BRUSELAS.- La Unión Europea propuso este
miércoles crear un tribunal especial para resolver litigios sobre
inversiones en el marco del tratado de libre comercio que negocia con
Estados Unidos, como alternativa a los criticados tribunales arbitrales.
"Proponemos
un nuevo sistema que se parezca a un tribunal de justicia, un nuevo
tribunal con jueces calificados", que serán nombrados por ambas partes,
indicó la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmstrom, al presentar
el proyecto en Bruselas. "Debemos crear los mismos elementos que los
que permiten a los ciudadanos tener confianza en sus tribunales
nacionales", afirmó.
Este nuevo tribunal, según la propuesta de la
Comisión, estará compuesto de un tribunal de primera instancia y una
cámara de apelaciones.
La UE y Estados Unidos negocian desde 2013
un tratado de libre comercio que, de concretarse, crearía la mayor área
de libre comercio del mundo. El objetivo es cerrar el acuerdo en 2016.
Uno de los puntos que bloquean la negociación es el de los tribunales arbitrales, conocidos como ISDS (Investor state dispute settlement). Los estadounidenses exigen estos
procedimientos, que permiten pasar por encima de las jurisdicciones
nacionales. Por eso, sus críticos los consideran una puerta para que las
multinacionales puedan ignorar las políticas públicas.
La
querella presentada en 2010 por Philipp Morris contra Uruguay, que
aumentó el tamaño de las advertencias sanitarias en los paquetes de
cigarrillos, suele ser citado como un ejemplo por los detractores de
este mecanismo.
Alemania se opone a estos tribunales, pero España
está a favor e incluye generalmente esas cláusulas en las inversiones de
sus multinacionales en terceros países, lo que le permitió por ejemplo a
la petrolera Repsol recuperar su inversión tras la expropiación de YPF por Argentina.
Para
evitar que las multinacionales ignoren las políticas públicas, "el
derecho de los gobiernos a reglamentar estará inscrito y garantizado en
las disposiciones de los acuerdos de libre comercio", subrayó Malmstrom.
En
el acuerdo, también se incluyen garantías que precisan que los
gobiernos respetarán "algunos principios fundamentales sobre el trato a
los inversores extranjeros".
Los inversores podrán entablar
acciones legales si se estiman víctimas de "discriminación sexual,
racial, vinculada a la religión, la nacionalidad, la expropiación sin
indemnización o la denegación de justicia", precisó la Comisión en un
comunicado.
"Lo que estamos proponiendo es un sistema de justicia pública, no una justicia privada", señaló Malmstrom.
La
propuesta detalla que el tribunal de primera instancia podría llegar a
tener quince jueces, cinco de la UE, cinco de EEUU y cinco de terceros
países, de competencias y calificaciones similares a las que se
requieren para ser miembro de la Corte Internacional de Justicia o del
Órgano de Apelación de la Organización Mundial del Comercio (OMC). "Este
es un cambio fundamental con respecto al sistema del ISDS que opera con
(...) árbitros escogidos por las partes en litigio", según la Comisión.
La
propuesta debe ahora ser discutida con el Parlamento Europeo y los
Estados miembro de manera informal, para hallar una posición común antes
de continuar la negociación con Washington.
Las primeras
reacciones fueron tibias. El lobby europeo de empresas Businesseurope
dijo que prefería el sistema ISDS y advirtió a la Comisión de que el
proyecto podría resultar muy complicado para la mayoría de las
compañías. "Entendemos que la intención es tener un sistema más
transparente, pero tenemos que ser cuidadosos de no introducir
demasiadas condiciones que limiten las protecciones y dejen un sistema
imposible de utilizar en la práctica", señaló en un comunicado.
El
grupo de los Verdes de la Eurocámara consideró el proyecto como una
"cortina de humo", que sólo cambia el nombre, pero no el fondo del
sistema.
La ONG ambientalista Greenpeace criticó el plan, por
considerar que establece un "sistema judicial de dos velocidades: una
justicia de privilegio para las multinacionales para proteger sus
intereses privados y una justicia para los ciudadanos y las pequeñas y
medianas empresas".
Según la UNCTAD (Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Comercio y Desarrollo), en 2014 se iniciaron 42 arbitrajes,
de los cuales 35 fueron entablados por inversores de países
desarrollados, en un 60% de los casos contra países en desarrollo.
La
cantidad de casos conocidos por los que se alcanzó un arbitraje
asciende, según la UNCTAD, a 356. Los países más demandados son
Argentina (56 casos conocidos), Venezuela (36) y República Checa (29).
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