miércoles, 24 de septiembre de 2014

La presidenta argentina emplaza al juez norteamericano Griesa

NUEVA YORK.- La presidenta argentina, Cristina Fernández, emplazó al juez neoyorquino Thomas Griesa a disponer qué hace con los 539 millones de dolares que deposito su pais y que los mantiene hoy en un limbo. 

 En declaraciones a la prensa en Nueva York anoche luego de comparecer ante la Asamblea General de la ONU y después en el Consejo de Seguridad, la mandataria recalco que ese dinero destinado a pagar a los acreedores "no está ni embargado ni tampoco lo devuelve".

La jefa de Estado destacó la aprobación por parte de este organismo internacional de la resolución que estipula crear un marco regulatorio y jurídico para las reestructuraciones de deuda soberanas.

Al respecto, ratificó su deseo de "tener sancionada esta norma para la próxima Asamblea (General) en 2015".

El conflicto que encara actualmente con los fondos buitre fue uno de los puntos que abordó la Presidenta en su alocución ante la Asamblea General, donde denunció que esos grupos usureros en complicidad con el Poder Judicial de Estados Unidos acosan y hostigan a Argentina.

"No sólo son terroristas los que ponen bombas, sino también son terroristas económicos los que desestabilizan la economía de los países y provocan hambre, miseria y pobreza", acentuó.

En esa línea, acuso a los denominados "holdouts" de amenazar, hostigar, calumniar y provocar rumores e infamias "desde lo personal hasta lo financiero" y de obstruir "el cobro de quienes confiaron en Argentina".

Tras los discursos de Cristina Fernández en la ONU, el juez Griesa convocó a los representantes de Argentina para una nueva audiencia el próximo lunes, y amenazó a este país con imponerle una multa de 50.000 dólares diarios por desacato.

Griesa sentenció a Argentina a pagar una inmensa suma usurera a un minúsculo número de fondos buitre, en especial a los litigantes NML Capital, Aurelius y Elliot, a una desorbitada tasa de 1.600 por ciento del valor en que compraron en 2008 bonos de deuda en cesación de pago.

Además, embargó 539 millones de dólares que Buenos Aires depositó en el Banco de Nueva York para ser distribuidos entre los acreedores que acordaron reestructurar el pago de la deuda en los canjes de 2005 y 2010.

Como respuesta, el gobierno argentino le quitó a ese banco la jurisdicción para el pago de los saldos, y la abrió en el Banco Central en Buenos Aires, y como alternativa designó a Francia.

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