ANDORRA.- Los accionistas mayoritarios de Banca Privada d'Andorra
(BPA), los hermanos Ramon e Higini Cierco, han alertado al Tesoro de
Estados Unidos sobre prácticas del Gobierno del Principado que ponen en
duda la reputación de todo el sistema financiero del país.
En el escrito remitido el pasado viernes al FinCen (el
organismo del Tesoro que lucha contra el fraude financiero) denuncian
que un año y 14 días antes de que se prohibiera al banco operar en
dólares en los mercados internacionales, habían mandado varios informes
al Instituto Nacional Andorrano de Finanzas (INAF) en los que se ponía
en conocimiento a la institución dependiente del Ejecutivo de los casos
que después propiciaron la denuncia tal y como marcaba la legislación
vigente en el país.
Cuando EEUU emitió la nota que alertaba de los presuntos
casos penales que afectaban a la entidad el pasado marzo, los
accionistas mayoritarios de BPA alegan que se volvieron a poner a
disposición de las autoridades para colaborar “con la máxima
transparencia” en todos los procesos que se pudieran poner en marcha
para limpiar el buen nombre de la entidad y de la banca andorrana.
El organismo dependiente del Gobierno de Antoni Martí
nunca compartió esa información con el FinCen, según han podido
demostrar los asesores legales de los Cierco. El Ejecutivo sólo se
centró en intervenir BPA y poner en marcha un proceso para liquidar el
banco y vender los activos sanos a un tercero. Se trata de una actuación
que toda la comunidad financiera del país considera sospechosa y basada
en razones que nada tienen que ver con los hechos.
Los documentos que tiene en su poder el INAF desde el 24
de mazo de 2014 hace referencia a los fondos que habían abierto en la
entidad ciudadanos chinos que después fueron acusados en el caso Emperador; rusos vinculados con el caso Clotilde y venezolanos salpicados en el caso Petróleo. Los tres casos más graves que identificó el Tesoro de EEUU.
Por todo ello, el recurso firmado por el letrado Eric L.
Lewis pide al FinCen que inste a las autoridades andorranas a “frenar el
plan de resolución” y que todas las partes --regulador estadounidense,
las autoridades andorranas y los accionistas mayoritarios-- trabajen
juntos en la búsqueda de una solución al proceso actual que evite un
“prolongado y malgastador contencioso”.
Remarca que incluso la auditoría que aún se realiza sobre
los activos de BPA desde hace seis meses no ha podido identificar
ninguna irregularidad en el seno de la entidad.
La base de la demanda de los Cierco es otro proceso
iniciado por el Tesoro de EEUU para penalizar a un banco de Tanzania que
opera principalmente en Chipre, FBME Bank, cuyas acusaciones son mucho
más graves que las que pesan sobre BPA.
Un juez del distrito de Columbia (Washington DC) suspendió el castigo
a la entidad el día antes de que entrara en vigor porque consideraba
que se habían vulnerado los derechos del banco en el proceso. Consideró
que estaba en desventaja respecto al FinCen porque gran parte de la
información que se había obtenido para emitir la final rule, la prohibición de operar con dólares, eran documentos clasificados a los que el Tesoro había accedido a través de la Patriot Act y que los gestores de FBME Bank desconocían, por lo que no se podían defender en igualdad de condiciones.
Es la primera vez que se cuestiona esta norma, que da
carta blanca al Gobierno de EEUU y todos sus organismos dependientes a
usar libremente toda la información que discurre por el país para luchar
contra el terrorismo internacional. La ley se impulsó tras el atentado
terrorista contra las Torres Gemelas.
Los accionistas de BPA consideran que sus derechos también
fueron vulnerados el pasado marzo y que su caso es peor, ya que el
banco del Principado está intervenido y su principal participada, Banco
Madrid, al borde de la liquidación en España. Por el momento han
reclamado ante el FinCen para intentar pactar una solución, pero avisan
de que iniciarán un proceso legal en el mismo sentido que FBME Bank si
no se llega a un acuerdo antes de fin de mes. El tiempo es importante.
Cuando más pase, menos posibilidades tienen de recuperar el control de
la entidad.
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