Los llamados tratados bilaterales de inversión (TBI) apuntan a una
supuesta protección recíproca de inversiones, pero la práctica ha
mostrado que funcionan como herramienta para favorecer al capital en
detrimento de los estados soberanos.
Estos mecanismos son acuerdos firmados entre dos países para garantizar
la seguridad de las inversiones privadas en una pretendida igualdad de
condiciones, pactos que surgieron a mediados del siglo XX pero tuvieron
auge a partir de la década de 1990.
Sin embargo, el especialista argentino Javier Echaide alertó que por ejemplo, si Estados Unidos firma un TBI con Haití, claramente no hay reciprocidad dada la enorme asimetría existente entre esas dos naciones.
Este desequilibrio se evidencia en los arbitrajes existentes en el mundo en virtud de este sistema, que permite a las trasnacionales inversionistas demandar a los estados ante instancias internacionales.
De todo el planeta, la región más llevada por empresas a arbitrajes internacionales es América del Sur con un 27 por ciento del total de los procesos, seguida por Europa oriental y Asia con un 24, y África Subsahariana con un 16.
En contraste, América del Norte ha enfrentado solo el cinco por ciento de esas demandas.
Los procesos cursados por las multinacionales se tramitan en diversas instancias, principalmente el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), entidad perteneciente al Banco Mundial.
De los casos resueltos hasta ahora, el 62 por ciento de los fallos ha sido favorable a las trasnacionales, mientras solo el 38 por ciento ha beneficiado a los estados.
Echaide, quien integra la Comisión para la Auditoría Integral Ciudadana de los Tratados de Protección Recíproca de Inversiones y del Sistema de Arbitraje Internacional en Materia de Inversiones (Caitisa), cuestionó el orden establecido a partir de estos tratados.
En este sentido, estimó que de acuerdo a los TBI, pareciera que los únicos sujetos de derecho en el mundo son las trasnacionales, que tienen capacidad incluso de llevar a tribunales a los estados soberanos.
A nivel mundial, los países mas afectados son en primer lugar Argentina con 55 procesos, luego Venezuela con 36, mientras Ecuador ocupa el quinto lugar con 22 procesos.
El experto de Caitisa indicó que en el caso de Quito, más allá de número de arbitrajes, lo más delicado son los montos financieros implicados.
Al respecto, el subsecretario de Planificación para el Buen Vivir en Ecuador, Andrés Arauz, informó que 14.000 millones de dólares están involucrados en estos procesos jurídicos.
"Es una suma perteneciente al pueblo ecuatoriano que está en peligro a causa de estos tratados", agregó, y recordó que el caso paradigmático es la disputa con la petrolera estadounidense Chevron.
Esa trasnacional, tras ocasionar altos niveles de contaminación en la Amazonía, se niega a pagar una indemnización a los afectados dictada por la justicia ecuatoriana y ha llevado el caso a las instancias internacionales.
Arauz aseveró que los TBI son una forma de minar la capacidad soberana de los estados de regular, formular política pública económica e impulsar el desarrollo, pues ellos son la evidencia de cómo se ha pasado "del neocolonialismo puro y duro al neocolonialismo jurídico".
El funcionario explicó que muchos países en el mundo están tomando conciencia de las afectaciones provocadas por estos mecanismos, como los latinoamericanos Venezuela, Bolivia y el propio Ecuador, y otros como Sudáfrica, India, Indonesia y Australia.
La oportunidad actual es única por la cantidad de voces que critican los TBI, indicó, y debemos capitalizar el contexto para poner fin a ese sistema.
Sin embargo, el especialista argentino Javier Echaide alertó que por ejemplo, si Estados Unidos firma un TBI con Haití, claramente no hay reciprocidad dada la enorme asimetría existente entre esas dos naciones.
Este desequilibrio se evidencia en los arbitrajes existentes en el mundo en virtud de este sistema, que permite a las trasnacionales inversionistas demandar a los estados ante instancias internacionales.
De todo el planeta, la región más llevada por empresas a arbitrajes internacionales es América del Sur con un 27 por ciento del total de los procesos, seguida por Europa oriental y Asia con un 24, y África Subsahariana con un 16.
En contraste, América del Norte ha enfrentado solo el cinco por ciento de esas demandas.
Los procesos cursados por las multinacionales se tramitan en diversas instancias, principalmente el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), entidad perteneciente al Banco Mundial.
De los casos resueltos hasta ahora, el 62 por ciento de los fallos ha sido favorable a las trasnacionales, mientras solo el 38 por ciento ha beneficiado a los estados.
Echaide, quien integra la Comisión para la Auditoría Integral Ciudadana de los Tratados de Protección Recíproca de Inversiones y del Sistema de Arbitraje Internacional en Materia de Inversiones (Caitisa), cuestionó el orden establecido a partir de estos tratados.
En este sentido, estimó que de acuerdo a los TBI, pareciera que los únicos sujetos de derecho en el mundo son las trasnacionales, que tienen capacidad incluso de llevar a tribunales a los estados soberanos.
A nivel mundial, los países mas afectados son en primer lugar Argentina con 55 procesos, luego Venezuela con 36, mientras Ecuador ocupa el quinto lugar con 22 procesos.
El experto de Caitisa indicó que en el caso de Quito, más allá de número de arbitrajes, lo más delicado son los montos financieros implicados.
Al respecto, el subsecretario de Planificación para el Buen Vivir en Ecuador, Andrés Arauz, informó que 14.000 millones de dólares están involucrados en estos procesos jurídicos.
"Es una suma perteneciente al pueblo ecuatoriano que está en peligro a causa de estos tratados", agregó, y recordó que el caso paradigmático es la disputa con la petrolera estadounidense Chevron.
Esa trasnacional, tras ocasionar altos niveles de contaminación en la Amazonía, se niega a pagar una indemnización a los afectados dictada por la justicia ecuatoriana y ha llevado el caso a las instancias internacionales.
Arauz aseveró que los TBI son una forma de minar la capacidad soberana de los estados de regular, formular política pública económica e impulsar el desarrollo, pues ellos son la evidencia de cómo se ha pasado "del neocolonialismo puro y duro al neocolonialismo jurídico".
El funcionario explicó que muchos países en el mundo están tomando conciencia de las afectaciones provocadas por estos mecanismos, como los latinoamericanos Venezuela, Bolivia y el propio Ecuador, y otros como Sudáfrica, India, Indonesia y Australia.
La oportunidad actual es única por la cantidad de voces que critican los TBI, indicó, y debemos capitalizar el contexto para poner fin a ese sistema.
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