WASHINGTON.- La Casa Blanca decidió
hoy plantar batalla legal a la decisión de un juez en Texas de bloquear
las acciones ejecutivas del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que permitirían regularizar temporalmente a cinco millones de inmigrantes indocumentados.
El juez federal del distrito sur de Texas Andrew Hanen
emitió este lunes por la noche una suspensión temporal de la acciones
ejecutivas de Obama por la demanda presentada por 26 estados contra la
constitucionalidad de las medidas presidenciales en materia migratoria.
El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, aseguró hoy que el Departamento de Justicia apelará contra la decisión de Hanen,
ya que las medidas son "coherentes" con leyes aprobadas por el Congreso
y con decisiones de la Corte Suprema, que "han dejado claro que el
Gobierno federal puede establecer prioridades en la aplicación de
nuestras leyes de inmigración".
La decisión de Hanen ha estado
perfectamente coreografiada, ya que se conoció anoche, poco antes de que
este miércoles comience el proceso de inscripción para obtener un
alivio en los procesos de deportación.
Además, ha contado con una
dosis de suerte y coincidencia, ya que debido a la nieve en Washington
el Gobierno federal, incluido el Departamento de Justicia, se encuentra
cerrado, al igual que el tribunal al que el Gobierno de Obama debería
enviar su apelación, que se encuentra en Nueva Orleans, donde hoy se
celebra el carnaval del Mardi Gras.
El equipo de Obama requiere premura,
porque el miércoles comenzaba a entrar en vigor la primera parte de las
acciones ejecutivas del presidente, la que permitía pedir una
suspensión de los procesos de deportación a 230.000 jóvenes inmigrantes
que han crecido y se han educado en EE.UU. durante tres años, la
iniciativa de alivio migratorio conocida como Acción Diferida (DACA).
La
sentencia del juez Hanen también afectaría al comienzo en mayo de una
segunda fase que beneficiaría a los padres de ciudadanos estadounidenses
o hijos con estatus permanente, bautizada como Acción Diferida para
Responsabilidad de los Padres (DAPA).
El secretario de Seguridad
Nacional (DHS), Jeh Johson, mostró hoy su total desacuerdo con la
decisión del juez Hanen, pero aseguró que la respetarán y el DHS no
aceptará las peticiones de la DACA que iban a comenzar a procesarse
mañana.
Los apoyos y las críticas al bloqueo del juez Hanen
no se han hecho esperar y se han dividido entre las opiniones
favorables de los republicanos, y las esperanzas de revocar el fallo de
los demócratas y las organizaciones hispanas.
La organización
American Center for Law & Justice (ACLJ), que representa a 68
congresistas, entre ellos a los senadores republicanos por Texas Ted
Cruz y John Cornyn, clamó "victoria" hoy tras conocerse el fallo. "Esta
decisión representa una importante victoria contra los excesos
anticonstitucionales del presidente Obama", aseguró el ACLJ.
En un
comunicado por separado, el senador Cruz aseguró que la decisión
judicial es un "punto de inflexión en la batalla para detener la
amnistía fuera de la ley de Obama".
Mostrando la sintonía de los
republicanos en el Congreso en este asunto, el líder de la mayoría
republicana en el Senado, Mitch McConnell, dijo que el revés para la
Casa Blanca demuestra que Obama "no tiene la autoridad para realizar
este tipo de acciones".
McConnell pidió a los senadores demócratas
que dejen de obstaculizar la propuesta republicana de incluir enmiendas
para acabar con las acciones diferidas de Obama, un desacuerdo que
podría llevar este mes a un cierre parcial del Departamento de Seguridad
Nacional por falta de fondos.
La
congresista demócrata por California Linda Sánchez, presidenta del
caucus hispano del Congreso, aseguró que hay precedentes en el uso del
poder ejecutivo en asuntos migratorios, tal y como hizo en su momento el
presidente republicano Ronald Reagan
Brent Wilkes, presidente de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos
(LULAC), aseguró que la postura adoptada por los republicanos ignora
que la necesidad de que Obama recurriera a una acción ejecutiva se dio
por la oposición de congresistas conservadores a la reforma migratoria
consensuada entre senadores de ambos partidos.
"Confiamos en que las
acciones del presidente serán encontradas constitucionales por un
tribunal y se dará luz verde a su implementación. Mientras tanto, LULAC
asistirá a las familias que se preparan para el proceso de solicitud",
explicó Wilkes.
Janet Murguía, presidenta del Consejo Nacional de La Raza
(NCLR), confió en que un tribunal revoque finalmente la decisión del
juez tejano y "reafirme la legitimidad de ese alivio administrativo,
poniéndose de lado de los incontables juristas que indicaron que el
presiente estaba actuando dentro de autoridad".
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