PARÍS.- La moción de censura presentada por la
oposición contra el Gobierno francés del primer ministro Manuel Valls
fracasó hoy, como estaba previsto, al no conseguir el apoyo de la
mayoría absoluta de la Asamblea Nacional.
La moción obtuvo el
apoyo de 234 diputados, lejos de los 289 necesarios, por lo que la ley
de liberalización económica, motivo por el cual se interpuso la
iniciativa, queda automáticamente aprobada por la cámara baja francesa.
La Asamblea Nacional francesa rechazó pues la moción de censura presentada tras la decisión del gobierno de impedir el examen, por ese ente legislativo, de un cuestionado proyecto económico.
Uno de sus aspectos más controvertidos es la ampliación de cinco a 12 del número de domingos laborales al año en el país para favorecer a los grandes centros comerciales y otros establecimientos. De esa forma, se pondría fin a una conquista histórica de los trabajadores: la semana laboral de 35 horas.
La moción obtuvo 234 votos, por debajo de los 289 (la mayoría absoluta) que, de haberse logrado, hubiera provocado la dimisión del gobierno. La decisión significa la adopción en primera lectura del polémico proyecto.
El primer ministro Manuel Valls, decidió el pasado martes acogerse al artículo 49.3 de la Constitución ante la dificultad para alcanzar una mayoría de votos, cuando todo apuntaba a que, incluso diputados por el gubernamental Partido Socialista (PS) se opondrían al llamado proyecto de ley Macron.
El mismo le da la facultad de aprobar un texto de ley sin necesidad de tener la anuncia de la Asamblea. En este caso se trata de la mencionada iniciativa, conocida informalmente de esa manera, en referencia al nombre del ministro de Economía, Emmanuel Macron.
Las críticas se dispararon tras el anuncio. La conservadora Unión Movimiento Popular, de Nicolás Sarkozy, presentó la mencionada moción de censura.
Después de los resultados de este jueves, el proyecto debe pasar al Senado como es habitual, si bien en este país la última palabra en materia legislativa la tiene la Asamblea.
La última vez que un Gobierno galo recurrió a ese recurso constitucional fue en 2006, cuando el entonces primer ministro Dominique de Villepin lo usó para sacar adelante su proyecto de ley de igualdad de oportunidades y su polémico contrato laboral para los jóvenes.
El propio presidente François Hollande era uno de los críticos de ese atajo constitucional, cuando estaba al frente del PS.
Expertos opinan que el costo político del capítulo Macron ya es palpable, pues puso de relieve evidentes divergencias en el gubernamental PS. Sólo falta ver lo que podría desencadenar a mediano y largo plazo.
La Asamblea Nacional francesa rechazó pues la moción de censura presentada tras la decisión del gobierno de impedir el examen, por ese ente legislativo, de un cuestionado proyecto económico.
Uno de sus aspectos más controvertidos es la ampliación de cinco a 12 del número de domingos laborales al año en el país para favorecer a los grandes centros comerciales y otros establecimientos. De esa forma, se pondría fin a una conquista histórica de los trabajadores: la semana laboral de 35 horas.
La moción obtuvo 234 votos, por debajo de los 289 (la mayoría absoluta) que, de haberse logrado, hubiera provocado la dimisión del gobierno. La decisión significa la adopción en primera lectura del polémico proyecto.
El primer ministro Manuel Valls, decidió el pasado martes acogerse al artículo 49.3 de la Constitución ante la dificultad para alcanzar una mayoría de votos, cuando todo apuntaba a que, incluso diputados por el gubernamental Partido Socialista (PS) se opondrían al llamado proyecto de ley Macron.
El mismo le da la facultad de aprobar un texto de ley sin necesidad de tener la anuncia de la Asamblea. En este caso se trata de la mencionada iniciativa, conocida informalmente de esa manera, en referencia al nombre del ministro de Economía, Emmanuel Macron.
Las críticas se dispararon tras el anuncio. La conservadora Unión Movimiento Popular, de Nicolás Sarkozy, presentó la mencionada moción de censura.
Después de los resultados de este jueves, el proyecto debe pasar al Senado como es habitual, si bien en este país la última palabra en materia legislativa la tiene la Asamblea.
La última vez que un Gobierno galo recurrió a ese recurso constitucional fue en 2006, cuando el entonces primer ministro Dominique de Villepin lo usó para sacar adelante su proyecto de ley de igualdad de oportunidades y su polémico contrato laboral para los jóvenes.
El propio presidente François Hollande era uno de los críticos de ese atajo constitucional, cuando estaba al frente del PS.
Expertos opinan que el costo político del capítulo Macron ya es palpable, pues puso de relieve evidentes divergencias en el gubernamental PS. Sólo falta ver lo que podría desencadenar a mediano y largo plazo.
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