NUEVA YORK.- La Segunda Comisión de Naciones Unidas aprobó hoy un proyecto de
resolución que establece mecanismos destinados a regular los procesos de
reestructuración de la deuda soberana.
Destaca en la iniciativa la creación de un comité especial para
discutir las modalidades de las negociaciones de reestructuración en
2015, en aras de aumentar la eficiencia, la estabilidad y la
previsibilidad del sistema financiero internacional, así como lograr un
crecimiento económico sostenido, inclusivo y equitativo.
La Comisión de la Asamblea General que se encarga de los asuntos económicos y financieros adoptó el proyecto gracias al respaldo de más de dos tercios de sus integrantes, mientras 16 países lo rechazaron, en su inmensa mayoría del Primer Mundo.
El Grupo de los 77 más China, bloque de 134 naciones del Sur, presentó el borrador de la resolución, el cual deberá recibir en los próximos días el apoyo de la Asamblea para su entrada en vigor.
Según el texto, el Comité propondrá un marco jurídico multilateral para los procesos de reestructuración de la deuda antes de septiembre de 2015, cuando concluye el 69 período de sesiones del principal órgano de la ONU, en el cual están representados en igualdad de condiciones sus 193 estados miembros.
Asimismo, solicita al Presidente de la Asamblea General que adopte las disposiciones organizativas necesarias para asegurar que el comité especial concluya su labor oportunamente y nombre a dos copresidentes.
La cuestión de la reestructuración cobró fuerza en los últimos meses por el enfrentamiento de Argentina con compradores de títulos de deuda respaldados por una decisión del Poder Judicial estadounidense.
Según el dictamen del juez norteamericano Thomas Griesa sobre los llamados fondos buitre, el país sudamericano debería pagar a los dueños de los documentos de deuda, adquiridos a precios irrisorios, el 1.600 por ciento de lo abonado, representando casi la bancarrota de todo una nación.
En ese contexto, la Asamblea General aprobó el 9 de septiembre una iniciativa, también promovida por el G-77, para regular los procesos de reestructuración de la deuda soberana, instrumento considerado un golpe a la codicia y la especulación.
Después de la votación de hoy en la Segunda Comisión, el embajador boliviano, Sacha Llorenti, calificó de histórica la posibilidad de crear un comité encargado de darle forma a los procesos en un marco jurídico.
"No puede ser que por encima de los intereses de la humanidad estén los intereses especulativos de algunos que quieren aprovecharse a toda costa, y enriquecerse aún a pesar del subdesarrollo de nuestros pueblos", afirmó el diplomático de Bolivia, que preside este año el G-77.
Por su parte, la embajadora argentina, María Cristina Perceval, destacó la decisión, que dota a la Asamblea General de la capacidad de debatir la agenda económica y los asuntos financieros que afectan a los estados soberanos.
Además, permite encarar a nivel regional y global obstáculos tangibles para avanzar hacia algo que todos hemos acordado, que nos merecemos y queremos, como son los Objetivos de Desarrollo Sustentable, sentenció.
La Comisión de la Asamblea General que se encarga de los asuntos económicos y financieros adoptó el proyecto gracias al respaldo de más de dos tercios de sus integrantes, mientras 16 países lo rechazaron, en su inmensa mayoría del Primer Mundo.
El Grupo de los 77 más China, bloque de 134 naciones del Sur, presentó el borrador de la resolución, el cual deberá recibir en los próximos días el apoyo de la Asamblea para su entrada en vigor.
Según el texto, el Comité propondrá un marco jurídico multilateral para los procesos de reestructuración de la deuda antes de septiembre de 2015, cuando concluye el 69 período de sesiones del principal órgano de la ONU, en el cual están representados en igualdad de condiciones sus 193 estados miembros.
Asimismo, solicita al Presidente de la Asamblea General que adopte las disposiciones organizativas necesarias para asegurar que el comité especial concluya su labor oportunamente y nombre a dos copresidentes.
La cuestión de la reestructuración cobró fuerza en los últimos meses por el enfrentamiento de Argentina con compradores de títulos de deuda respaldados por una decisión del Poder Judicial estadounidense.
Según el dictamen del juez norteamericano Thomas Griesa sobre los llamados fondos buitre, el país sudamericano debería pagar a los dueños de los documentos de deuda, adquiridos a precios irrisorios, el 1.600 por ciento de lo abonado, representando casi la bancarrota de todo una nación.
En ese contexto, la Asamblea General aprobó el 9 de septiembre una iniciativa, también promovida por el G-77, para regular los procesos de reestructuración de la deuda soberana, instrumento considerado un golpe a la codicia y la especulación.
Después de la votación de hoy en la Segunda Comisión, el embajador boliviano, Sacha Llorenti, calificó de histórica la posibilidad de crear un comité encargado de darle forma a los procesos en un marco jurídico.
"No puede ser que por encima de los intereses de la humanidad estén los intereses especulativos de algunos que quieren aprovecharse a toda costa, y enriquecerse aún a pesar del subdesarrollo de nuestros pueblos", afirmó el diplomático de Bolivia, que preside este año el G-77.
Por su parte, la embajadora argentina, María Cristina Perceval, destacó la decisión, que dota a la Asamblea General de la capacidad de debatir la agenda económica y los asuntos financieros que afectan a los estados soberanos.
Además, permite encarar a nivel regional y global obstáculos tangibles para avanzar hacia algo que todos hemos acordado, que nos merecemos y queremos, como son los Objetivos de Desarrollo Sustentable, sentenció.
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