sábado, 8 de febrero de 2014

Obama amenaza con usar su poder ejecutivo si frenan su agenda económica


WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, amenazó hoy con usar su poder ejecutivo si los legisladores del país ponen más obstáculos a sus planes para crear puestos de trabajo y reducir la creciente desigualdad socioeconómica del país. 

 "Quiero trabajar con el Congreso siempre que pueda. Pero en este año de acción, siempre que pueda dar pasos para ampliar las oportunidades para las familias, lo haré. Tengo un bolígrafo y un teléfono: un bolígrafo para tomar medidas ejecutivas y un teléfono para conseguir el apoyo de los ciudadanos y los líderes empresariales", dijo en su habitual alocución sabatina.

Según el mandatario demócrata, hay millones de personas en Estados Unidos que están cansadas de las manidas discusiones políticas y desean hacer avanzar al país.

Recordó que su agenda económica busca "crear empleos, capacitar a los trabajadores, garantizar total acceso a la educación primaria y buenos salarios".

"En mi mensaje del Estado de la Unión yo hablé de la idea de oportunidades para todos (...) que no importa quien eres o cómo creciste, y que con trabajo duro y responsabilidad, puedes salir adelante", indicó Obama.

A finales del año pasado, el gobernante reconoció la inequidad existente en el país más rico del mundo y donde millones de trabajadores devengan sueldos que no les permiten cubrir sus necesidades básicas.

Sin embargo, la oposición republicana siempre bloquea cualquier propuesta demócrata destinada a reducir las brechas socioecónomicas.

 Límite de endeudamiento

El Gobierno del presidente Barack Obama ha advertido esta madrugada al Congreso de Estados Unidos que podría comenzar a incumplir los pagos de sus deudas poco después del 27 de febrero si los legisladores no aumentan el límite de endeudamiento de la administración federal.
   En una carta dirigida a los líderes del Congreso, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Jack Lew, ha dicho que las medidas de contabilidad que buscan evitar una suspensión de pagos sólo lograrían una aumentar el plazo en unas tres semanas.
   El Ejecutivo anticipa que para el 27 de febrero, cuando se agoten las medidas de contabilidad, tendrá apenas 50.000 millones de dólares en efectivo y deberá depender de ellos y los ingresos que reciba para pagar sus cuentas.
   "El dinero no duraría mucho tiempo", ha añadido Lew, que insiste en que, de esta forma, sería "imposible para Estados Unidos cumplir con todas sus obligaciones".
 "Cualquier balance de efectivo previsible se agotaría rápidamente", ha apostillado.
   En Estados Unidos, el Congreso y el presidente autorizan gastos, pero deben aprobar por separado el suficiente endeudamiento para pagar sus cuentas, que incluyen desde las pensiones de programas de seguridad social a pagos de intereses de la deuda del gobierno federal.
   Desde el 2011, los legisladores se han mostrado contrarios a aumentar el límite de endeudamiento, en medio de un debate en Washington sobre la salud fiscal a largo plazo del Gobierno, con demócratas y republicanos enfrentados sobre la necesidad de aumentar los impuestos o aplicar recortes al gasto.
   En su carta, Lew ha incidido en que la incertidumbre en torno al tamaño de las devoluciones de impuestos hacen difícil saber exactamente cuánto dinero quedará en las arcas del Estado a fin de mes. "Pido respetuosamente al Congreso que actúe con la mayor rapidez posible para elevar el límite de la deuda", ha sentenciado.

La semana petrolera con altibajos y atenta a la demanda

LONDRES.- Los altibajos caracterizaron al mercado petrolero en la semana que concluye hoy, durante la cual los inversores estuvieron muy atentos al comportamiento de la demanda. La divulgación de datos menos favorables sobre el comportamiento económico de varios de los principales consumidores del orbe exacerbó la preocupación por una posible desaceleración del crecimiento global, explicaron expertos.

Un informe especializado mostró que las reservas de crudo en Cushing, Estados Unidos, cayeron 1,6 millones de barriles la semana pasada y que los inventarios de destilados, que incluyen al combustible para calefacción, bajaron 1,5 millones.

