NUEVA YORK/BUENOS AIRES.- Un juez de Nueva York ordenó dejar en suspenso el próximo pago de capital e intereses de la deuda de Argentina
hasta que no se llegue a un acuerdo con tenedores de bonos en cese de
pagos, una medida que el país sudamericano juzgó como "insólita e
inédita".
El juez Thomas Griesa anuló el pago que el Estado
argentino debía realizar el próximo lunes a los tenedores de bonos
reestructurados en canjes de deuda en 2005 y 2010. Aunque el vencimiento
de esos bonos es el 30 de junio, Argentina dispone de 30 días de gracia
antes de entrar en default.
"Calificamos de insólita e inédita la
medida. Insólita porque el juez decide sobre instrumentos cuya validez
nunca fue objetada en juicio ni observada tampoco por la Securities and
Exchange Commission norteamericana (SEC)...Inédita: porque un juez
intenta impedir que un deudor cumpla sus obligaciones y que los
acreedores puedan cobrar", dijo el Ministerio de Economía en un
comunicado difundido el viernes.
El país sudamericano tiene ahora
un mes para negociar una salida con los "fondos buitre" que reclaman la
cancelación de sus bonos en cese de pagos que, de acuerdo con sus
cálculos, ascienden a 1.650 millones de dólares.
"El pago es
ilegal y no será realizado", dijo Griesa al ordenar que los fondos que
se habían depositado en las cuentas del Bank of New York Mellon sean
regresados al Banco Central de Argentina. "Este pago no se puede hacer y
cualquiera que intente hacerlo estará en desacato con la corte", agregó
el juez.
El juez además exhortó a Buenos Aires a negociar una
solución con los fondos de riesgo estadounidenses. Cualquier pago a la
mayoría de los acreedores es ilegal si no se paga también a los fondos
de riesgo, dijo el juez.
"Traigan a la República a la mesa" de negociaciones, agregó el magistrado.
Griesa
nombró esta semana a un mediador para facilitar las conversaciones
luego de que Argentina indicó a través de sus abogados que planeaba por
primera vez negociar con los litigantes.
Pero dijo que en su
lugar, Argentina optó por tomar una "acción explosiva" al tratar de
hacer el pago de 832 millones de dólares, lo que alteró el proceso de
negociación.
Para Argentina, Griesa al bloquear el pago a bonistas
reestructurados "incurrió en abuso de su autoridad y se excedió en su
jurisdicción, porque los bonos de la reestructuración no son el objeto
de litigio, sino los bonos que cayeron en default en 2001 y que
compraron los fondos buitres a precio vil para obtener ganancias
siderales".
Al final de la nota, el gobierno reiteró "su
compromiso de honrar sus deudas con el 100% de los acreedores de manera
justa, equitativa y legal".
Matías Carugati, de la consultora
Management & Fit, dijo que la decisión del
juez no es negativa para Argentina.
"Griesa podría haber decidido
embargar (los giros a los reestructurados) y así se hubiera pagado a los
fondos buitres. Sin embargo, dice que se devuelva el dinero a
Argentina: está obligando al país a sentarse en la mesa de negociaciones
con los litigantes para que las dos partes arreglen porque, si no,
nadie cobra".
Carugati reconoció, sin embargo, que el corto plazo
que el país tiene para llegar a un acuerdo será un periodo de mucha
volatilidad económica. "Cuanta más incertidumbre haya sobre lo que hará
Argentina y si se confirma que va al default, porque las negociaciones
no se resuelven, la brecha cambiaria va a subir y no va ser bueno".
En
2012 Griesa falló a favor de que el país abone al mismo tiempo y en
efectivo a los litigantes -que no ingresaron en los dos canjes de deuda-
y a los acreedores reestructurados. La sentencia de Griesa fue
respaldada por la Corte Suprema de Estados Unidos el 16 de junio.
Argentina
sostiene que es "esencial" seguir pagando normalmente a los bonistas
que en los canjes aceptaron títulos de menor valor que los declarados en
cese de pagos en 2001, cuando la economía del país colapsó y se declaró
una mora de 100.000 millones de dólares.
Ramiro Castiñeira, de la
consultora Econométrica, dijo que la decisión de Griesa supone que
"si bien no hay embargo de fondos y eso es un dato bueno para
Argentina, el juez no le deja al país pagar a los acreedores de los
canjes si no logra un acuerdo con los buitres"
"Sí o sí debería haber una resolución del conflicto en 30 días, que es el plazo máximo".
El
economista señaló que la consecuencia más inmediata de la decisión de
Griesa es que Argentina "se quedaría en un parate (freno)
económico en estos 30 días y toda decisión económica entra en stand by".
El
jueves, el ministro de Economía argentino Axel Kicillof dijo a la
prensa que "en cumplimiento del contrato vigente" con los tenedores de
deuda reestructurada el gobierno había "procedido al pago de los
servicios de capital e intereses de sus bonos bajo ley extranjera" y
precisó que de los 832 millones de dólares abonados, 539 millones habían
sido depositados en cuentas del Bank of New York Mellon en el Banco
Central argentino.
Kicillof manifestó la convicción de las
autoridades de respetar la reestructuración voluntaria de deuda a la que
adhirió el 92,4% de los bonistas y señaló que los derechos de una
mayoría no pueden ser vulnerados por los litigantes, que representan al
1% de los bonistas.
Argentina sostiene que la justicia
estadounidense le impide concluir con éxito la política de
desendeudamiento aplicada en los últimos once años por la cual canceló
deudas con el Fondo Monetario Internacional, con empresas que ganaron
juicios al país en tribunales internacionales y con el Club de París.
Abuso de autoridad
Argentina dijo, por su parte,
que el juez federal estadounidense Thomas Griesa incurrió en un
"abuso de autoridad" y excedió su jurisdicción al bloquear los
fondos destinados para el pago de deuda reestructurada, en medio
de una batalla judicial con acreedores que no ingresaron al
canje.
El Gobierno argentino calificó en un comunicado de "insólita
e inédita" la decisión del juez de ordenar al Bank of New York
Mellon devolver los fondos depositados en ese banco para
cancelar un cupón que vence el 30 de junio.
Griesa dijo en una audiencia que la decisión de Argentina de
depositar un pago a acreedores para evitar un default fue una
"medida explosiva" e ilegal y ordenó al país que se sentara a
negociar.
El juez ya ha fallado que Argentina debe pagar 1.330
millones de dólares a acreedores que no aceptaron ingresar en
los canjes de deuda de 2005 y 2010.