ATENAS.- El primer ministro
griego, Alexis Tsipras, se comprometió hoy ante los alcaldes y
gobernadores regionales del país a revocar cuanto antes el polémico
decreto que obliga a las entidades públicas a prestar al Estado sus
reservas en efectivo, una medida destinada a hacer frente a los
problemas de caja inmediatos.
Tsipras recibió hoy a los alcaldes y gobernadores regionales en un
intento de calmar la ira que el citado decreto ha suscitado en los
municipios y regiones.
"Tuvimos una reunión constructiva y útil con el primer ministro. Nos
dijeron que la medida es una acción de emergencia y temporal que pronto
será eliminada mediante la correspondiente enmienda en el Parlamento",
dijo Kostas Agorastos, jefe de la Asociación Regional de Grecia (ENPE)
tras la reunión.
"Como (Tsipras) habló con claridad y explicó que la medida es una
herramienta que requiere el país para concluir las negociaciones,
ayudaremos al Gobierno", dijo Agorastos, quien recalcó que para los
gobernadores es importante que el decreto no se convierta por principio
en una práctica habitual.
La reunión se celebró pocas horas después del debate tumultuoso en el
Parlamento, en el que los partidos del gobierno y los de la oposición
se enzarzaron en reproches e insultos mutuos.
Finalmente el decreto ley fue aprobado por 156 votos a favor y 104 en contra.
El controvertido decreto contempla que todas las entidades públicas,
con excepción de la Seguridad Social, deben transferir sus reservas
líquidas al Banco de Grecia para que el Estado pueda recurrir a ellas
por un periodo de máximo 15 días.
Con está medida, que previsiblemente aportará a las arcas hasta 3.000
millones de euros, el Gobierno pretende cubrir las necesidades más
urgentes del Estado.
Los problemas de liquidez son cada vez más patentes al no haberse
logrado todavía cerrar las negociaciones entre Grecia y sus acreedores
para desbloquear el último tramo del rescate por valor de 72.000
millones de euros.
El viceministro de Finanzas, Dimitris Mardas, reconoció ayer que en
mayo las necesidades financieras ascienden a 4.000 millones de euros, de
los que casi 1.000 millones corresponden a pagos al Fondo Monetario
Internacional, y otro tanto al abono de salarios y pensiones.
El Gobierno ha recalcado que los préstamos se efectuarán al interés
vigente en el Banco de Grecia, es decir el 2,5 %, y no al 1 % que
pagarían los bancos comerciales si el dinero se depositara allí.
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