Inversores apuntaron que las exportaciones del yacimiento de El Sharara, en Libia, se reanudaron.

Pese al reciente incremento, remarcaron, las protestas y la agitación en Libia han mantenido más de la mitad del bombeo del país fuera del mercado, al tiempo que continúa un bloqueo de seis meses en los puertos orientales de dicha nación.

Por otra parte, las refinerías europeas redujeron los volúmenes de procesamiento y Buzzard, el mayor campo petrolero de Reino Unido, estará sometido a nueve semanas de mantenimiento en 2014, en lugar de las dos que proyectaban los operadores.

Bajo esas condiciones, el contrato Brent, de referencia en Europa, cerró la víspera con un alza de 2,38 dólares, al cotizarse a 109,57 dólares el barril, su nivel máximo desde el 2 de enero.

El estadounidense West Texas Intermediate terminó a 99,88 unidades el tonel, pero llegó a superar la barrera de los 100, impulsado por la debilidad del dólar y perspectivas de mayor demanda.

Expectativas de mayor demanda favorecen el mercado de metales

LONDRES.- El cobre y el oro, dos de los metales de referencia en la Bolsa de Londres, terminaron la semana al alza impulsados por expectativas de un incremento de la demanda. En el caso del cobre, sobresalió el hecho de que los mercados en China, el principal consumidor mundial de ese producto, reabrieron el viernes después de varios días de fiestas por el Año Nuevo Lunar.
Según expertos, los datos que mostraron una baja renovación de las existencias, plantearon preocupaciones sobre la disponibilidad inmediata y dieron respaldo a los valores.

Las cifras evidenciaron que las existencias en depósitos registrados en la Bolsa londinense están en su nivel más bajo en más de un año, en 308.025 toneladas. Además, el esperado informe sobre el comportamiento laboral en Estados Unidos durante el mes de enero no tuvo un impacto significativo en los precios.

En dicho entorno, el cobre registró la víspera su mayor avance semanal en lo que va de 2014 y se vendió a 7.141 dólares la tonelada.

Esta semana ganó uno por ciento, pero en el año ha perdido tres puntos.

Por su parte, el oro subió el viernes tras la divulgación de los datos que mostraron una disminución en enero de la creación de empleos en Estados Unidos.

La cifra fue interpretada como una señal de debilidad económica y de que la Reserva Federal podría mantener su actual nivel de estímulo monetario y no continuar con las reducciones progresivas del mismo.

El metal terminó con una subida de casi dos por ciento y registró su mayor ganancia semanal en más de un mes al cotizarse a 1.271 dólares la onza, favorecido por los pedidos de activos de refugio.

Rusia, comprometida al pago del segundo tramo de ayuda a Ucrania

MOSCÚ.- Rusia reafirmó su promesa de dar a Ucrania un segundo tramo de un préstamo de 15.000 millones de dólares, pero todavía no ha desembolsado la suma a la espera de recibir un pago de 2.700 millones de dólares por una deuda de gas, dijo el sábado el ministro ruso de Finanzas.

"Cumpliremos lo que hemos prometido a Ucrania, pero nos gustaría que la parte ucraniana cumpliese las obligaciones a las que se ha comprometido", dijo Anton Siluanov a periodistas.
La deuda de gas vencía en enero, pero Ucrania no pagó, dijo.

El Banco central de China dice que mantendrá una política monetaria estable

PEKÍN.- El banco central de China reiteró su postura de mantener una política monetaria estable este año y de comprometerse a contener los riesgos en el crédito, destacando que la economía aún debe encontrar una base estable para el crecimiento.

En su informe trimestral de política monetaria, divulgado el sábado, el Banco Popular de China señaló además que reforzaría la supervisión del crédito en áreas de riesgo, como la propiedad y de las industrias que lidian con sobrecapacidad.

EE.UU. descarta un rescate financiero de Puerto Rico por una deuda de 70.000 millones de dólares


WASHINGTON.- El departamento del Tesoro de Estados Unidos descartó un eventual rescate financiero de Puerto Rico, que padece una aguzada crisis económica y un endeudamiento de cerca de 70.000 millones de dólares. 

