PANAMÁ.- La empresa Cobranzas del Istmo, perteneciente a dueños desconocidos,
recibió 47,1 millones de dólares en comisiones entre 2010 y 2014 por
cobros de impuestos a supuestos morosos, lo que fue denunciado ante el
Ministerio Público.
Los hechos ocurrieron durante la administración de Ricardo Martinelli
(2009-2014), cuando el entonces director de la Autoridad Nacional de
Ingresos, Luis Cucalón, contrató a la entidad, de la cual dijo
recientemente a los medios de prensa no conocer a quien pertenece.
El pasado mes de enero, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentó una denuncia penal contra Cucalón, al que acusa del delito de falsedad ideológica por señalar en el contrato con Cobranzas del Istmo que se tramitó la excepción de acto público, cuando en realidad no se hizo tal solicitud.
En la querella se solicitó la detención preventiva del exdirector de impuestos, pero hasta el momento la Fiscalía no lo llamó a indagatoria, ni tampoco formuló cargos.
En una presentación pública en Telemetro Reporta, Cucalón defendió que actuó con apego a la ley y que sus superiores Dulcidio De la Guardia (actual ministro de Economía) y el exministro Alberto Vallarino, avalaron la tercerización del cobro de impuestos.
Desde septiembre de 2014, el MEF advirtió que cancelaba el mencionado contrato y aseguró que el actual Gobierno no ejecutará el cobro de los impuestos a través de la empresa privada.
La Fiscalía Cuarta Anticorrupción y la actual Dirección General de Impuestos realizaron el cierre y allanamiento a las oficinas de Cobranzas, y ocuparon los libros contables de la empresa y las computadoras.
El rotativo La Estrella de Panamá publicó a mediados de abril, documentos que comprometen en el caso a Vallarino, quien negó su vinculación con la negociación que se le otorgó de manera directa a la mencionada firma.
Facsímiles de los originales confirman que Vallarino y la entonces contraladora Gioconda Torres, conocían del proceso.
El presidente panameño, Juan Carlos Varela, se refirió este sábado al tema y dijo que es inaceptable que por una llamada al Aeropuerto de Tocumen para cobrar una deuda de 70 millones, una empresa privada reciba una comisión de 20 millones.
La terminal aérea, propiedad del Estado, pagó en 2013 de manera voluntaria los impuestos morosos que tenía pendientes desde la creación de la empresa, declaró al diario La Prensa, Temístocles Rosas, vicepresidente de Administración y Finanzas de Tocumen, S.A.
Pero en la medida que avanza la búsqueda en la Dirección General de Ingresos (DGI), se descubren nuevas irregularidades como la denunciada por el titular Publio Cortés, quien aseguró que desde octubre de 2013 Cobranzas accedió a las cuentas de todos los contribuyentes.
Esto supone "una violación total al régimen de privacidad de la información de los ciudadanos, que es clave en nuestro sistema jurídico", dijo Cortés, quien responsabilizó directamente a Cucalón de lo que pueda suceder con la información entregada.
Según el artículo 722 del Código Fiscal panameño, "no se podrá divulgar en forma alguna la cuantía o fuentes de entradas o beneficios, ni las pérdidas, gastos o algún otro dato relativo a ello que figuren en las declaraciones del contribuyente".
Costés dijo a la prensa que llegó a la conclusión de que "había un plan oscuro en marcha para destruir a la DGI y justificar la cobranza privada".
El diario El Siglo, señaló, sin más comentarios, la coincidencia de que en el edificio donde funciona Cobranzas en esta capital, durante el anterior Gobierno operaba un supuesto centro de llamadas que utilizaba el entonces oficialista Cambio Democrático para atacar a sus detractores políticos.
Este nuevo escándalo se une a una cadena de presunta corrupción, en la cual están señalados importantes cargos de la administración de Martinelli, e incluso hasta el propio expresidente.
Igualmente hay denuncias contra magistrados, jueces, diputados y empresarios por irregularidades, que de demostrarse responsabilidad en los mismos, pueden constituir delitos.
La presión de medios de prensa y por esa vía de la opinión pública panameña, condicionan actualmente el escenario jurídico nacional a no detenerse frente a los constantes hechos denunciados.
Prueba de ello fue la reciente condena de cárcel por delitos de corrupción, contra el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Alejandro Moncada Luna.
