martes, 30 de diciembre de 2014

Hacia el fin de los paraísos fiscales / Alberto Roo

Cuando Nicolás Sarkozy aún era presidente de Francia en el año 2009, hacía unas alentadoras declaraciones con motivo de la cumbre del G-20: “la época del secreto bancario ha llegado a su fin”. Pero nada más lejos de la realidad, pues todavía queda un largo y extenso camino por recorrer para que se pueda llegar a tal situación que, a día de hoy, se presenta utópica, pues el secreto bancario y los paraísos fiscales son, en muchos casos, el cobijo de los fondos de procedencia ilícita y, por tanto, la corrupción.

Uno de los ob­je­tivos del G-20 es erra­dicar los pa­raísos fis­ca­les. Y este es un de­bate es­pi­noso porque mu­chos pa­raísos fis­cales han es­tado hasta ahora bajo el pa­ra­guas de al­gunas na­ciones que forman parte del G-20. El ob­je­tivo es acabar con el se­creto ban­cario y la co­la­bo­ra­ción de estos paí­ses.

Ante todo hay que aclarar que no existe un lis­tado ofi­cial de pa­raísos fis­ca­les, pues cada país de­ter­mina a través de su le­gis­la­ción qué países son con­si­de­rados como tal y cuáles no.

De este modo, es po­sible que una misma ju­ris­dic­ción fiscal pueda ser con­si­de­rada como pa­raíso fiscal por un de­ter­mi­nado país y, al mismo tiempo, que no sea con­si­de­rado como tal por otros. Algunos cen­tros fi­nan­cieros han fir­mado di­versos acuerdos de in­ter­cambio de in­for­ma­ción en ma­teria fiscal con ciertos paí­ses, tanto para evitar una doble im­po­si­ción como para per­se­guir los ca­pi­tales ob­te­nidos me­diante mé­todos ilí­ci­tos.

En el caso de nuestro país, España, el lis­tado de pa­raísos fis­cales es el que es­ta­blece el Real Decreto 1080/91 de 5 de ju­lio, que enu­mera un total de 48 ju­ris­dic­ciones ‘offshore’. Basado ini­cial­mente en la lis­tado gris de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), aunque aña­diendo al­gunos te­rri­to­rios adi­cio­na­les, la ver­sión es­pa­ñola ha su­frido di­versos cam­bios desde su pu­bli­ca­ción ini­cial.

Tanto es así, ya que di­versos países han sido re­ti­rados del mismo por haber im­ple­men­tado es­tán­dares de trans­pa­ren­cia, si bien sigue siendo mucho más ex­tensa que la lista gris de la OCDE (en la que fi­guran 38 países y te­rri­to­rios).

Algunos de los países que sí fi­guran en el lis­tado de España pasan por las Islas Salomón, Islas Marianas, las Islas Malvinas y las Islas de Man y el Canal, así como Granada, República de Nauru y Macao. Mientras que para España han de­jado de con­si­de­rarse como pa­raísos fis­cales desde el año 2012 Andorra, Antillas Neerlandesas, Aruba, Emiratos Árabes Unidos, Jamaica, República de Malta y la República de Trinidad y Tobago.

Actualmente existe una re­gu­la­ción más es­tricta con las en­ti­dades no fi­nan­cieras ban­ca­rias, gra­cias a la su­per­vi­sión del Fondo Monetario Internacional (FMI) y a la crea­ción de un con­sejo de es­ta­bi­lidad fi­nan­ciera en cada país. Una re­gu­la­ción que pone la lupa, sobre todo, en los fondos de in­ver­sión de riesgo; los co­no­cidos como ‘hedge funds’ y que son ajenos al es­tricto marco legal de los ban­cos.

Pero mien­tras sigan exis­tiendo países y te­rri­to­rios en los que prima el si­lencio de sus ban­cos, no será po­sible poner fin a la lacra de la co­rrup­ción, que con­ti­nuará siendo el búnker de aque­llos que re­fu­gian sus ca­pi­tales y evaden im­puestos con el con­sen­ti­miento de di­chos paí­ses.

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