La agencia de calificación Standard & Poor's decidió el martes degradar la calificación que ostenta el denominado Estado Libre Asociado, respecto a la solvencia de la deuda soberana, y le otorgó una nota de BB+, lo que equivale a colocarla en la categoría de bono basura.

La rebaja refleja las dificultades de la isla para acceder a liquidez en el mercado de capitales, lo que encarecía el dinero que pide prestado para poder financiar su deuda, explicó la firma.

Sin embargo, la administración del presidente Barack Obama dejó claro que baraja otros recursos para aliviar la situación financiera de la isla, pero no de manera directa, al igual que ocurre con la ciudad de Detroit.

La urbe, opaco símbolo de la industria automovilística, es la octava ciudad estadounidense declarada en bancarrota desde 2012, tras iniciar un declive en los años noventa del pasado siglo, reforzado por la crisis financiera desatada en 2008.

La llamada capital del motor se declaró en quiebra en agosto pasado, con una deuda récord de 18.500 millones de dólares, que ha llevado a la suspensión de protecciones constitucionales que aseguran las pensiones a trabajadores y jubilados, entre otros aspectos.

La crisis económica y financiera que atraviesa Puerto Rico puede convertirla en la Grecia del Caribe, vaticinó recientemente un artículo publicado en el sitio digital canadiense Global Research.

La isla caribeña enfrenta una deuda de más de 70.000 millones de dólares y una tasa de desempleo cercano al 15 por ciento, factores que provocan una creciente emigración hacia territorio continental de Estados Unidos.

Al igual que Grecia, la economía puertorriqueña carece de competitividad y está atada a la moneda de un país rico, en este caso el dólar norteamericano, lo cual hace temer que la llamada Isla del Encanto caiga en una situación caótica que provoque un éxodo de los inversionistas externos.

El artículo suscrito por el investigador Timothy Alexander Guzmán añadió que mayores recortes a las pensiones públicas y el incremento de los impuestos a todos los niveles, son algunas de las posibles opciones que valora el gobierno puertorriqueño.

Según el texto de Global Research, estas y otras medidas de austeridad hacen de Puerto Rico "un barril de pólvora a punto de estallar en el corazón del Caribe", lo que tendrá consecuencias negativas para los mercados en la región, especialmente en Estados Unidos.

Esto puede provocar revueltas populares cuando la población se percate que sus capacidades económicas son sacrificadas por las autoridades locales con el apoyo de Washington para cumplir las obligaciones financieras, argumentó.

También Moody´s

La situación financiera de Puerto Rico sufrió hoy otro duro revés cuando la casa crediticia Moody's degradó a chatarra los bonos del gobierno, dos días después de que lo hiciera Standard & Poor's. La acción de Moody's Investors Service coloca contra la pared a esta isla del Caribe, un Estado Libre Asociado (ELA) de Estados Unidos, que ya ha advertido que no vendrá en su auxilio ante la deuda pública que enfrenta superior a los 70.000 millones de dólares.

La casa crediticia clasificó de Baa3, el punto más bajo en el grado de inversión; a Ba2, alto riesgo, las Obligaciones Generales del Gobierno puertorriqueño, lo que tiene como efecto limitar la emisión de bonos o hacerlo pagando altos intereses.

De inmediato, el gobernador Alejandro García Padilla afirmó que la determinación tiene un basamento incorrecto, además de ser inconsistente con las expresiones de la propia firma al reconocer las acciones de su administración para atender la situación económica y fiscal en la que se recibió el gobierno.

Al moverse en consonancia con Standard & Poor's (S&P), Moody's complica aún más el escenario financiero de la isla cuando el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) buscaba contener los pagos obligatorios una vez los bonos se reconsideran de alto riesgo, además de buscar liquidez mediante nuevas emisiones.

La deuda pública nacional, superior a los 70.000 millones de dólares, equivale al 93 por ciento del Producto Interno Bruto /PIB), en momentos en que el país tiene una tasa oficial de desocupación que ronda al 15 por ciento, que duplica la estadounidense.

