MADRID.- La participación de España en
el Banco Asiático de Inversiones en Infraestructuras (BAII) como socio
fundador permitirá que las empresas españolas que quieran invertir en el
continente cuenten con una "fuente de financiación suplementaria", una
de las principales ventajas de la entrada en la entidad desde el primer
momento.
Así lo señala el Gobierno en respuesta al portavoz adjunto de
Economía del PSOE en el Congreso, Antonio Hurtado, quien preguntó por
escrito al Ejecutivo por las condiciones y objetivos perseguidos con la
decisión de formar parte del grupo de 20 países no regionales fundadores
del BAII.
En su respuesta, el
Gobierno explica que con la firma del convenio constitutivo de la
entidad el pasado mes de junio, España se "posiciona de manera
favorable" para participar en los órganos del banco y, por tanto, en sus
decisiones, además de beneficiarse en término de número de votos y de
participación en la definición de las principales características del
banco durante el periodo transitorio.
Pero, además, la presencia española en los órganos de dirección
del BAII "facilitará que las empresas españolas que operan en el área
tengan posibilidad de disponer de una fuente de financiación
suplementaria", dad la "importancia de las obras y licitaciones sobre
infraestructuras en Asia" en la que están presentes compañías de nuestro
país y su "previsible aumento en un futuro próximo".
Tal y como se informó el pasado mes de julio, España suscribirá
1.761,53 millones de dólares del capital social de la institución,
equivalente al 1,76%. Y es que de los 100.000 millones de dólares
americanos de capital total autorizado (91.952,34 millones de euros),
los países no regionales copan un 25%, quedando el 75% restante en manos
de países de Asia y Oceanía.
El nuevo banco promoverá el desarrollo sostenible de Asia,
concentrándose en la financiación de infraestructuras de energía,
transporte y telecomunicaciones, así como en la financiación de
proyectos para el desarrollo urbano y rural y la conservación del medio
ambiente en la región.
La institución proporcionará apoyo financiero a proyectos en los
países asiáticos mediante la concesión de préstamos, inversiones en
capital o concesiones de garantías o avales. Funcionará en estrecha
colaboración con otros bancos de desarrollo multilaterales existentes,
como el Banco Asiático de Desarrollo o el Banco Mundial.
Aunque el convenio constitutivo para participar en la institución
se firmó el pasado mes de junio, el Parlamento debe aún ratificar el
acuerdo, lo que posiblemente no ocurrirá hasta final de 2015 o
principios de 2016. Después, se empezará a pagar el capital suscrito,
aunque sólo se hará efectivo el 20% --unos 350 millones de dólares--
mientras el resto será capital exigible. El Gobierno tendrá 5 años para
financiar estos 350 millones, por lo que habrá cinco partidas
presupuestarias de 75 millones desde 2016.
Una vez que el banco empiece a funcionar, el Ejecutivo espera que
España cuente con un alta cuota de adjudicación de licitaciones, que
debería superar el 4% que suele conseguir al año en las del Banco
Asiático de Desarrollo dada la fuerza española en materia de
infraestructuras. Esto equivaldría a unos 400-500 millones de euros en
proyectos cada año.
En cualquier caso, el objetivo es que el banco empiece a funcionar
el año que viene, aunque no empezará a tomar grandes decisiones hasta
que todos los parlamentos hayan ratificado su participación.
Situará su sede en Pekín y contará con una plantilla de unas 700
personas elegidas por méritos, sin cuotas por países. La plantilla será
considerablemente más pequeña que otros bancos de desarrollo porque
pretenden reducir la burocracia y aumentar la eficiencia en la gestión.
Además, contará con un presidente y un comité de dirección.
Lo más probable es que el actual secretario general del
departamento encargado del establecimiento del banco, Jin Liqun, sea
elegido presidente en funciones de la institución.
Una vez constituido, el banco celebrará una asamblea anual de
accionistas donde se decidirán las inversiones y licitaciones, aunque
también se convocarán consejos de no residentes periódicamente formados
por doce sillas, nueve de países asiáticos y tres de países no
regionales, entre los que figura España. El reparto de las sillas es uno
de los asuntos a tratar en las próximas reuniones.
A esta iniciativa se han sumado ya más de 50 países entre los que
figuran muchos de la Unión Europea y otros no europeos como Brasil,
Sudáfrica y Egipto. Muchos otros han pedido formar parte de la
iniciativa, aunque ya no podrán hacerlo como países fundadores. Entre
ellos resaltan Estados Unidos y Japón, para los que se podría estudiar
una ampliación de capital selectiva del total del banco hasta los
130.000 millones, por ejemplo.
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