El
vicepresidente de la Comisión Europea, Jyrki Katainen, visitará España
los próximos días 26 y 27, para promocionar el Plan Juncker dedicado a
proyectos de inversión por un monto de €315.000 millones. Será parte de
una gira que ya le habrá llevado a Italia, Alemania, Croacia y la
República Checa.
La
financiación del Plan Europeo de Inversiones Estratégicas (PEIE, o
EFSI su sigla inglesa) no está asegurada todavía. Obtenerla
dependerá del atractivo de los proyectos que los países miembros de
la Unión presenten a la Comisión. La Comisión sólo se compromete a
ofrecer garantías por €21.000 millones, que en gran parte se
imputarán a las cuentas de otros programas comunitarios.
El grueso deberá venir de promotores europeos o aportados por fondos generados en todos los cuadrantes del planeta, que buscan ansiosos nuevas propuestas de inversión. En todo caso, los proyectos serán supervisados por el Banco Europeo de Inversiones, y los créditos serán canalizados por los bancos hacia los gestores de los proyectos.
El Plan, que quedará instituido en junio próximo, puede ser una oportunidad para la estancada Europa del Sur. Los grandes fondos se refugiaron, desde que estalló la crisis, en las economías consolidadas del Norte de Europa, por lo que ya no son tantas las oportunidades de buena rentabilidad que allí quedan. Ahora, el saneamiento de las economías del Sur hace aflorar nuevas oportunidades para el capital. La Comisión, además, espera usar este programa como incentivo para que los países que a él se acojan continúen las reformas estructurales, es decir, los países del Sur.
La capital contribución del sector privado
Gran parte de los fondos deberá necesariamente canalizarse en proyectos desarrollados bajo fórmulas de Participación Público-Privada (Public Private Partnership o PPP, en la parla del gremio). Su estructuración como PPPs de financiación y gestión deberá liderarse por los estados, con el asesoramiento, apoyo y ratificación del BEI (por parte de la deuda) y del PEIE (por parte de su inversión en capital).
El Banco Mundial, el Banco Asiático de Inversiones, el Interamericano de Desarrollo y otras organizaciones financieras patrocinan este modelo de desarrollo, no sólo en los mercados donde el acceso al capital por parte de la industria y de los gobiernos no es fluido ni está asegurado, sino también en mercados maduros donde la administración pública no quiere o no puede ejecutar y explotar las infraestructuras de las que es responsable.
Aunque los mercados de Europa tienen mecanismos de financiación mucho más desarrollados que los del área de países emergentes, las empresas y negocios europeos del área privada tienen una gran desventaja en comparación con sus pares de los Estados Unidos. En Europa dependen principalmente de la financiación bancaria, mientras que en aquel país pueden acudir a una inmensa red de fondos privados que buscan agresivamente nuevas oportunidades de inversión, con el apoyo de una sociedad con una cultura acendrada de “venture capital”, junto a grandes fondos de ahorradores más bien conservadores.
Nada comparable hay en Europa, si exceptuamos en parte al Reino Unido. La crisis bancaria en numerosos países europeos está en el origen del cierre de muchas empresas medianas y pequeñas, con el consiguiente aumento del paro.
En la presentación del PEIE, el pasado día 13, Juncker informó de que una junta de la Comisión y del BEI había examinado la factibilidad de 2.000 proyectos presentados a la nueva Comisión, y había estimado su volumen de inversión necesario en €1,3 billones.
Sin embargo, hay razones para poner esas cifras en perspectiva, tanto desde el punto de vista de su volumen, como en cuanto a su especialización.
Aunque el volumen anual de inversiones de todo tipo en la EU28 ha caído un 15% desde 2007 (CE, comunicado de prensa del 13 de enero), hoy se estiman en €2,6 billones (millones de millones), por lo que el impacto del PEIE, desde el punto de vista cuantitativo podrá ser significativo sólo en un área geográfica limitada: digamos algunos países del Sur, los cuales, en conjunto, son el destino de un cuarto del total de las inversiones de todo tipo que se realizan en Europa.