García Padilla recordó que desde que asumió la gobernación el 2 de enero de 2013, su administración ha cumplido con todos los requerimientos planteados en los informes de Moody's, S&P y las otras casas crediticias de Wall Street.

"Estamos en desacuerdo tanto con su evaluación como con sus conclusiones y así se lo estamos expresando", manifestó en declaraciones escritas.

Moody's degradó en diciembre de 2012 los bonos de obligaciones generales del ELA con una perspectiva negativa, después que el anexionista Partido Nuevo Progresista (PNP), con el entonces gobernador Luis G. Fortuño a la cabeza, perdió las elecciones generales.

En esa oportunidad estableció que para mejorar la posición crediticia el país debía reformar los Sistemas de Retiro, obtener un repunte económico que se tradujera en mayores recaudos para el erario, un control de gastos y aumento en ingresos para balancear el presupuesto y eliminar el déficit.

García Padilla refirió que su administración atendió las exigencias de los prestamistas, por lo que en las reuniones que sostuvieron en Nueva York hace una semana "pudieron evidenciar de primera mano el cumplimiento completo y absoluto de los criterios impuestos".

Los requisitos de liquidez, acciones legislativas, y desempeño económico y presupuestario han sido inequívocamente sobrepasados, reclamó el gobernante al mostrar su disgusto con la acción de S&P y de Moody's.

Acusó a la casa crediticia Moody's de abandonar su rol fundamental de proveer a sus clientes un análisis sin prejuicios y se ha enfrascado en un juego de percepción con sus competidores.

Mientras, el presidente del PNP, Pedro Pierluisi, propuso declarar una emergencia fiscal en el país, tras la degradación del crédito de la isla.

"Es apropiado declarar una emergencia fiscal que justifique la implantación de un nuevo sistema contributivo a tono con las circunstancias actuales", dijo Pierluisi, delegado electo de Puerto Rico en la Cámara de Representantes federal, donde no tiene derecho a voto.

Añadió que se deben revertir los nuevos impuestos que encarecen los costos de hacer negocios en Puerto Rico y reformular las tasas contributivas de las corporaciones para distribuir mejor la carga de una forma más justa y razonable entre las empresas exentas y las no-exentas.

El consorcio de Sacyr busca un acuerdo por las obras del Canal de Panamá

CIUDAD DE PANAMÁ.- Las partes involucradas en una disputa sobre unos multimillonarios sobrecostes de obras en la ampliación del Canal de Panamá presentaron propuestas esta madrugada para tratar de resolver el conflicto, que detuvo parte de los trabajos en la vía acuática esta semana después del fracaso de las negociaciones.

La disputa se centra en quién va a absorber los 1.600 millones de dólares de sobrecostos que ha tenido la obra y en la petición del consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC), para que la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) aplace la devolución de anticipos por 784 millones de dólares hasta que se resuelvan las reclamaciones de sobrecostes.
La propuesta que la ACP presentó en la tarde del viernes incluye extender el plazo de la devolución del anticipo que entregó a GUPC, liderado por el grupo constructor y de servicios español Sacyr, en la medida en que el consorcio cumpla con las fechas de entrega.
La ACP dijo también que "la propuesta no aumenta el precio contratado ni la aceptación de reclamaciones algunas, las cuales deben seguir el proceso del Contrato; también se fundamenta en que las partes aportarían recursos financieros para que se reinicien los trabajos a la mayor brevedad posible", pero no dio más detalles.
Por su parte, GUPC había dicho el viernes que había realizado una nueva propuesta a la ACP, pero no dio detalles y aseguró que continuaba buscando un acuerdo de financiación para reanudar los trabajos de la ampliación del Canal, una de las grandes rutas comerciales del mundo.
"Un acuerdo es la única solución que permite la continuación inmediata de las obras y la terminación temprana y más eficiente del proyecto en beneficio de la ACP y Panamá", dijo GUPC.
Actualmente, los trabajos en el tercer juego de esclusas del Canal de Panamá están suspendidos, añadió el GUPC para destacar que también están en el aire también las nóminas de 10.000 trabajadores.
El jefe de la ACP, Jorge Quijano, dijo el jueves por la noche en Panamá que el organismo estaba dispuesto a poner fin al contrato con el consorcio de no llegar a un acuerdo rápido.
Quijano añadió que ha mantenido conversaciones con otras empresas sobre el trabajo pendiente en la expansión, pero se negó a nombrarlas.
Un funcionario familiarizado con el proceso dijo que si no se llega a un acuerdo en "cuestión de días", la ACP podría pedir a la aseguradora Zurich North America terminar el contrato con el GUPC, cuyo otro socio de referencia es la italiana Salini Impregilo.


