CARTAGENA.- El expresidente de
los inspectores de Hacienda en España, Julio Ransés, ha cuantificado hoy
en 200.000 millones de euros anuales la cantidad que el Estado deja de
ingresar como consecuencia de la economía sumergida.
Ransés, presidente de la Organización Profesional de Inspectores de
Hacienda del Estado hasta el mes pasado, ha dado esa cifra en Cartagena,
donde ha pronunciado una conferencia sobre el fraude fiscal y sus
consecuencias socioeconómicas.
En declaraciones a los periodistas, el inspector ha subrayado que
diversos análisis sitúan entre el 19 y el 23 por ciento el nivel de
economía sumergida en España, lo que supone que las arcas públicas dejan
de recaudar esos 200.000 millones de euros anuales.
Las tramas de IVA, ha dicho, son uno de los principales campos para
el fraude, a lo que se suma la problemática de los impagos, ya que se
calcula que cada año Hacienda no recauda unos 15.000 millones de euros
que son liquidados a través de ese impuesto, pero no pagados.
También ha insistido en el problema de grandes empresas y
multinacionales que se acogen a resquicios, "a veces incluso legales
aunque no éticos", para no tributar en España.
En ese sentido, ha subrayado la necesidad de arbitrar mecanismos
"desde la cooperación internacional" para evitar, o al menos paliar,
esas prácticas, evitando territorios en los que no se tribute, al menos
dentro de la UE, y países con secreto bancario.
Desde España, ha indicado, se pueden tomar medidas unilaterales para
que esas ventajas fiscales desaparezcan, pero es importante que el resto
de países se sumen también a esa lucha contra el fraude para evitar que
el capital se desplace a otros territorios.
Por otra parte, ha hecho hincapié en la necesidad de dotar de más
recursos humanos y materiales a la Agencia Tributaria, que es "la
segunda administración peor dotada de la UE comparativamente".
Según ha explicado, por cada euro que se invierte en ese organismo
para impulsar la inspección y recaudación, se recauda entre 14 y 15
euros, por lo que sorprenden las medidas de reducción de gastos en la
Agencia Tributaria.
En cuanto a la amnistía fiscal, ha subrayado que "ningún inspector de
Hacienda puede estar de acuerdo" con esa medida porque "es injusta para
quienes cumplen con su deber, que son la mayoría", y ha considerado que
"seguramente ni siquiera el ministro se sentirá orgulloso".
La amnistía, ha dicho, se llevó a cabo en un contexto en el que hacía
falta recaudar más recursos y el fraude "se había disparado", sin
embargo, en su objetivo recaudatorio, afloraron 1.200 millones de euros,
la mitad de lo esperado, por lo que "no se puede hablar de éxito".
En cuanto a la recuperación de bienes ocultos, la cifra es de 40.000
millones de euros, una cantidad que "no es baladí", pero que se podría
triplicar, hasta los 120.000 millones, con una medida adicional y que no
depende de la amnistía fiscal como es la obligación de declarar los
bienes en el extranjero.
Grandes fortunas en el extranjero, como las de Jordi Pujol o Rodrigo
Rato, ha recordado, no han aflorado a consecuencia de la amnistía
fiscal, sino fruto de una denuncia, la primera, y de una investigación
de su declaración de bienes, la segunda.
En cuanto a la posibilidad de publicar las personas que se acogieron a
la amnistía o las listas de defraudadores, ha señalado que actualmente
es ilegal, si bien ha insistido en la necesidad de aumentar la
transparencia y buscar un "equilibrio oportuno" entre la publicación de
datos y el derecho a la intimidad.
No hay comentarios:
Publicar un comentario