BUENOS AIRES.- La decisión del Gobierno de Argentina de impulsar una nueva Ley de Hidrocarburos para incentivar la inversión
en este sector ha despertado una pugna soterrada con las provincias,
verdaderas dueñas del petróleo y el gas bajo tierra.
El proyecto, que de aprobarse sustituirá a una ley de 1967, comenzó a
debatirse informalmente hace dos meses, con el impulso de la petrolera
YPF, controlada por el Estado argentino.
La iniciativa, cuyo primer borrador se conoció hace unos días, busca
favorecer la inversión en exploración y explotación, algo que Argentina
necesita con urgencia para paliar sus problemas de abastecimiento y de
manera intensiva, ya que el desarrollo de la gigantesca formación de
hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta requerirá de cuantiosos
fondos.
De hecho, entre los cuarenta artículos del primer borrador confeccionado por el Gobierno de Cristina Fernández hay un nuevo "régimen de promoción de inversión para la explotación de hidrocarburos".
Pero para fomentar la inversión, la propuesta incluye cambios que
varios de los gobernadores de las diez provincias petroleras de
Argentina han recibido con disgusto.
Principalmente, el borrador recorta los ingresos de las provincias
por regalías e impuestos y limita la participación de las empresas
petroleras provinciales.
La prensa especializada local ha reseñado la tensión que estos
cambios propuestos se ha despertado entre el Ejecutivo de Fernández, YPF
y los gobernadores.
Hasta ahora el descontento se venía manifestando en reuniones a
puerta cerrada, pero algunos ya comienzan a expresar públicamente su
enojo.
"Hay algunos que quieren venir a cosechar lo que los neuquinos
sembramos y a ordeñar a la vaca que no les pertenece, pero nosotros no
se lo vamos a permitir", dijo días atrás, en referencia a la iniciativa,
Omar Gutiérrez, ministro de Economía de la provincia de Neuquén.
Este distrito, el mayor productor de hidrocarburos del país y el
"corazón" de Vaca Muerta, es, junto a la también sureña Chubut, uno de
los que más resisten los cambios propuestos.
Entre los puntos en debate están las tasas de regalía que cobran las
provincias a las petroleras que soliciten una extensión en las
concesiones y que el Gobierno de Fernández propone que sean del 3%, por
debajo de las pretensiones de las provincias.
El Ejecutivo nacional también quiere que se unifiquen los distintos
modelos de pliegos de licitación de áreas petroleras que aplican las
provincias, algo que los gobernadores miran con recelo.
El Gobierno argentino también impulsa cambios en el rol de las
compañías provinciales estatales en los proyectos operados por firmas
privadas.
En este último caso, el denominado sistema de "acarreo", por el que
las provincias solo aportan su título de propiedad sobre los recursos y
los privados corren con todo el aporte de capital y la operación, es
cuestionado por el presidente de YPF, Miguel Galuccio.
"El acarreo es un sistema que va a dejar proyectos por debajo de su
viabilidad. En iniciativas difíciles con retornos de inversión bajos,
por ejemplo", dijo en mayo Galuccio, que comanda la mayor petrolera de
Argentina y está en búsqueda de inversiones extranjeras para el
desarrollo masivo de Vaca Muerta.
Los gobernadores no quieren ceder en este punto porque por esta vía
las provincias obtienen ingresos adicionales y alegan que, de otro modo,
los privados tendrán que pagar un canon de ingreso a los yacimientos.