Panamá se dispone a asumir obras 

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) se dispone a reanudar las obras de ampliación de la vía interoceánica por su propia cuenta y riesgo con el fin de terminarlas a finales de 2015.
"La ACP contempla la retoma de las obras dentro de un máximo de 15 días", aseguró hoy una fuente que participó en la negociación por parte de esa entidad con el Grupo Unidos por el Canal (GUPC), el consorcio internacional adjudicatario de los trabajos de la ampliación de la vía, paralizados definitivamente esta semana por falta de fondos.
LA ACP y el GUPC se levantaron esta semana de la mesa de negociación, en la que también participaba la firma aseguradora de la concesión de las obras, Zurich, y en las últimas horas intercambiaron sendas propuestas en las que fijan sus respectivas posiciones finales.
Llegados a este punto, el primer objetivo de la ACP es "dejar claro ante la aseguradora Zurich que no se opone a un acuerdo, pero únicamente si se atiene a los establecido en el contrato" de adjudicación, señaló la misma fuente, que pidió mantener su anonimato.
"El GUPC, además, no va a poder aceptar las condiciones de la ACP en cuanto al aplazamiento del repago de unos 800 millones de dólares, que están asegurados mediante cartas de crédito bancarias", agregó.
La misma fuente aseguró que el único plan que la ACP contempla, además de que el GUPC cumpla con el contrato, es asumir por su cuenta las obras y reveló que la empresa estadounidense Bechtel se ha ofrecido a terminar la ampliación del canal, pero su oferta fue rechazada sin tener en cuenta siquiera las condiciones económicas.
"Bechtel se acercó a la ACP para ofrecer sus servicios y la respuesta negativa fue tajante, al extremo de que se le advirtió que no serían recibidos nuevamente", explicó.
El grupo constructor GUPC, formado por la empresa española Sacyr, la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña Constructora Urbana (CUSA), emitió públicamente el pasado viernes a través de los medios de comunicación una nota en la que expresaba su voluntad de llegar a un acuerdo con las autoridades panameñas.
El GUPC achacaba en ese comunicado la ruptura de las conversaciones a "la falta de un protocolo de negociación" y aprovechaba para establecer su posición en este conflicto.
Pocas horas mas tarde, la ACP contestó con otro escrito, también a través de los medios de comunicación, en el que anunciaba que había enviado al GUPC "una contrapropuesta que permite viabilizar la continuación del proyecto".
"La propuesta no aumenta el precio contratado ni la aceptación de reclamaciones algunas, las cuales deben seguir el proceso del contrato", explica la ACP.
La ACP "establece fechas específicas" para "la terminación de los trabajos" y "extendería el plazo de repago de los avances, en la medida que GUPC cumpla con las fechas de entrega exigidas", añade.
"Componente fundamental de la propuesta es el cumplimiento de varios hitos que el contratista debe alcanzar durante lo que resta del contrato", advierte el comunicado.
Paralelamente a este intercambio de comunicados, el Gobierno de EEUU instó el viernes a llegar a una "rápida resolución" de la disputa.
"Esperamos ver una rápida resolución de la actual interrupción de los trabajos", subrayó una portavoz del Departamento de Estado.
Estados Unidos es "el mayor usuario del Canal de Panamá" y la conclusión de su ampliación "es importante" para "su actividad comercial", agregó
Estados Unidos cedió en su totalidad la administración del canal a Panamá en 1999 con una cláusula en la que se arrogaba el derecho a intervenir en caso de que el funcionamiento de la vía fuera amenazado o estuviera en peligro.
El pasado diciembre, el GUPC reclamó 1.600 millones de dólares de sobrecostes al precio con el que en 2009 ganó la licitación para hacer la obra de ampliación del canal, 3.118 millones de dólares, el más bajo entre los entonces competidores.
La conclusión de las obras está asegurada por una cantidad máxima de 600 millones de dólares con la firma Zurich, que solo está dispuesta desembolsar esa cantidad de acuerdo a las condiciones establecidas en el contrato de adjudicación.
Esa reclamación desembocó en una mesa de negociación se rompió esta semana, lo que supuso la paralización total de las obras, que están concluidas en alrededor de un 70 por ciento.
La paralización de las obras ha afectado a unos 10.000 trabajadores a los que las autoridades panameñas han garantizado sus sueldos y que volverán a ser contratados en cuanto se reanuden los trabajos de construcción.

