ATENAS.- El Gobierno griego ultima la lista de reformas detalladas
que debe enviar este lunes a Bruselas para que los socios de la
eurozona decidan si finalmente extienden la financiación de Grecia, y
mantiene el optimismo sobre una respuesta afirmativa que siente las
bases para un acuerdo más amplio.
Los miembros del Ejecutivo
mantienen reuniones maratonianas para elaborar las medidas precisas, que
se centran en la lucha contra la evasión fiscal y la corrupción y la reforma del sector público.
El ministro de Estado, Nikos Pappás, afirmó que el principio de acuerdo logrado en el Eurogrupo del pasado viernes es un "paso pequeño, pero muy importante, porque va en la dirección opuesta a los pasos que hemos dado antes".
En
declaraciones a la televisión privada Mega, uno de los colaboradores
más cercanos al primer ministro, Alexis Tsipras, señaló que entre las
propuestas estará la ley que amplía el número de personas que pueden acogerse a los 100 plazos para pagar sus deudas con la Hacienda, ya que es una medida "para aumentar los ingresos fiscales".
Esta
propuesta estará acompañada de las previsiones del Gobierno, que estima
que su puesta en marcha proporcionará ingresos instantáneos al Estado,
pues contiene fuertes incentivos. Esta previsto que el proyecto de esta
ley se presente la próxima semana en el Parlamento.
En referencia a la actividad legislativa, Pappás afirmó: el Gobierno no está dispuesto a "atarnos las manos y simplemente esperar a completar todos los tiempos",
y aunque destacó que está abierto a "discutir" las propuestas, "hay
cuestiones de soberanía relativas a las políticas internas que están
fuera de la negociación".
"Seguimos con la misma determinación y
fieles al mandato popular", remarcaron fuentes gubernamentales tras una
de las reuniones del Consejo de Ministros, algunas de las cuales han
insistido en las últimas horas en que el Gobierno mantendrá sus "líneas
rojas".
Entre estas está el aumento del salario mínimo,
que fuentes gubernamentales aseguran que está relacionado con el sector
privado y no tiene un coste presupuestario directo, la congelación de
las pensiones y la no subida de impuestos como el IVA.
Son
temas en que la troika de acreedores (Comisión Europea, Banco Central
Europeo y Fondo Monetario Internacional) fue estricta con el Gobierno
anterior del conservador Andonis Samarás, y ahora Tsipras busca ganar
tiempo para presentar sus propias reformas.
El listado especifica los planes para luchar contra la evasión de impuestos, según apunta el diario digital "TheToc".
El
viceministro de Finanzas, Dimitris Mardas, ha elaborado un estudio que
estima que se pueden recaudar 1.500 millones de euros combatiendo el
contrabando de combustible, 800 millones de la lucha contra el
contrabando de tabaco y 2.500 millones haciendo frente a la corrupción.
El
Gobierno calcula que con los ingresos que provengan de este plan y de
las deudas no pagadas se puede financiar un paquete de medidas para
acabar con la crisis humanitaria y que recogen ayuda alimentaria,
electricidad gratuita, alojamientos en viviendas o acceso universal a la
sanidad.
Se incluyen además varias de las recomendaciones que Grecia pretende desarrollar junto con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Atenas
envió hoy un listado de tres páginas a las instituciones para recibir
una primera valoración y perfilar las propuestas que enviará mañana a
los socios.
"Esperamos y estamos casi seguros de que vamos a conseguir un sí de las instituciones",
afirmó el ministro de Finanzas, Yanis Varufakis, quien explicó que si
la respuesta es afirmativa "habrá una conferencia telefónica con las
instituciones y automáticamente avanzará el proceso", y en caso
contrario "se celebrará un nuevo Eurogrupo".
Las propuestas
griegas serán examinadas durante una conferencia telefónica en que
participarán el comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre
Moscovisi; el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, y la
directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde.
Este
optimismo parece que no ha calado en Alemania, cuyo Parlamento es uno
de los que debe aprobar la extensión del crédito y donde supeditan la
ampliación al análisis de las reformas que proponga Atenas y, sobre
todo, a lo que ocurra dentro de cuatro meses, cuando se tengan que
negociar nuevos créditos.
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