PARÍS.- Dos días antes de la votación definitiva, la Asamblea Nacional
francesa concluyó hoy los debates de un polémico proyecto impulsado por
el gobierno que, según sus detractores, provocará perjuicios económicos.
Después de unas 120 horas de discusiones distribuidas en tres semanas,
los diputados terminaron la discusión de una iniciativa ampliamente
rechazada por diferentes sectores de la sociedad.
Diputados, sindicalistas, intelectuales y líderes de organizaciones sociales, firmaron un llamamiento para que la denominada Ley Macron, por el apellido del ministro de Economía (Emmanuel Macron), no sea votada, sino retirada.
En total se presentaron unas tres mil enmiendas a un proyecto que será votado el martes 17 de febrero, una semana después de lo previsto inicialmente.
Entre los aspectos más controvertidos de la iniciativa figura la ampliación de cinco a 12 del número de domingos laborales al año en el país para favorecer a los grandes centros comerciales y otros establecimientos.
Los salarios durante esos días no serán regulados por el gobierno, sino sometidos a negociaciones directas en cada una de las empresas concernidas.
De acuerdo con el secretario nacional del Partido Comunista Francés, Pierre Laurent, esta medida deja desvalidos a los trabajadores frente a los patronos y, de hecho, pone fin a la jornada semanal de 35 horas, una conquista laboral histórica.
Relacionado dicho aspecto, la Asamblea votó en una de las sesiones un texto para crear zonas turísticas, en las cuales los comercios podrían abrir domingos y días laborables hasta tarde.
Una enmienda de varios miembros del gubernamental Partido Socialista (PS), para delegar en los alcaldes la facultad de establecer estas zonas, fue rechazada.
Este principio era importante para la Alcaldía de París, pero Macron estimó que las zonas son "importantes para la actividad y para el crecimiento de Francia".
A juicio de la alcaldesa de la urbe, Anne Hidalgo, se trata de una "intromisión del Estado en el poder del ejecutivo local" en nombre de la extensión del turismo.
Sindicatos de trabajadores opinan el proyecto en general sólo aumentaría la precarización del empleo en beneficio de las empresas. El proyecto significa más libertad para la patronal y menos derechos para los trabajadores, afirman.
También argumentan que no generará puestos ni aportará respuesta alguna al aumento de la desocupación, a la disminución del poder adquisitivo o al crecimiento de las desigualdades, sino que agravará la crisis.
Diputados, sindicalistas, intelectuales y líderes de organizaciones sociales, firmaron un llamamiento para que la denominada Ley Macron, por el apellido del ministro de Economía (Emmanuel Macron), no sea votada, sino retirada.
En total se presentaron unas tres mil enmiendas a un proyecto que será votado el martes 17 de febrero, una semana después de lo previsto inicialmente.
Entre los aspectos más controvertidos de la iniciativa figura la ampliación de cinco a 12 del número de domingos laborales al año en el país para favorecer a los grandes centros comerciales y otros establecimientos.
Los salarios durante esos días no serán regulados por el gobierno, sino sometidos a negociaciones directas en cada una de las empresas concernidas.
De acuerdo con el secretario nacional del Partido Comunista Francés, Pierre Laurent, esta medida deja desvalidos a los trabajadores frente a los patronos y, de hecho, pone fin a la jornada semanal de 35 horas, una conquista laboral histórica.
Relacionado dicho aspecto, la Asamblea votó en una de las sesiones un texto para crear zonas turísticas, en las cuales los comercios podrían abrir domingos y días laborables hasta tarde.
Una enmienda de varios miembros del gubernamental Partido Socialista (PS), para delegar en los alcaldes la facultad de establecer estas zonas, fue rechazada.
Este principio era importante para la Alcaldía de París, pero Macron estimó que las zonas son "importantes para la actividad y para el crecimiento de Francia".
A juicio de la alcaldesa de la urbe, Anne Hidalgo, se trata de una "intromisión del Estado en el poder del ejecutivo local" en nombre de la extensión del turismo.
Sindicatos de trabajadores opinan el proyecto en general sólo aumentaría la precarización del empleo en beneficio de las empresas. El proyecto significa más libertad para la patronal y menos derechos para los trabajadores, afirman.
También argumentan que no generará puestos ni aportará respuesta alguna al aumento de la desocupación, a la disminución del poder adquisitivo o al crecimiento de las desigualdades, sino que agravará la crisis.
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