MONTEVIDEO.- La inseguridad es, hace años, la
principal preocupación de los uruguayos, que sienten que el problema se
ha agravado en los últimos tiempos. Según el diario El País "todos los días roban por lo menos una estación de servicio" y en 2015 fallecieron dos taxistas en asaltos.
Para
hacer frente a este problema el gobierno de Tabaré Vázquez, que asumió
en marzo, propuso un cambio que, argumenta, podría disminuir los robos
en la calle.
En la ley de Presupuesto Nacional enviado
recientemente al Parlamento, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)
propuso que se faculte al Poder Ejecutivo "a restringir el uso del
efectivo (...) en aquellas actividades comerciales en las que el riesgo
derivado de la utilización del efectivo justifique la adopción de tal
medida".
El artículo aclara que la finalidad de esa restricción es
"tutelar la integridad física de las personas que trabajan en dichas
actividades, así como de sus usuarios".
Y da el poder al gobierno
de habilitar a los establecimientos que así lo soliciten a restringir la
aceptación del efectivo para el cobro de sus operaciones.
La
medida, que debe ser aprobada por ambas cámaras del Poder Legislativo
para entrar en vigor, se da a conocer en un contexto de presión por
parte de algunos sectores que reclamaban esta iniciativa.
Uno de ellos es el de las empresas de taxis, que aumentaron sus
reclamos la semana última tras la muerte de un conductor a quien robaron
al final de su jornada laboral, cuando contaba sus ingresos del día.
El presidente de la gremial patronal del taxi, Oscar Dourado, aseguró a El País que 1.150 taxis ya tienen equipos para cobrar con tarjeta.
También
la Compañía Uruguaya de Transportes Colectivos S.A. (Cutcsa) viene
reclamando que se deje de usar dinero en efectivo en sus servicios de
ómnibus.
Según la Cutcsa, que traslada a 650.000 uruguayos cada
día, a pesar de que hace 10 años se incorporó la tecnología para usar
una tarjeta recargable, solo el 2% de los viajes se pagan de esta forma.
Por
su parte, los repartidores de bebidas, uno de los sectores que más
sufre asaltos en la calle, convocaron a un paro en marzo pasado para
exigir una nueva forma de cobranza que sustituya el efectivo.
La
Federación de Obreros y Empleados de la Bebida (FOEB) y el Centro de
Fabricantes de Bebidas sin Alcohol y Cervezas (CFB) buscan que los
comercios usen otras modalidades de pago como los cheques, las tarjetas,
los depósitos o los autos con cobrador automático.
Lo mismo
desean los dueños de estaciones de servicio, que recibieron con
beneplácito la nueva propuesta sobre el uso de efectivo, incluida en la
ley de Presupuesto.
Uruguay ya había dado pasos para reducir la cantidad de efectivo en
circulación con la aprobación, en abril de 2014, de la llamada ley de
Inclusión Financiera.
Esta norma prohibió que se pague en papel
moneda toda "operación de enajenación de bienes o prestación de
servicios" cuyo importe total sea igual o superior a US$4.400.
El
nuevo artículo de la ley de Presupuesto simplemente agrega incisos a
esta norma, cuyo nombre completo es: "Ley de acceso de la población a
servicios financieros y promoción del uso de medios de pago
electrónicos".
Pero aunque muchos comerciantes y empresarios den
el visto bueno a la desaparición del dinero en efectivo, existe un
problema. O más bien dos.
Según el Banco Central, "ningún
comercio, banco o acreedor puede oponerse a recibir un pago en
efectivo", algo que podría complicar los planes del gobierno.
La
economista Bibiana Lanzilotta del Centro de Investigaciones Económicas
de Uruguay (Cinve), sugirió a BBC Mundo que el gobierno posiblemente
busque limitar el uso de papel moneda en ciertas transacciones, pero no
prohibirlo del todo.
De todos modos un segundo problema, quizás
más relevante aún, es que según las propias estimaciones del MEF, cerca
de la mitad de los trabajadores uruguayos no cobra su sueldo a través de
una cuenta bancaria.
Eso significa que unas 800.000 personas no
tienen acceso a una tarjeta de crédito, lo que les dificultaría el uso
de aquellos servicios que funcionen principalmente con esta forma de
pago.
En mayo pasado, el subsecretario del MEF, Pablo Ferreri,
anunció la creación de un grupo de trabajo para estudiar de qué manera
se puede acelerar el uso de medios electrónicos de pago.
El
funcionario aseguró, no obstante, que la ley de Inclusión Financiera ya
había logrado mejorar varios aspectos, por ejemplo otorgando mayores
facilidades para la apertura de cuentas bancarias sin costo para las
empresas.
Ferreri
también dijo que se había logrado reducir los aranceles para las
empresas que utilizan estos medios de pago y que se abarataron las
transferencias.
El tema de los costos administrativos de usar tarjetas es uno de los que más preocupa a los empresarios.
Los emisores de tarjetas reciben comisiones equivalentes al 1,3% de la venta.
Además, tienen un plazo de cuatro días para pagarle a la empresa cada compra.
En el caso de las bebidas, los fabricantes (el CFB) acordaron hacerse cargo de los costos de transacción.
Pero en otros rubros el tema está abierto a discusión.
El
presidente de la Unión de Vendedores de Nafta (Unvenu), Daniel Añón,
advirtió que este tema se deberá resolver antes de poner en práctica la
restricción del efectivo.
Otro problema que enfrenta ese sector es
que en algunas estaciones de servicio la mayoría de los clientes no
tiene otra forma de pago que el papel moneda.
En ese sentido, el mayor desafío que enfrenta esta nueva propuesta del gobierno es cultural.
Según
las cifras del MEF, la vasta mayoría de uruguayos (cerca del 75%)
prefiere seguir usando efectivo o cheques, a pesar de tener otras
opciones.
Sólo el 12% del consumo se abona con tarjetas de crédito, mientras que otro 5% se paga con tarjeta de débito.
El resto -entre un 7% y 8%- son débitos automáticos.
Bibiana
Lanzilotta del Cinve dijo a BBC Mundo que a pesar de estos números el
uso de medios electrónicos de pago ha ido en aumento en el último año.
"Hay un acostumbramiento de la población a pagar en efectivo pero cada vez se nota más el cambio", aseguró.
Sin
embargo, la economista señaló que una de las limitaciones es que
todavía hay muchos comercios que no tienen la tecnología para aceptar
tarjetas, algo que podría estar relacionado con los costos de esas
transacciones.
En el gobierno admiten que todavía hay un largo camino por transitar, pero se muestran optimistas.
Señalan
que la cantidad de comercios preparados para recibir tarjetas se
triplicó desde 2011, y que cada mes entre 800 y 1.000 comercios
adquieren el sistema (llamado POS).
Según sus proyecciones, en dos
o tres años el 40% de las transacciones en Uruguay serán electrónicas,
una meta que seguramente dependa de cómo se apruebe e implemente esta
nueva ley.
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