EEUU pide una rápida reanudación de las obras en el Canal de Panamá

WASHINGTON.- El Gobierno de EEUU instó al Consorcio Grupos Unidos por el Canal (GUPC) y la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) a llegar a una "rápida resolución" de la disputa que ha provocado la interrupción de las obras de ampliación del Canal, para garantizar una "reanudación completa" de los trabajos.

Una portavoz del Departamento de Estado aseguró que el Gobierno estadounidense ha estado "siguiendo de cerca los acontecimientos en la disputa sobre sobrecostes" entre la ACP y el GUPC, liderado por la constructora española Sacyr y la italiana Impregilo.
"Esperamos ver una rápida resolución de la actual interrupción de los trabajos y la reanudación completa de la actividad en la ampliación del Canal", subrayó la portavoz, que pidió el anonimato.
EEUU tiene "un gran respeto por la profesionalidad de la Autoridad del Canal de Panamá y por su independencia, que está garantizada en la Constitución de Panamá", agregó.
La portavoz recordó que Estados Unidos es "el mayor usuario del Canal de Panamá, y muchos puertos en Estados Unidos están invirtiendo en mejoras de infraestructura con el fin de prepararse para responder a los buques de mayor tamaño que podrán transitar a través del nuevo juego de esclusas del Canal".
"Por tanto, una conclusión temprana de la ampliación del Canal es importante para esos puertos y para la actividad comercial de EEUU", indicó la fuente.
El Gobierno estadounidense había mantenido silencio hasta ahora respecto a la disputa que ha paralizado las obras de ampliación, pese a que en numerosas ocasiones ha expresado su enorme interés en el éxito del proyecto y a que el vicepresidente de EEUU, Joe Biden, visitó el pasado noviembre los trabajos en el Canal.
El entonces canciller panameño, Fernando Núñez Fábrega, señaló en noviembre que la ampliación del Canal "no beneficia tanto a Panamá como a EEUU", y que los puertos norteamericanos, "como Houston (Texas), como Nueva Orleans (Luisiana) y como Miami (Florida), han invertido más" que las autoridades panameñas en la ampliación del Canal.
La suspensión de las obras se dio a raíz de la falta de resolución de las numerosas reclamaciones que el Grupo Unidos por el Canal lleva presentando a la ACP desde casi el comienzo de la obra por sobrecostes que achaca a imprecisiones en el pliego del contrato y que cifra en un total de más de 1.600 millones de dólares.
La ACP y el consorcio no han logrado aún un acuerdo sobre un plan para reanudar las obras de construcción del tercer juego de esclusas de la vía acuática debido a que el GUPC asegura que los sobrecostes los han dejado sin flujo de caja.
Precisamente ayer, el GUPC anunció que había entregado a la ACP una nueva propuesta para llegar a un acuerdo de cofinanciación para terminar la obra, pero confirmó que por el momento los trabajos se mantienen suspendidos.
La Autoridad del Canal, la entidad autónoma que administra la vía acuática internacional, quiere concluir la construcción del tercer juego de esclusas de la vía para 2015.

