RÓTERDAMM.- La legalización de la prostitución en Holanda hace ya
catorce años no ha conseguido aún los efectos deseados pues se siguen
registrando abusos sexuales, no cesa la prostitución forzada y aún es
una profesión estigmatizada socialmente denuncia el colectivo y admiten
las autoridades.
"Es curioso porque en Holanda es un trabajo legal pero sigue
existiendo el estigma y nos queda mucho camino por recorrer", dijo la directora del centro de asistencia SHOP y psicóloga clínica,
Maria Scali.
Ese centro, ubicado en La Haya, está especializado en la asistencia y
servicios dirigidos a trabajadores sexuales y víctimas del tráfico
humano.
En realidad "existen muchos problemas relacionados con el estigma que
deben solucionarse", explicó Felicia Anna, prostituta y bloguera
de 27 años de origen rumano, que desde hace cuatro trabaja en el "barrio
rojo" de Ámsterdam, donde unos 8.000 trabajadores sexuales ejercen
según el Ayuntamiento de la ciudad.
"Es muy difícil abrir una cuenta bancaria para empresas", señala la
joven, que también denuncia que "prácticamente no tenemos acceso a
préstamos bancarios, tarjetas de crédito o hipotecas" o dificultades en
"otros aspectos que podrían ser sencillos como encontrar casa o
trabajo", explicó Felicia.
Para impulsar los resultados de la legalización de la prostitución
vigente desde el año 2000, el ministerio de Seguridad y Justicia ha anunciado
la puesta en marcha un programa nacional de ayuda para que quien ejerce
la prostitución pueda salir de ella, que ha dotado con doce millones de
euros en los próximos cuatro años.
Ese programa prevé que quienes se acojan, podrán recibir soporte en
aspectos prácticos, como buscar trabajo o apartamento, y en otros
relacionados con problemas psicológicos, de adición o deudas, si los
hubiera.
En el Parlamento holandés los partidos socialista SP y Unión
Cristiana (CU) habían reclamado que ese programa se ampliara a todo el
país, ya que el lanzado entre 2008-2011 era solo regional y se
desarrolló en solo doce municipios.
El ministro de Seguridad y Justicia, Ivo Opstelten, ha asegurado que
durante los próximos tres años se "fortalecerán" los recursos para
"abordar la explotación laboral, la explotación sexual y los abusos en
el sector", ha presentado en el Parlamento un proyecto de ley en ese
sentido.
Su propuesta parlamentaria busca endurecer la regulación de la
prostitución y combatir los abusos en la industria sexual, medidas entre
las que por ejemplo, se prevé aumentar la edad mínima para ejercer la
prostitución de 18 a 21 años.
Además laboristas, socialistas y socialcristianos han enviado al
Consejo de Estado un proyecto de ley para que los clientes de
prostitutas que hayan sido forzadas a trabajar también se enfrenten a
penas de cárcel o a elevadas sanciones.
La directora del centro de asistencia SHOP, Maria Scali, señaló
que un programa dirigido a todo el país "es necesario y muy importante
porque puede cambiar la vida de muchas mujeres".
Durante 2013, ese centro atendió a 329 personas, de los que el 20 %
fueron hombres y transexuales), ofreció información y soporte a 179
trabajadores sexuales, de los cuales 120 consiguieron dejar la
prostitución y hoy tienen un trabajo estable.
"Me gustaría pensar que en estos cuatro años próximos vamos a conseguir la comprensión de la sociedad", señaló.
Scali apuntó a que "el problema no es salir de la prostitución, el
problema es que estas personas que deciden dejar la prostitución tengan
la oportunidad de entrar en la sociedad. Los trabajadores sexuales son
personas fuertes y potentes y la sociedad no reconoce su valor y
calidad".
Para Felicia Anna, por su parte, "los esfuerzos del gobierno" siguen
siendo "insuficientes" y quisiera que también se destinaran recursos
para solucionar el problema "desde dentro" y "no solo para aquellos
trabajadores sexuales que quieran dejar la prostitución".
"Está bien que el Gobierno ayude a las prostitutas que quieran dejar
la profesión, pero hay que pensar existen problemas reales que siguen
sin solucionarse como es la estigmatización" o "el tráfico de personas",
añadió.
El último informe del Gobierno holandés sobre el tráfico de personas y
la violencia sexual contra niños alertó a finales de septiembre de que
el número de casos juzgados aumentó de 132 en 2009 a 203 en 2013.
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