ASUNCIÓN.- El ministro de
Relaciones Exteriores de Paraguay, Eladio Loizaga, dijo que "si
hubiese tenido voluntad, el Gobierno italiano hace tiempo que hubiese
resuelto" la demanda en contra del país suramericano que mantiene una
empresa italiana por una "deuda espuria" de unos 80 millones de dólares.
Loizaga comunicó a la prensa que Paraguay entregó a las
autoridades italianas su posicionamiento sobre la demanda por el caso
conocido como "Gramont Berres", una estafa internacional perpetrada en
contra del Estado paraguayo por un sobrino político del dictador Alfredo
Stroessner, que gobernó entre 1954 y 1989.
Nombrado embajador "itinerante" en Ginebra por Stroessner, el
uruguayo Gustavo Gramont Berres, con una garantía falsificada realizada
por él mismo supuestamente en nombre del Estado y un reaseguro otorgado
por la italiana SACE (Sezione Especiale per l'Assicurazione del Crédito
all'Esportazione) recibió préstamos por valor de unos 80 millones de
dólares.
El Estado paraguayo y la empresa italiana SACE fueron demandados ante
los tribunales suizos por un sindicato de 10 bancos que habían otorgado
préstamos a las empresas "Lapachos" y "Rosi", de Gramont Berres.
"Para el Gobierno paraguayo esto sigue siendo una estafa, que se
realizó en connivencia directa con directivos de la SACE en su
oportunidad. Esto está probado judicialmente en los Tribunales de Suiza y
también en los Tribunales italianos", dijo Loizaga.
La acción judicial de los bancos contra Paraguay se lleva a cabo en Washington, Estados Unidos.
"Si bien se señala que la SACE no tiene más relación con el Gobierno
italiano, sí tiene todavía relación, porque el Gobierno tiene una parte
accionaria en la SACE", expresó el canciller paraguayo
tras su reunión con la embajadora italiana en Asunción, Antonella
Cavallari.
"Porque la SACE cuando estaba en poder del Gobierno italiano inició
una demanda criminal contra sus directivos por esta estafa que se hizo
entre el señor Gramont Berres y directivos de la SACE en aquel
entonces", agregó Loizaga.
El uruguayo Gustavo Gramont Berres, quien ya fue encarcelado por
intento de estafa contra el Estado y alteración de documento público,
recibió entre 1986 y 1987 del banco europeo Overlang Trust dos créditos,
con la aparente garantía del Estado paraguayo y pese a que el contrato
respectivo nunca fue aprobado por el Parlamento de Asunción, como
establecen las leyes locales.
Los proyectos de inversión ideados por Gramont quedaron en la nada y
la amortización de los préstamos también, lo que ya ha dado lugar a
varias reclamaciones internacionales a Paraguay, cuyas autoridades han
rechazado cualquier responsabilidad oficial en las deudas asumidas por
aquel.
Loizaga reiteró que Paraguay "en ningún momento ha reconocido ese
crédito, porque es grosera la supuesta garantía que se incluyó".
Además destacó que este episodio "de ninguna manera va alterar las
excelentes relaciones que el Paraguay mantiene con Italia, y que
personalmente procurará reunirse próximamente con su colega italiano,
Paolo Gentiloni, en Nueva York".
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