PARÍS.- La OCDE presentó hoy
un plan de acción para combatir la optimización fiscal de las empresas
multinacionales, que logran evitar legalmente el pago de entre el 4 % y
el 10 % de los ingresos recaudados en concepto de impuesto sobre
beneficios, es decir, entre 100.000 y 240.000 millones de dólares al
año.
"Lo que cada quien tendrá que hacer es pagar impuestos con los
beneficios que genere en el lugar donde los genere. El principio no es
muy difícil de entender, pero su aplicación es endiabladamente
compleja", comentó el secretario general de la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Ángel Gurría.
El documento responde a un mandato de los Estados miembros de la OCDE
y del G-20 para combatir la Erosión de la Base de Imposición y la
Transferencia de Beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés), es decir,
las grietas legales que aprovechan las grandes corporaciones para hacer
"desaparecer" sus beneficios o para transferirlos hacia países de baja o
nula fiscalidad.
Aunque existen prácticas ilícitas, la mayoría de las empresas se
atiene a herramientas legislativas que no se han adaptado correctamente a
"los desafíos que imponen la globalización y el siglo XXI", precisa la
OCDE, que califica el paquete de medidas como "el primer reajuste de
importancia de los estándares fiscales internacionales desde hace casi
un siglo".
"Hemos construido un edificio de reglamentos, de leyes, de códigos,
de regulaciones y de prácticas que hace que sea legal no pagar impuestos
o pagar muy poquitos impuestos", resumió Gurría.
En concreto, las propuestas técnicas presentadas persiguen objetivos
como facilitar la recaudación del impuesto sobre el valor añadido (IVA),
limitar los casos de "doble no imposición" y neutralizar las ventajas
fiscales que acarrean, impedir a los contribuyentes transferir los
beneficios a filiales extranjeras o "luchar contra las deducciones
excesivas de cargas de intereses".
Otro de los puntos que aborda el plan de la OCDE se refiere a cómo
establecer dónde gravar beneficios sobre intangibles como la propiedad
intelectual, que deberán abonarse allí donde se realicen los gastos en
investigación y desarrollo, precisa.
En palabras de Gurría, el BEPS es el sistema "de seguimiento basado
en las complejidades técnicas para ir dándole seguimiento a esos quince
puntos" en el que participan alrededor de 90 países y que contará con un
mecanismo de evaluación.
La gran diferencia y un obstáculo adicional respecto a la lucha
contra la evasión y el fraude fiscal es que el BEPS no consiste
simplemente en hacer cumplir la normativa vigente sino que precisa que
se modifique la ley.
"Pero además la tiene que cambiar todo el mundo para que haya
congruencia y para que no se traspase, simplemente, el fenómeno de un
país a otro. La complejidad conceptual es enorme, muchísimo mayor que
hacer que los individuos paguen sus impuestos", agregó el secretario
general de la OCDE.
El documento ha sido elaborado "de la mano" con la Comisión Europea
(CE) y con contribuciones técnicas de decenas de países, así como de
organizaciones internacionales como Naciones Unidas, el Fondo Monetario
Internacional (FMI) o el Banco Mundial, que aportaron un total de 12.000
páginas de observaciones.
El BEPS, que contempla medidas para ayudar a implementar el sistema
también en los países en vías de desarrollo, supone un paso más sobre el
trabajo que desarrolla la OCDE desde hace siete años -cuando estalló la
crisis financiera global- para facilitar el intercambio automático de
información fiscal entre Estados sobre contribuyentes dudosos.
"Hay dos cosas fundamentales: en primer lugar, el mundo será más
justo, será mejor (...); y en segundo lugar, habrá ingresos muy
importantes que van a beneficiar a todos los países, no solo a los
países ricos", auguró Gurría.
El documento será presentado a los ministros de Finanzas del G-20 el
próximo 8 de octubre en Lima y a continuación a los líderes de esos
países durante la cumbre de ese grupo en Antalya (Turquía) los próximos
15 y 16 de noviembre.
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