En cuanto a la especialización, considerando que del total de inversiones de todo tipo en la EU28, aproximadamente sólo un 10% va a infraestructuras, que son el objetivo principal del PEIE, puede decirse que éste puede tener una incidencia muy significativa en este área particular. (Al objeto de moderar las expectativas del PEIE, ver un análisis crítico en Daniel Gross, “The Juncker Plan: from €21 to €315 billion… CEPS Commentary, Center for European Policy Studies, 27 nov. 2014).
Lograr el impacto inversor del PEIE previsto por la CE-BEI (como se ha dicho, €1,3 billones) pondrá a prueba la eficacia de la interfaz entre el sector privado y las administraciones públicas.
Las administraciones solas no pueden
El dinamismo de esa interfaz es crucial para poner a buen uso los capitales disponibles en los mercados mundiales. Según el documento de la promotora Linklater (“Set to Revive: Investing in Europe’s Infrastructure”) hay $1 billón en manos de inversores institucionales, tales como fondos de pensiones, aseguradoras y fondos soberanos dispuestos a invertir en proyectos de infraestructura europeos, y en las del Sur quizás descubran nuevas oportunidades.
La gestión de negocios bajo la fórmula PPP tiene largo historial en España, pero todavía carece de un órgano de valoración y conocimiento de la experiencia, como ya existen en otros países. SEOPAN realiza estadísticas de todos los sectores de infraestructuras menos energía, y estima que entre 2003 y 2013 el volumen de inversiones bajo la fórmula PPP fue de €56.000 millones, de los que unos 20.000 millones fueron para carreteras, para su mantenimiento y explotación otros 20.000, y el resto para movilidad urbana, sector sanitario, ferrocarriles, puertos, etc. Sin embargo, el volumen total de inversión en infraestructuras fue muy superior: entre 1995-2013, se estima en €550.000 millones.
Esas cifras dan idea de cuánto debe aún desarrollarse la cultura de la cooperación PPP, en unos momentos en que los estados no pueden seguir acumulando obligaciones financieras debido al peso de sus déficits, por lo que deben recurrir a fuentes de financiación externas y privadas si quieren asegurar el cumplimiento de nuevos proyectos, necesarios pero crecientemente complejos y especializados, y que por tanto necesitan la asistencia de capacidades técnicas y tecnológicas, innovadas de modo continuo por la iniciativa privada.
El Plan Juncker puede, quizás, ser la mecha que encienda el motor de una nueva fase del desarrollo europeo después de ocho años de estancamiento. Veremos.
El grueso deberá venir de promotores europeos o aportados por fondos generados en todos los cuadrantes del planeta, que buscan ansiosos nuevas propuestas de inversión. En todo caso, los proyectos serán supervisados por el Banco Europeo de Inversiones, y los créditos serán canalizados por los bancos hacia los gestores de los proyectos.
El Plan, que quedará instituido en junio próximo, puede ser una oportunidad para la estancada Europa del Sur. Los grandes fondos se refugiaron, desde que estalló la crisis, en las economías consolidadas del Norte de Europa, por lo que ya no son tantas las oportunidades de buena rentabilidad que allí quedan. Ahora, el saneamiento de las economías del Sur hace aflorar nuevas oportunidades para el capital. La Comisión, además, espera usar este programa como incentivo para que los países que a él se acojan continúen las reformas estructurales, es decir, los países del Sur.
La capital contribución del sector privado
Gran parte de los fondos deberá necesariamente canalizarse en proyectos desarrollados bajo fórmulas de Participación Público-Privada (Public Private Partnership o PPP, en la parla del gremio). Su estructuración como PPPs de financiación y gestión deberá liderarse por los estados, con el asesoramiento, apoyo y ratificación del BEI (por parte de la deuda) y del PEIE (por parte de su inversión en capital).
El Banco Mundial, el Banco Asiático de Inversiones, el Interamericano de Desarrollo y otras organizaciones financieras patrocinan este modelo de desarrollo, no sólo en los mercados donde el acceso al capital por parte de la industria y de los gobiernos no es fluido ni está asegurado, sino también en mercados maduros donde la administración pública no quiere o no puede ejecutar y explotar las infraestructuras de las que es responsable.
