Aumentan en Cuba los negocios privados gastronómicos

LA HABANA.- Unos 3.600 restaurantes, cafeterías y otros negocios gastronómicos son ya privados en Cuba de 12.988 de ese tipo en el país y el proceso continuará, aunque el Estado aplicará un control más riguroso, según "actualización" oficial.

    Sobre los locales que ocuparán los negocios no estatales en esa rama "tanto para los trabajadores por cuenta propia como para las cooperativas no agropecuarias, el régimen establecido será el de arrendamiento, pues se mantiene invariable la propiedad del Estado sobre los principales medios de producción" aclaró Ada Chávez Oviedo, viceministra de Comercio Interior en una entrevista con la prensa oficial. No obstante, agregó que "los equipos, útiles y herramientas" que usen esos nuevos negocios "podrán alquilarse o venderse".
    Los cambios que aplica el gobierno cubano desde 2008 permitieron hasta ahora la ampliación del número de privados o "trabajadores por cuenta propia", según nomenclatura oficial, a más de 470.000 en 201 oficios de servicios y la aprobación de unas 500 cooperativas urbanas, administradas por accionistas, muchas dedicadas a la gastronomía. 

La viceministra subrayó que tras una actualización de los reglamentos, "corresponde a los órganos y entidades nacionales (estatales) aprobar las tarifas de arrendamiento" de los locales en los que se monten los negocios, las cuales, aseguró, "no responderán a criterios arbitrarios, sino que tendrán en cuenta las dimensiones del local y su ubicación, entre otros aspectos".
    Se aplicará sobre los negocios no estatales, además, un sistema de control permanente que diseñará el Ministerio de Comercio Interior, explicó al diario oficial Granma Chávez Oviedo. 

 Según la viceministra el "nuevo modelo de gestión" gastronómica no estatal se apoya en un reglamento que "norma su desempeño", los tipos de servicios a prestar y "las obligaciones asumidas en el contrato de arrendamiento".
    Más específicamente expuso que el contrato que firme el Estado con los "cuentapropistas" y cooperativistas tendrá una duración de hasta diez años, prorrogables por acuerdo entre las partes".
    El documento será una "herramienta legal imprescindible para determinar, incluso desde el proceso de negociación, los intereses del nuevo establecimiento y sus responsabilidades insoslayables. En caso de incumplimiento de los compromisos se rescinde el contrato", subrayó.
    Chávez Oviedo explicó que "no pocas unidades de comercio adolecen de buenas prácticas y en algunas persisten ilegalidades, más allá de las quejas de la ciudadanía o de las inspecciones estatales. Por ello, los cambios también apuntan hacia la modificación de estas tendencias nocivas".
    Informó que hasta el momento en los 3.570 no estatales en el área trabajan ya unos 11.270 trabajadores. 

 La viceministra reconoció que en los negocios ya traspasados al sector privado "se han reanimado las instalaciones gastronómicas y los trabajadores han aumentado los ingresos, aunque se aprecia una tendencia creciente de los precios de algunos productos". Sobre los precios explicó que estos "se determinarán mediante oferta y demanda, a excepción de los que se decidan centralmente" por el Estado.