La Alianza del Pacífico marcará un hito en la integración con la eliminación de los aranceles

CARTAGENA DE INDIAS.- La VIII Cumbre de la Alianza del Pacífico, que se celebrará el próximo lunes en la ciudad colombiana de Cartagena, marcará un hito en la integración regional con la firma del protocolo que desgravará el 92 % del comercio entre Chile, Colombia, México y Perú, dijeron hoy fuentes oficiales. 

Los viceministros de Relaciones Exteriores y de Comercio Exterior de los cuatro países, que forman el Grupo de Alto Nivel (GAN) de la Alianza, se reunieron hoy en Cartagena para analizar los documentos que serán firmados por los presidentes, previa aprobación de los ministros en una reunión que mantendrán mañana.
"Hemos avanzado de manera significativa y el día lunes vamos a tener resultados importantes en este proceso de la Cumbre de la Alianza del Pacífico. En las anteriores hemos tenido hitos importantes y esta cumbre de Cartagena no va a ser la excepción", dijo a periodistas el viceministro de Asuntos Multilaterales de la cancillería colombiana, Carlos Arturo Morales.
Entre los temas abordados por el GAN está la declaración final de la cumbre, que los presidentes firmarán el lunes junto con el Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza, que elimina los aranceles al 92 % de los productos comercializados entre los países del bloque.
La firma de ese protocolo es una prueba del dinamismo de la Alianza del Pacífico, que sólo 20 meses después de su creación en la cumbre de Cerro Paranal (Chile), en junio de 2012, logra liberalizar casi la totalidad del comercio entre sus socios, tarea que en otros mecanismos regionales de integración no se ha logrado en décadas.
Los viceministros que forman el Grupo de Alto Nivel también analizaron la adhesión de Costa Rica como miembro pleno de la Alianza, que será firmada el lunes por la presidenta de ese país, Laura Chinchilla, en la que probablemente sea su última participación en una cumbre pues entregará el poder a su sucesor en mayo próximo.
Igualmente abordaron las relaciones exteriores del bloque, en particular con los 25 países observadores, entre los que se cuentan grandes economías como Estados Unidos, China, Japón, Reino Unido, Francia, Alemania, España, Australia, Corea del Sur y varios países latinoamericanos.
La integración comercial que marca el norte de la Alianza del Pacífico se complementa con acuerdos de tipo político como el anunciado hoy por Colombia y Chile para ampliar el uso compartido de embajadas.
En una rueda de prensa conjunta, la canciller colombiana, María Ángela Holguín, y su homólogo chileno, Alfredo Moreno, anunciaron un acuerdo para compartir la embajada que Colombia abrirá en Bakú, capital de Azerbaiyán, y la misión de Chile ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en París, a la cual aspira a ingresar el país cafetero.
"Ahora Colombia le ha propuesto a Chile que compartiéramos en Azerbaiyán, de manera que estamos abriendo una embajada en Bakú. Y la contraprestación de Chile es un espacio en su embajada en París, ante la OCDE", manifestó la ministra Holguín.
Estas sedes diplomáticas se sumarán a las embajadas que ya comparten los cuatro países de la Alianza, como la de Ghana, y a las conjuntas de Colombia y Chile en Marruecos y Argelia.
Mientras los viceministros del GAN dan los últimos toques a los documentos que firmarán el lunes los presidentes en la cumbre, los jefes de Estado comienzan a llegar a esta ciudad del caribe colombiano.
Además del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, que en su condición de anfitrión se trasladó a Cartagena, también está ya en la ciudad su homólogo chileno, Sebastián Piñera, que llegó el viernes por la noche.
Piñera, que en su mandato forjó una estrecha amistad con Santos, descansará el fin de semana en la "Ciudad Heroica" y el lunes asistirá a la que será su despedida de las cumbres pues el próximo 11 de marzo entregará el poder a la presidenta electa, Michelle Bachelet.
Los otros jefes de Estado participantes, el mexicano Enrique Peña Nieto, y el peruano Ollanta Humala, tienen previsto llegar a lo largo del domingo, mientras que la costarricense Chinchilla lo hará el lunes.

EEUU y el Canal de Panamá apremian a Sacyr a que retome las obras

CIUDAD DE PANAMÁ.- La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) hizo anoche una propuesta al Grupo Unidos por el Canal (GUPC) para que este consorcio internacional reanude las obras de ampliación de la vía interoceánica.

