", que será una cuenta en Nación Fideicomisos.
En ella se depositará en tiempo y forma "una cantidad de fondos equivalentes a los que correspondería pagar por los servicios de los actuales Títulos Públicos que en el futuro se emitan".
Una quinta opción facilita a los bonistas que lo deseen cambiar la Ley vigente de sus bonos por la ley argentina.
Si un acreedor sospecha que sus bonos con legislación extranjera pueden ver perjudicados sus cobros por futuras sentencias judiciales, tienen garantizado el depósito por la justicia doméstica.
Además, se incorporó, para mayor confianza, a Francia como nueva jurisdicción del canje.
La legislación, a la que solo le resta la promulgación por la Presidenta, también estipula la creación de una comisión bicameral para examinar la historia y evolución del endeudamiento del país.
Un prolongado juicio que impulsó el juez Jorge Ballestero, quien dictó sentencia en 2000, definió que una parte considerable de los adeudos adjudicados al Estado es ilegitima y fraudulenta.
En la causa que inició en 1982 el luchador social Alejandro Olmos se evidenció que la deuda que hoy se ve obligado a pagar el Gobierno argentino es una "monumental estafa" acorde con la investigación del magistrado Ballestero.
Se demostró que los préstamos de los usureros terminaron en fuga de capitales, autopréstamos de las grandes empresas y corrupción generalizada mediante la compra de armamento, entre otras tropelías, principalmente desde la última dictadura cívico militar (1976-1983) y durante del neoliberalismo salvaje de los años de 1990.
Con esta ley en mano y la resolución de la Asamblea General de la ONU para delinear un marco internacional que proteja a los procesos de reestructuración de la deuda, Cristina Fernández se presentará ante ese órgano el próximo 24 de septiembre y asistirá a la Cumbre del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
La casa bancaria neoyorquina tiene hoy en sus arcas 539 millones de dólares que Buenos Aires depositó en junio pasado que pertenecen a los tenedores de bonos reestructurados, dinero bloqueado por el juez Thomas Griesa actuando a favor de los fondos buitre.
Al cambiar la sede de pago, el gobierno argentino asegura que los destinatarios puedan cobrar su dinero libres de esas intromisiones.
Al establecer la jurisdicción en Buenos Aires, la legislación crea en el BCRA el órgano Nación Fideicomisos S.A., responsable en lo adelante del "Fondo de Pago Soberano de Deuda Reestructurada".
Como el objetivo del Ejecutivo de la presidenta Cristina Fernández es eliminar los conflictos en torno al pago de la deuda, su iniciativa reabre el proceso de canje como los del 2005 y 2010.
La medida está dirigida a incorporar a los bonistas que deseen cobrar bajo las mismas condiciones de los tenedores de bonos reestructurados, que representan el 92,4 por ciento.
Para sustentar lo anterior, la normativa establece el "Fideicomiso de Pago Soberano de Deuda Pendiente de Canje", que será una cuenta en Nación Fideicomisos.
En ella se depositará en tiempo y forma "una cantidad de fondos equivalentes a los que correspondería pagar por los servicios de los actuales Títulos Públicos que en el futuro se emitan".
Una quinta opción facilita a los bonistas que lo deseen cambiar la Ley vigente de sus bonos por la ley argentina.
Si un acreedor sospecha que sus bonos con legislación extranjera pueden ver perjudicados sus cobros por futuras sentencias judiciales, tienen garantizado el depósito por la justicia doméstica.
Además, se incorporó, para mayor confianza, a Francia como nueva jurisdicción del canje.
La legislación, a la que solo le resta la promulgación por la Presidenta, también estipula la creación de una comisión bicameral para examinar la historia y evolución del endeudamiento del país.
Un prolongado juicio que impulsó el juez Jorge Ballestero, quien dictó sentencia en 2000, definió que una parte considerable de los adeudos adjudicados al Estado es ilegitima y fraudulenta.
En la causa que inició en 1982 el luchador social Alejandro Olmos se evidenció que la deuda que hoy se ve obligado a pagar el Gobierno argentino es una "monumental estafa" acorde con la investigación del magistrado Ballestero.
Se demostró que los préstamos de los usureros terminaron en fuga de capitales, autopréstamos de las grandes empresas y corrupción generalizada mediante la compra de armamento, entre otras tropelías, principalmente desde la última dictadura cívico militar (1976-1983) y durante del neoliberalismo salvaje de los años de 1990.
Con esta ley en mano y la resolución de la Asamblea General de la ONU para delinear un marco internacional que proteja a los procesos de reestructuración de la deuda, Cristina Fernández se presentará ante ese órgano el próximo 24 de septiembre y asistirá a la Cumbre del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
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