Aunque los mercados de Europa tienen mecanismos de financiación mucho más desarrollados que los del área de países emergentes, las empresas y negocios europeos del área privada tienen una gran desventaja en comparación con sus pares de los Estados Unidos. En Europa dependen principalmente de la financiación bancaria, mientras que en aquel país pueden acudir a una inmensa red de fondos privados que buscan agresivamente nuevas oportunidades de inversión, con el apoyo de una sociedad con una cultura acendrada de “venture capital”, junto a grandes fondos de ahorradores más bien conservadores.
Nada comparable hay en Europa, si exceptuamos en parte al Reino Unido. La crisis bancaria en numerosos países europeos está en el origen del cierre de muchas empresas medianas y pequeñas, con el consiguiente aumento del paro.
En la presentación del PEIE, el pasado día 13, Juncker informó de que una junta de la Comisión y del BEI había examinado la factibilidad de 2.000 proyectos presentados a la nueva Comisión, y había estimado su volumen de inversión necesario en €1,3 billones.
Sin embargo, hay razones para poner esas cifras en perspectiva, tanto desde el punto de vista de su volumen, como en cuanto a su especialización.
Aunque el volumen anual de inversiones de todo tipo en la EU28 ha caído un 15% desde 2007 (CE, comunicado de prensa del 13 de enero), hoy se estiman en €2,6 billones (millones de millones), por lo que el impacto del PEIE, desde el punto de vista cuantitativo podrá ser significativo sólo en un área geográfica limitada: digamos algunos países del Sur, los cuales, en conjunto, son el destino de un cuarto del total de las inversiones de todo tipo que se realizan en Europa.
En cuanto a la especialización, considerando que del total de inversiones de todo tipo en la EU28, aproximadamente sólo un 10% va a infraestructuras, que son el objetivo principal del PEIE, puede decirse que éste puede tener una incidencia muy significativa en este área particular. (Al objeto de moderar las expectativas del PEIE, ver un análisis crítico en Daniel Gross, “The Juncker Plan: from €21 to €315 billion… CEPS Commentary, Center for European Policy Studies, 27 nov. 2014).
Lograr el impacto inversor del PEIE previsto por la CE-BEI (como se ha dicho, €1,3 billones) pondrá a prueba la eficacia de la interfaz entre el sector privado y las administraciones públicas.
Las administraciones solas no pueden
El dinamismo de esa interfaz es crucial para poner a buen uso los capitales disponibles en los mercados mundiales. Según el documento de la promotora Linklater (“Set to Revive: Investing in Europe’s Infrastructure”) hay $1 billón en manos de inversores institucionales, tales como fondos de pensiones, aseguradoras y fondos soberanos dispuestos a invertir en proyectos de infraestructura europeos, y en las del Sur quizás descubran nuevas oportunidades.
La gestión de negocios bajo la fórmula PPP tiene largo historial en España, pero todavía carece de un órgano de valoración y conocimiento de la experiencia, como ya existen en otros países. SEOPAN realiza estadísticas de todos los sectores de infraestructuras menos energía, y estima que entre 2003 y 2013 el volumen de inversiones bajo la fórmula PPP fue de €56.000 millones, de los que unos 20.000 millones fueron para carreteras, para su mantenimiento y explotación otros 20.000, y el resto para movilidad urbana, sector sanitario, ferrocarriles, puertos, etc. Sin embargo, el volumen total de inversión en infraestructuras fue muy superior: entre 1995-2013, se estima en €550.000 millones.
Esas cifras dan idea de cuánto debe aún desarrollarse la cultura de la cooperación PPP, en unos momentos en que los estados no pueden seguir acumulando obligaciones financieras debido al peso de sus déficits, por lo que deben recurrir a fuentes de financiación externas y privadas si quieren asegurar el cumplimiento de nuevos proyectos, necesarios pero crecientemente complejos y especializados, y que por tanto necesitan la asistencia de capacidades técnicas y tecnológicas, innovadas de modo continuo por la iniciativa privada.
El Plan Juncker puede, quizás, ser la mecha que encienda el motor de una nueva fase del desarrollo europeo después de ocho años de estancamiento. Veremos.
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