En un breve comunicado, la ACP asegura que su propuesta, que "no aumenta el precio contratado ni la aceptación de reclamación alguna," permitiría la reanudación de las obras en breve.
La propuesta de la ACP se fundamenta, según el comunicado, en que las partes aportarían recursos financieros para que se reinicien los trabajos.
"Mientras nos preparamos para tomar las acciones que nos permite el contrato para reactivar el proyecto, mantenemos abierta la posibilidad de llegar a un acuerdo y para ello estamos haciendo este esfuerzo", expresó el administrador del Canal de Panamá, Jorge Luis Quijano en el comunicado de la ACP.
La propuesta, sujeta a revisión y aprobación por las partes, establece fechas específicas para la entrega al sitio por GUPC de las compuertas y para la terminación de los trabajos.
Adicionalmente, la ACP extendería el plazo de repago de los avances, en la medida que GUPC cumpla con las fechas de entrega exigidas.
La comunicación de la ACP no indica cuáles son esas fechas específicas, pero insiste, también sin profundizar en detalles, que es fundamental en la propuesta "el cumplimiento de varios hitos que el contratista debe alcanzar durante lo que resta del contrato".
Esta propuesta es la respuesta de la ACP a la ultima proposición del Consorcio GUPC, que lideran Sacyr y la italiana Impregilo, para llegar a un acuerdo de cofinanciación mientras los trabajos continúan paralizados.
En un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el regulador español, el consorcio no informa de los detalles de su propuesta, pero avanza que ésta recoge las "inquietudes" de la ACP al tiempo que proporciona los fondos necesarios para terminar la obra del tercer juego de esclusas.
"Un acuerdo es la única solución que permite la continuación inmediata de las obras y la terminación temprana y más eficiente del proyecto en beneficio de ACP y Panamá", subrayó el consorcio en un comunicado.
El Programa de Ampliación, que consiste en la construcción de un tercer carril para permitir el paso de barcos con hasta 12.600 contenedores, casi el triple de lo actual, tiene un costo global de 5.250 millones de dólares, de los cuales 3.118 millones corresponde al contrato para la construcción del tercer juego de esclusas.
El GUPC aduce que "sobrecostes" que ha cifrado en más de 1.600 millones de dólares, derivados de imprevistos de los que responsabiliza a la ACP, le han dejado sin liquidez para seguir los trabajos de las nuevas esclusas y exige que la Autoridad panameña sufrague las obras al menos en parte.
La ACP ha tildado los supuestos sobrecostes de "exorbitantes y no sustentados", y ha llamado al consorcio a que los tramite ante las instancias internacionales de resolución de conflicto previstas en el contrato para que estas decidan sin que mientras haya suspensión de las obras.
Quijano exigió el miércoles pasado al GUPC reiniciar de inmediato los trabajos, porque su paralización contraviene cláusulas del contrato vigente, firmado en 2009.
La suspensión se dio después de que la ACP y el consorcio no lograran acordar un plan para reflotar la construcción del tercer juego de esclusas de la vía acuática durante una mesa de negociaciones establecida el 7 de enero y que culminó el martes pasado.
Quijano ha sostenido en los últimos días que la puerta para el diálogo con el GUPC continúa abierta pero se cierra "minuto a minuto", y ha repetido que la ACP está financiera y técnicamente preparada para asumir y terminar el proyecto, que registra más de un 65% de avance.
El consorcio se adjudicó el proyecto por su oferta de 3.118 millones de dólares, y la ACP ha pagado 2.831 millones de dólares, 784 en anticipos reembolsables.
El Gobierno de EEUU instó también al Consorcio UPC y la ACP a llegar a una "rápida resolución" de la disputa que ha provocado la interrupción de las obras de ampliación del Canal, para garantizar una "reanudación completa" de los trabajos.
Una portavoz del Departamento de Estado aseguró que el Gobierno estadounidense ha estado "siguiendo de cerca los acontecimientos en la disputa sobre sobrecostes" entre la ACP y el GUPC.