ATENAS.- Grecia no consigue
salir por ahora del atolladero de las negociaciones con sus acreedores,
que han vuelto a estancarse en un momento en el que el Gobierno de
Atenas confiaba en una señal positiva que permitiera una primera
inyección de liquidez.
Según fuentes gubernamentales citadas por los medios locales, las
conversaciones en el denominado Grupo de Bruselas quedaron suspendidas
el sábado -hoy solo se informará a las respectivos niveles superiores- y
se reanudarán el lunes, con el objetivo de lograr un principio de
acuerdo el miércoles.
Aunque en los últimos días ambas partes han hablado de avances, la
última información filtrada por los medios locales es que las
conversaciones han sufrido un parón por la insistencia de los socios en
temas laborales.
Los representantes de las denominadas instituciones formadas por la
Comisión Europea (CE), el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo
Monetario Internacional (FMI) insisten aparentemente en exigir la
liberalización del despido y en rechazar los planes del Gobierno griego
de restaurar la negociación colectiva.
Fuentes gubernamentales hablan de una actitud "incomprensible" de las
instituciones en estas cuestiones, que junto a la restauración a medio
plazo del salario mínimo y de la paga extraordinaria de las pensiones
más bajas, conforman las "líneas rojas" que el Gobierno griego dice no
estar dispuesto a cruzar.
"Nuestras líneas rojas no son solo medidas de justicia social, sino
acciones necesarias para que la economía salga de la recesión", insistió
este fin de semana el portavoz del Gobierno, Gavriil Sakelaridis, en
una entrevista con el diario económico Agorá.
Grecia había apostado por obtener hasta hoy al menos un acuerdo de
mínimos que permitiera al Eurogrupo emitir un primer informe positivo
con vistas a la próxima reunión del BCE el miércoles.
En esta reunión, según citan varios medios al miembro del consejo de
Gobierno del BCE, Benoit Querrey, el banco emisor podría elevar el
umbral de letras a corto plazo que Grecia tiene permitido emitir, cuyo
techo actual es de 15.000 millones de euros, límite alcanzado ya el año
pasado.
Este aumento constituiría un pequeño balón de oxígeno, pues
actualmente toda subasta de letras del Tesoro solo sirve para sustituir
títulos que vencen, pero no para obtener liquidez adicional.
En la citada entrevista Sakelaridis aseguró que por el momento no hay
problemas para hacer frente al pago de salarios y pensiones.
No obstante, aseguró que en caso de plantearse la disyuntiva entre
cumplir los compromisos financieros internacionales y abonar salarios y
pensiones, el Gobierno optaría por lo segundo.
Según informaciones del dominical To Vima, Grecia ha presentado a sus
socios un paquete de medidas por valor de 2.600 millones de euros.
En este plan estarían incluidos, por ejemplo, un impuesto especial
del 5 % en los hoteles de cinco estrellas y del 3 % en restaurantes y
clubes en Mykonos, Santorini y otras grandes islas del mar Egeo, a
cambio de mantener el tipo reducido del IVA vigente en estas islas.
Para mejorar la recaudación del IVA, uno de los principales focos del
fraude fiscal, Atenas propone obligar a pagar con tarjeta todos los
pagos superiores a los 70 euros en las islas del mar Egeo con
poblaciones superiores a las 4.100 personas.
Otra de las iniciativas, avanzadas esta semana por el ministro de
finanzas, Yanis Varufakis, tiene por objeto recuperar dinero de los
depósitos en el extranjero mediante una amnistía fiscal.
Por otra parte, según To Vima, el Gobierno parece estar dispuesto a
reducir el número de contrataciones en el sector público que tenía
previsto para este año, con excepción del sector sanitario y la
educación.
Además, habría aceptado a dejar para el año que viene la abolición
del impuesto sobre bienes inmuebles ENFIA, cuya introducción por el
Gobierno anterior desencadenó una ola de protestas, y que el Ejecutivo
de Alexis Tsipras pretendía reformar drásticamente en los próximos
meses, dejándolo solo para las propiedades con un valor superior a los
300.000 euros.
Un éxito de las negociaciones con los acreedores desbloquearía el
desembolso del tramo final del rescate por un total de 7.200 millones de
euros, pero no resolvería los problemas de liquidez de Grecia.
Entre mayo y finales de julio Grecia tiene que devolver prácticamente
la misma cantidad al FMI y al BCE en préstamos y vencimiento de bonos.
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