SAN DIEGO.- La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) inició
hoy la búsqueda de cientos o inclusive miles de inmigrantes que fueron
deportados tras firmar su "salida voluntaria" del país y que ahora
podrían regresar gracias a un acuerdo aprobado por un juez federal.
El acuerdo vino tras la resolución de una demanda interpuesta por el
organismo en junio de 2013 en contra de la Patrulla Fronteriza y la
Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), al considerar que agentes
federales hostigaban y proveían información errónea a inmigrantes para
forzarlos a firmar su salida del país sin darles oportunidad de tener
una audiencia frente a un juez.
Para calificar como miembro de esta demanda colectiva, los
inmigrantes deben reunir diferentes requisitos, como el haber firmado su
salida voluntaria en el sur de California (procesados por la Patrulla
Fronteriza o ICE en los sectores de San Diego o Los Ángeles) entre el 1
de junio de 2009 y el 28 de agosto de 2014, y haber sido deportados a
México.
También, se requiere que la persona tuviera ciertas opciones legales
para permanecer en Estados Unidos cuando firmó su salida del país,
además debe de estar físicamente en México al momento de someter su
aplicación para ser miembro de la demanda colectiva.
Sobre esta demanda, ICE indicó mediante una declaración emitida
por su portavoz Lauren Mack, que la dependencia utiliza la salida
voluntaria "como una opción para individuos que soliciten regresar a
casa en lugar de un proceso de deportación, pero en ningún caso la
coacción o el engaño es tolerado".
Por eso, como parte del acuerdo, el Departamento de Seguridad
Nacional (DHS) está obligadas a cambiar sus prácticas y proporcionar
información detallada a inmigrantes sobre las consecuencias de firmar
una salida voluntaria, además de permitirles hacer una llamada y
consultar con un abogado.
"En un esfuerzo por abordar las cuestiones planteadas en este
litigio, ambos organismos (ICE y CBP) han acordado complementar los
procedimientos en vigor y asegurar que los extranjeros comprenden
plenamente las consecuencias potenciales de regresar voluntariamente a
México", señala el escrito.
Autoridades de ICE estiman que durante el periodo establecido en la
demanda (del 1 de junio de 2009 al 28 de agosto de 2014), alrededor de
30 mil indocumentados firmaron su salida voluntaria.
La dependencia federal dijo desconocer cuántos de esos casos
califican para esta demanda colectiva, aunque creen "será una pequeña
fracción del número total".
Anna Castro, portavoz de ACLU en San Diego consideró que este acuerdo
da esperanza en medio del debate en relación a los derechos de los
inmigrantes en el país.
"Tenemos que reconocer que todas las personas que están en Estados
Unidos tienen derechos bajo la Constitución y que nadie debería ser
forzado a tomar decisiones que les pueden cambiar la vida tanto a ellos
como a su familia", declaró.
Subrayó además que con este acuerdo calificado como histórico, no se
ganó un estatus migratorio para quienes fueron deportados, sino
únicamente el derecho a regresar al país y tener la oportunidad de
llevar su caso ante un juez de inmigración.
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