BRUSELAS.- España y otros 10 países -entre
los que se encuentran Francia, Alemania e Italia- han constatado en el
Ecofin de este martes el fracaso en su objetivo que se habían fijado de
lograr un acuerdo sobre la tasa a las transacciones financieras este año
debido a las diferencias sobre cómo gravar los derivados. Ello
dificulta que el nuevo impuesto pueda empezar a aplicarse en 2016, tal y
como estaba previsto.
"Continuamos comprometidos a seguir trabajando duro y encontrar
soluciones concretas para un primera fase de la tasa, aunque
probablemente no será para finales de este año, sino para principios del
siguiente", ha anunciado en un debate público el ministro de Finanzas
francés, Michel Sapin, que ha actuado como portavoz de los 11 países.
Sapin ha dicho que un acuerdo es "importante no sólo porque se
trata de una herramienta para combatir la especulación, sino porque
sería una señal muy positiva para el trabajo futuro sobre la
armonización fiscal en Europa".
Por su parte, el ministro español de Economía, Luis de Guindos, ha
explicado que hay dos cuestiones en las que ya se ha alcanzado un
compromiso. En primer lugar, el gravamen se aplicará según el principio
de emisión "matizado por la residencia".
"Eso le viene bien a los países
grandes pero después se compensa a los países pequeños", ha señalado.
El segundo punto en el que hay acuerdo entre los 11 países es que,
durante la primera fase, la tasa gravará la compraventa de acciones
cotizadas en el mercado al contado.
"Donde nos encontramos con atascos es en el mercado de derivados",
ha admitido Guindos. "Había líneas rojas de muchos países, con muchas
limitaciones, y encontrar un mínimo común denominador era prácticamente
imposible", ha explicado.
Según la propuesta de Bruselas, la tasa gravará con un 0,1% las
transacciones de acciones y bonos y con un 0,01% las de derivados.
Bruselas calcula que la tasa aplicada en 11 países permitiría
recaudar, si se gravan todos los instrumentos, entre 30.000 y 35.000
millones de euros al año, de los cuales alrededor de 5.000 millones en
España. El objetivo de esta iniciativa es reducir las operaciones
especulativas y hacer que la banca contribuya de forma equitativa a los
ingresos públicos.
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