BUENOS AIRES.- Concluye hoy el año y con él para Argentina la cláusula de la
reestructuración de la deuda, pero no así el litigio que enfrenta con
los fondos buitre que entra en 2015 en una nueva etapa.
Esa disposición contractual, más conocida por sus siglas en inglés RUFO
(Rights Upon Future Offers), impide que el país haga cualquier oferta
mejor a tenedores de bonos de deuda que la aceptada en los canjes de
2005 y 2010 por el 92,4 por ciento de sus acreedores.
Sin la RUFO -opinan algunos analistas- Argentina podría llegar a un trato con los bonistas litigantes.
Pero a la luz del conflicto por la intransigencia de los fondos buitre, apoyados por el Poder Judicial de Estados Unidos, y la postura del gobierno argentino de defender a toda costa su soberanía financiera, no parece, al menos por ahora, que se vislumbre un pronto arreglo con esos financistas.
"Argentina siempre ha estado abierta al diálogo", afirmó la embajadora argentina en Washington, Cecilia Nahón, al referirse a la extensa disputa entre su país y un pequeño número de grupos usureros.
La expiración de la RUFO podría allanar el terreno hacia una negociación, pero no garantiza la inminente apertura de un canal de diálogo, señala en su edición de cierre anual el diario Página 12.
El equipo económico exige que cualquier conversación se lleve a cabo con el 7,6 por ciento de los fondos buitre y grupos financieros que no ingresaron a los canjes de 2005 y 2010.
"Hay una oferta sobre la mesa para sumarse al otro 92,4 por ciento de los tenedores de bonos con un 300 por ciento de beneficio", explicó Nahón a la cadena NBC al referirse a la propuesta realizada a lo largo de los últimos meses por el Gobierno para acordar con los buitres bajo los mismos términos ofrecidos en la reestructuración.
"Los buitres están buscando un beneficio exorbitante del 1.600 por ciento que no sólo es injusto, sino también pone en riesgo cualquier reestructuración de deuda en el mundo", advirtió la embajadora.
En un éxito de su política exterior, Argentina logró con el apoyo del Grupo de los 77 más China la aprobación en la ONU para crear una convención internacional destinada precisamente a proteger esos procesos de canje.
"La ONU comprendió que el problema de la deuda no es una cuestión argentina, sino de todos", manifestó el canciller Héctor Timerman en entrevista con Página 12, al evaluar la decisión de establecer ese marco legal pese a la oposición de los países acreedores más poderosos.
El comité encargado de redactar ese instrumento comenzará su trabajo en febrero para que el texto esté listo para la Asamblea General en 2015.
Mientras, el Poder Judicial norteamericano le da nuevas armas a los fondos especuladores para su ataque usurero, y en días recientes la Corte de Apelaciones de Nueva York falló a favor de que esos grupos puedan exigir a los bancos información sobre el estado de cuentas y bienes de Argentina en ellos.
Esas y otras maniobras extorsivas atiborran el camino de obstáculos hacia un arreglo con el actual Ejecutivo argentino, y ya algunos de los buitres están apostando a ver si hay un cambio de Gobierno en las elecciones presidenciales de octubre de 2015.
Sin la RUFO -opinan algunos analistas- Argentina podría llegar a un trato con los bonistas litigantes.
Pero a la luz del conflicto por la intransigencia de los fondos buitre, apoyados por el Poder Judicial de Estados Unidos, y la postura del gobierno argentino de defender a toda costa su soberanía financiera, no parece, al menos por ahora, que se vislumbre un pronto arreglo con esos financistas.
"Argentina siempre ha estado abierta al diálogo", afirmó la embajadora argentina en Washington, Cecilia Nahón, al referirse a la extensa disputa entre su país y un pequeño número de grupos usureros.
La expiración de la RUFO podría allanar el terreno hacia una negociación, pero no garantiza la inminente apertura de un canal de diálogo, señala en su edición de cierre anual el diario Página 12.
El equipo económico exige que cualquier conversación se lleve a cabo con el 7,6 por ciento de los fondos buitre y grupos financieros que no ingresaron a los canjes de 2005 y 2010.
"Hay una oferta sobre la mesa para sumarse al otro 92,4 por ciento de los tenedores de bonos con un 300 por ciento de beneficio", explicó Nahón a la cadena NBC al referirse a la propuesta realizada a lo largo de los últimos meses por el Gobierno para acordar con los buitres bajo los mismos términos ofrecidos en la reestructuración.
"Los buitres están buscando un beneficio exorbitante del 1.600 por ciento que no sólo es injusto, sino también pone en riesgo cualquier reestructuración de deuda en el mundo", advirtió la embajadora.
En un éxito de su política exterior, Argentina logró con el apoyo del Grupo de los 77 más China la aprobación en la ONU para crear una convención internacional destinada precisamente a proteger esos procesos de canje.
"La ONU comprendió que el problema de la deuda no es una cuestión argentina, sino de todos", manifestó el canciller Héctor Timerman en entrevista con Página 12, al evaluar la decisión de establecer ese marco legal pese a la oposición de los países acreedores más poderosos.
El comité encargado de redactar ese instrumento comenzará su trabajo en febrero para que el texto esté listo para la Asamblea General en 2015.
Mientras, el Poder Judicial norteamericano le da nuevas armas a los fondos especuladores para su ataque usurero, y en días recientes la Corte de Apelaciones de Nueva York falló a favor de que esos grupos puedan exigir a los bancos información sobre el estado de cuentas y bienes de Argentina en ellos.
Esas y otras maniobras extorsivas atiborran el camino de obstáculos hacia un arreglo con el actual Ejecutivo argentino, y ya algunos de los buitres están apostando a ver si hay un cambio de Gobierno en las elecciones presidenciales de octubre de 2015.
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