MADRID.- Al acercarse las elecciones
generales en España, los jubilados se movilizan y expresan su
indignación: se trata de antiguos emigrantes que regresaron al país para
vivir su vejez y que son ahora acosados por el fisco.
Debido a la
crisis económica de 2008, el Estado hizo todo lo posible para llenar
sus arcas. Desde 2013, el fisco ha descubierto un nuevo filón: reclama
pago de impuestos atrasados a centenares de miles de emigrantes que
retornaron al país, concediéndoles en muchos casos un plazo de solamente
15 días para pagar sus deudas.
"A esta gente se le hizo un daño
moral y económico" se indigna Eva Foncubierta, la presidenta de la
Federación española de asociaciones de emigrados retornados (FEAER).
"Son personas que han hecho mucho por el desarrollo de España, que han
contribuido mucho, es un trato que no se merecían" se lamenta esta
andaluza, cuyos padres emigraron a Holanda y se hallan ahora atrapados
en las redes del fisco español.
Foncubierta estima en unas 800.000
el número de personas afectadas en España, de las que 145.248 ya han
regularizado su situación al pagar un importe total de 309 millones de
euros al fisco, según datos divulgados por el ministerio del Presupuesto
a fines de julio.
"Es un robo y
una injusticia" denuncia Miguel Martínez, que trabajó en París de 1964 a
1974 y cobra por ello una jubilación francesa de 330 euros por mes.
El
año pasado tuvo la mala sorpresa de recibir una carta recomendada en la
que se exigía el pago de impuestos atrasados, cubriendo un período de
cinco años, equivalentes a 4.000 euros, una tercera parte de sus
ingresos anuales totales. "A mi se me descontaba 85 euros al año por la
pensión española de 11.700 euros anuales.
Martínez está aún más furioso porque
dice tener en su poder un escrito de Hacienda de 2011 que certifica que
su jubilación francesa no era imponible.
"Es imposible que haya
800.000 personas, y menos de esa edad, que se planteen defraudar a
Hacienda sin declarar las pensiones extranjeras," afirma Foncubierta,
que lamenta que el fisco genere estos problemas financieros a estos
jubilados.
Es lo que ha ocurrido con Juan Antonio Pichel, que se encontró con la obligación de pagar 8.000 euros en dos
semanas. "Tuve que ir al banco a pedir un préstamo" dice este antiguo
emigrante en Suiza.
Ante esta situación, numerosas asociaciones de
defensa de antiguos emigrantes se han creado en regiones de fuerte
emigración, como Andalucía o Galicia.
Estas diferentes
asociaciones obtuvieron un primer éxito en el otoño pasado. Hacienda se
comprometió a no poner multas por retrasos y devolver las que ha fueron
cobradas, un total de 20 millones de euros.
A fines de julio, el
ministerio de Presupuesto confirmaba haber devuelto 13 millones de euros
en multas a 32.414 personas. "Pero como las personas mayores deben
hacer por sí mismas estos trámites, quedan siete millones que no han
sido reclamados" se lamenta Foncubierta.
Al acercarse las elecciones legislativas de fin de año, la movilización de estos jubilados se acentúa.
"Vamos
a aprovechar ahora que hemos entrado de lleno en un período electoral,
para pedir un trato especial" afirma Foncubierta, que recuerda que los
jubilados españoles son imponibles solamente a partir de un ingreso
anual superior a 22.000 euros, a condición de que tengan un única fuente
de ingresos.
Sin embargo, recuerda la presidenta de la FEAER, el
fisco considera que las jubilaciones de base y las complementarias,
incluso procedentes de un mismo país, constituyen dos ingresos
diferentes, lo que genera una reducción del umbral imponible a 11.200
euros.
"Pedimos que las pensiones sean consideradas como un ingreso único" explica Maruchi Alvarez, portavoz de una asociación gallega.
De
momento, Foncubierta lanza este mensaje a los jubilados que contemplan
volver a España: "Aconsejamos al que quiera volver que se interese antes
para saber como va a quedar el tema de impuestos, porque se pueden
llevar sorpresas".
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