Pero tal vez estimulados por las acciones judiciales, con frecuencia aparecen nuevas acusaciones, aunque curiosamente la prensa recibe primicias, filtraciones o declaraciones, incluso a veces antes de la investigación oficial, lo que analistas interpretan como un síntoma de desconfianza en el sistema.
El pasado mes de enero, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentó una denuncia penal contra Cucalón, al que acusa del delito de falsedad ideológica por señalar en el contrato con Cobranzas del Istmo que se tramitó la excepción de acto público, cuando en realidad no se hizo tal solicitud.
En la querella se solicitó la detención preventiva del exdirector de impuestos, pero hasta el momento la Fiscalía no lo llamó a indagatoria, ni tampoco formuló cargos.
En una presentación pública en Telemetro Reporta, Cucalón defendió que actuó con apego a la ley y que sus superiores Dulcidio De la Guardia (actual ministro de Economía) y el exministro Alberto Vallarino, avalaron la tercerización del cobro de impuestos.
Desde septiembre de 2014, el MEF advirtió que cancelaba el mencionado contrato y aseguró que el actual Gobierno no ejecutará el cobro de los impuestos a través de la empresa privada.
La Fiscalía Cuarta Anticorrupción y la actual Dirección General de Impuestos realizaron el cierre y allanamiento a las oficinas de Cobranzas, y ocuparon los libros contables de la empresa y las computadoras.
El rotativo La Estrella de Panamá publicó a mediados de abril, documentos que comprometen en el caso a Vallarino, quien negó su vinculación con la negociación que se le otorgó de manera directa a la mencionada firma.
Facsímiles de los originales confirman que Vallarino y la entonces contraladora Gioconda Torres, conocían del proceso.
El presidente panameño, Juan Carlos Varela, se refirió este sábado al tema y dijo que es inaceptable que por una llamada al Aeropuerto de Tocumen para cobrar una deuda de 70 millones, una empresa privada reciba una comisión de 20 millones.
La terminal aérea, propiedad del Estado, pagó en 2013 de manera voluntaria los impuestos morosos que tenía pendientes desde la creación de la empresa, declaró al diario La Prensa, Temístocles Rosas, vicepresidente de Administración y Finanzas de Tocumen, S.A.
Pero en la medida que avanza la búsqueda en la Dirección General de Ingresos (DGI), se descubren nuevas irregularidades como la denunciada por el titular Publio Cortés, quien aseguró que desde octubre de 2013 Cobranzas accedió a las cuentas de todos los contribuyentes.
Esto supone "una violación total al régimen de privacidad de la información de los ciudadanos, que es clave en nuestro sistema jurídico", dijo Cortés, quien responsabilizó directamente a Cucalón de lo que pueda suceder con la información entregada.
Según el artículo 722 del Código Fiscal panameño, "no se podrá divulgar en forma alguna la cuantía o fuentes de entradas o beneficios, ni las pérdidas, gastos o algún otro dato relativo a ello que figuren en las declaraciones del contribuyente".
Costés dijo a la prensa que llegó a la conclusión de que "había un plan oscuro en marcha para destruir a la DGI y justificar la cobranza privada".
El diario El Siglo, señaló, sin más comentarios, la coincidencia de que en el edificio donde funciona Cobranzas en esta capital, durante el anterior Gobierno operaba un supuesto centro de llamadas que utilizaba el entonces oficialista Cambio Democrático para atacar a sus detractores políticos.
Este nuevo escándalo se une a una cadena de presunta corrupción, en la cual están señalados importantes cargos de la administración de Martinelli, e incluso hasta el propio expresidente.
Igualmente hay denuncias contra magistrados, jueces, diputados y empresarios por irregularidades, que de demostrarse responsabilidad en los mismos, pueden constituir delitos.
La presión de medios de prensa y por esa vía de la opinión pública panameña, condicionan actualmente el escenario jurídico nacional a no detenerse frente a los constantes hechos denunciados.
Prueba de ello fue la reciente condena de cárcel por delitos de corrupción, contra el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Alejandro Moncada Luna.
Pero tal vez estimulados por las acciones judiciales, con frecuencia aparecen nuevas acusaciones, aunque curiosamente la prensa recibe primicias, filtraciones o declaraciones, incluso a veces antes de la investigación oficial, lo que analistas interpretan como un síntoma de desconfianza en el sistema.
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