PARÍS.- El presidente francés, François Hollande, reconoció hoy su
responsabilidad en la pérdida de unos 600.000 empleos desde que asumió
el gobierno en 2012, pero defendió la política económica de su gobierno.
"Hay una responsabilidad que asumo", dijo al tiempo de remarcar que la
cuestión no es saber por qué no funcionó la política decidida al
comienzo de su mandato, sino qué hacer para que pueda funcionar de aquí
al fin del quinquenio y lo más rápidamente posible.
Durante una entrevista concedida a la radio France-Inter, Hollande, como en ocasiones anteriores, volvió a defender la política económica y social de su gobierno, sobre todo la denominada Ley sobre la Actividad y el Crecimiento.
Según el Presidente se trata de un proyecto destinado a la reactivación económica que, sin embargo, genera controversias incluso en el seno del gubernamental Partido Socialista (PS).
Entre los temas más controvertidos figura la ampliación de cinco a 12 del número de domingos laborales en el país para favorecer a los grandes centros comerciales y otros establecimientos.
Los salarios durante esos días no serán regulados por el gobierno, sino sometidos a negociaciones directas en cada una de las empresas concernidas.
De acuerdo con el secretario nacional del Partido Comunista Francés, Pierre Laurent, esta medida deja desvalidos a los trabajadores frente a los patronos y, de hecho, pone fin a la jornada semanal de 35 horas, una conquista laboral histórica.
Mientras, la senadora por el PS Marie-Noelle Lienemann opinó que la llamada Ley Macron, por el apellido del ministro de Economía, significa una nueva etapa de liberalismo y llamó a sus copartidarios a votar contra ella.
El texto también prevé la introducción de la competencia del capital privado en determinados sectores hasta ahora en manos del Estado, como el transporte de pasajeros.
La norma permitiría la creación de empresas de autobuses para conectar a varias ciudades por carretera y los aeropuertos de Lyon y Niza podrían pasar total o parcialmente a manos de inversionistas particulares.
Esta medida también abarca a varias profesiones reglamentadas por el gobierno, entre ellas los notarios y los administradores judiciales.
Según el diputado socialista Yann Galut, el proyecto va a provocar grandes debates cuando próximamente sea sometido a votación en la Asamblea Nacional.
A juicio de expertos, Hollande tiene grandes desafíos sobre todo porque se encuentra en la segunda mitad de su mandato con un balance negativo en materia de lucha contra el desempleo (3,48 millones de desocupados en noviembre), el crecimiento de la economía, la reducción del déficit público y la deuda.
Durante una entrevista concedida a la radio France-Inter, Hollande, como en ocasiones anteriores, volvió a defender la política económica y social de su gobierno, sobre todo la denominada Ley sobre la Actividad y el Crecimiento.
Según el Presidente se trata de un proyecto destinado a la reactivación económica que, sin embargo, genera controversias incluso en el seno del gubernamental Partido Socialista (PS).
Entre los temas más controvertidos figura la ampliación de cinco a 12 del número de domingos laborales en el país para favorecer a los grandes centros comerciales y otros establecimientos.
Los salarios durante esos días no serán regulados por el gobierno, sino sometidos a negociaciones directas en cada una de las empresas concernidas.
De acuerdo con el secretario nacional del Partido Comunista Francés, Pierre Laurent, esta medida deja desvalidos a los trabajadores frente a los patronos y, de hecho, pone fin a la jornada semanal de 35 horas, una conquista laboral histórica.
Mientras, la senadora por el PS Marie-Noelle Lienemann opinó que la llamada Ley Macron, por el apellido del ministro de Economía, significa una nueva etapa de liberalismo y llamó a sus copartidarios a votar contra ella.
El texto también prevé la introducción de la competencia del capital privado en determinados sectores hasta ahora en manos del Estado, como el transporte de pasajeros.
La norma permitiría la creación de empresas de autobuses para conectar a varias ciudades por carretera y los aeropuertos de Lyon y Niza podrían pasar total o parcialmente a manos de inversionistas particulares.
Esta medida también abarca a varias profesiones reglamentadas por el gobierno, entre ellas los notarios y los administradores judiciales.
Según el diputado socialista Yann Galut, el proyecto va a provocar grandes debates cuando próximamente sea sometido a votación en la Asamblea Nacional.
A juicio de expertos, Hollande tiene grandes desafíos sobre todo porque se encuentra en la segunda mitad de su mandato con un balance negativo en materia de lucha contra el desempleo (3,48 millones de desocupados en noviembre), el crecimiento de la economía, la reducción del déficit público y la deuda.
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