PARÍS.- François Hollande tiene aproximadamente
cien días para ofrecer las reformas que han eludido anteriores
mandatarios franceses después de que la Comisión Europea pusiera plazos
para las barreras al crecimiento en la segunda mayor economía de la
eurozona.
Si no se realizan cambios antes de marzo de 2015, el comisario
económico Pierre Moscovici - ministro francés de Economía hasta hace
ocho meses - podría imponer sanciones como una multa de hasta 4.200
millones de euros. Eso sería humillante políticamente para Francia,
miembro clave y fundador de la UE.
La Comisión dicen que juzgará a Francia teniendo en cuenta su presupuesto para 2015, que está previsto esté finalizado a finales de este mes, y si consigue lanzar una nueva oleada de reformas prometidas en una carta del 21 de noviembre al presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker.
"Las cosas tienen que avanzar de aquí a marzo. Si no lo hacen, la Comisión no dudará en asumir sus responsabilidades", advirtió Moscovici a su exjefe la semana pasada.
La pieza central de los esfuerzos franceses es la "Ley sobre el Crecimiento y la Actividad" que presentará el 10 de diciembre el ministro de Economía Emmanuel Macron, que también ha encargado a sindicatos y empresarios que vayan más allá de las modestas reformas de la legislación laboral que acordaron en enero de 2013.
El desempleo francés sigue por encima del 10 por ciento y alcanzó un récord de 3,46 millones en octubre tras el estancamiento de la economía en la primera mitad.
El Gobierno de Hollande, que argumenta que la debilidad de la economía supone que sólo podrá colocar su déficit dentro de los límites de la UE en 2017, no ha detallado qué impacto tendrían las nuevas medidas, pero prometió que sería "en los próximos meses".
Aunque los sondeos muestran que la mayoría de los franceses aceptan ahora que son necesarios cambios para preservar su modelo social, Macron debe encarar la resistencia de una amplia variedad de grupos de interés si su ley no queda vacía de contenido en su camino parlamentario.
Una medida desregulará profesiones cerradas como la de los notarios, mientras que otra abrirá las líneas de autobús de larga distancia a la libre competencia.
Otro objetivo diferente, el de simplificar los complejos procedimientos en los tribunales de trabajo, trata de acabar con algo que muchas firmas francesas consideran que desincentiva contratar a personal por primera vez.
Pero incluso la asociación empresarial Medef insistió la semana pasada en que no deberían precipitarse. Algunos sindicatos argumentan que la ley es venderse al lobby de los empresarios.
La Comisión dicen que juzgará a Francia teniendo en cuenta su presupuesto para 2015, que está previsto esté finalizado a finales de este mes, y si consigue lanzar una nueva oleada de reformas prometidas en una carta del 21 de noviembre al presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker.
"Las cosas tienen que avanzar de aquí a marzo. Si no lo hacen, la Comisión no dudará en asumir sus responsabilidades", advirtió Moscovici a su exjefe la semana pasada.
La pieza central de los esfuerzos franceses es la "Ley sobre el Crecimiento y la Actividad" que presentará el 10 de diciembre el ministro de Economía Emmanuel Macron, que también ha encargado a sindicatos y empresarios que vayan más allá de las modestas reformas de la legislación laboral que acordaron en enero de 2013.
El desempleo francés sigue por encima del 10 por ciento y alcanzó un récord de 3,46 millones en octubre tras el estancamiento de la economía en la primera mitad.
El Gobierno de Hollande, que argumenta que la debilidad de la economía supone que sólo podrá colocar su déficit dentro de los límites de la UE en 2017, no ha detallado qué impacto tendrían las nuevas medidas, pero prometió que sería "en los próximos meses".
Aunque los sondeos muestran que la mayoría de los franceses aceptan ahora que son necesarios cambios para preservar su modelo social, Macron debe encarar la resistencia de una amplia variedad de grupos de interés si su ley no queda vacía de contenido en su camino parlamentario.
Una medida desregulará profesiones cerradas como la de los notarios, mientras que otra abrirá las líneas de autobús de larga distancia a la libre competencia.
Otro objetivo diferente, el de simplificar los complejos procedimientos en los tribunales de trabajo, trata de acabar con algo que muchas firmas francesas consideran que desincentiva contratar a personal por primera vez.
Pero incluso la asociación empresarial Medef insistió la semana pasada en que no deberían precipitarse. Algunos sindicatos argumentan que la ley es venderse al lobby de los empresarios.
No hay comentarios:
Publicar un comentario