LONDRES.- Fiscales italianos han acusado a
cinco trabajadores de la agencia de calificación crediticia Standard
& Poor's (S&P) y a uno de Fitch ratings de "inflingir daño
injustificado" por su papel en las rebajas de rating realizadas en 2011 y
2012, según recoge 'Financial Times'.
El diario señala que Italia, que tiene actualmente el mismo nivel
de solvencia que Kazajastán, se suma así al conjunto de demandas
globales que se han presentado en todo el mundo por el papel de las
agencias de calificación durante la crisis.
'Financial Times' resalta que lo inusual en este juicio celebrado
en Trani, al sur de Italia, es que se haya acusado a empleados
individuales además de a las agencias, aunque dado el tiempo que ha
pasado varios de ellos ya no trabajan ni en S&P ni en Fitch.
En este sentido, remarca que el pasado año el auditor estatal fue
objeto de burla por sugerir la reclamación de 200.000 millones de euros
por daños a las agencias al no tener en cuenta la historia, el arte y el
paisaje de Italia cuando se rebajaron los ratings.
Desde 2012, el rating soberano de Italia ha ido descendiendo hasta
situarse un escalón por encima de la categoría de 'bono basura' como
consecuencia del débil crecimiento económico y de una de las deudas más
elevadas del mundo.
A finales de septiembre, el juzgado de Trani decidió no aprobar la
petición de la defensa de trasladar el juicio a Roma o Milán. S&P y
Fitch han negado las acusaciones.
"Este caso está basado en el malentendido de nuestro papel, que es
apoyar la transparencia y la liquidez de los mercados aportando una
opinión independiente sobre la solvencia relativa, basada en nuestra
metodología pública y transparente", afirma S&P.
Por su parte, Fitch remarca que, como ha remarcado constantemente,
este caso no tiene ningún fundamento y seguirán defendiéndose de forma
enérgica. "Confíamos en que Fitch y nuestro personal será exonerado
cuando continúe el juicio", agrega.
'FT' recuerda que la mayoría de las demandas presentadas contra
las agencias han sido retiradas o rechazadas, aunque incide en que en
2012 un juzgado australiano consideró que S&P engañó a los
inversores al otorgar 'triple A' a derivados complejos y en que a
principios de este año acordó con el Departamento de Justicia de EEUU el
pago de 1.400 millones de dólares (1.249 millones de euros) para cerrar
acusaciones similares.
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