miércoles, 4 de febrero de 2015

Denuncian en Francia las consecuencias negativas de proyecto del gobierno

PARÍS.- A varios días de su entrada en el Parlamento francés, la denominada Ley sobre la Actividad y el Crecimiento genera hoy malestar en diversos sectores de la sociedad quienes denuncian sus consecuencias negativas. Diputados, sindicalistas, intelectuales y líderes de organizaciones sociales, firmaron un llamamiento para que la denominada Ley Macron, por el apellido del ministro de Economía (Emmanuel Macron), no sea votada, sino retirada.

En la convocatoria, publicada por el periódico L'Humanité, subrayan que ese proyecto es guiado por una lógica de desregulación generalizada, que buscar mantener beneficios a costa de los salarios y las pensiones, único medio de vida de la mayoría de la población y en detrimento de la protección social.

Más igualdad y fraternidad, eso es lo que queremos, remarcan.

A comienzos de esta semana, el titular del ramo denunció amenazas de muerte por parte de personas que se oponen a la aprobación del proyecto que él encabeza. "Ciertos funcionarios públicos me han amenazado por querer salvar la economía de mi país", señaló Macron ante el Parlamento.

Entre los aspectos más controvertidos de la iniciativa, figura la ampliación de cinco a doce del número de domingos laborales al año en el país para favorecer a los grandes centros comerciales y otros establecimientos. Los salarios durante esos días no serán regulados por el gobierno, sino sometidos a negociaciones directas en cada una de las empresas concernidas.

De acuerdo con el secretario nacional del Partido Comunista Francés, Pierre Laurent, esta medida deja desvalidos a los trabajadores frente a los patronos y, de hecho, pone fin a la jornada semanal de 35 horas, una conquista laboral histórica.

Marie-Noelle Lienemann, senadora por el gubernamental Partido Socialista, opina que la misma significa una nueva etapa de liberalismo y exhortó a sus copartidarios a votar contra ella.

El texto también prevé la introducción de la competencia del capital privado en sectores sensibles hasta ahora en manos del Estado, como el transporte de pasajeros.

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