ANDORRA.- El grueso de auditores de PwC
que se encargaban de analizar los activos de Banca Privada de Andorra
(BPA) en búsqueda de los activos tóxicos señalados por el Fincen, el
organismo que lucha contra el crimen organizado del Tesoro de EEUU, han
abandonado el Principado de un portazo. Según fuentes cercanas al bufete
internacional, la experiencia en el país no ha sido precisamente
gratificante por el papel ejercido por el Gobierno de Antoni Martí.
Se había anunciado la salida de efectivos por el estado actual de la
investigación interna, que está en su etapa final, pero los efectivos
que han dejado Andorra han superado los inicialmente previstos. PwC
quiere marcar distancia de esta forma del resultado final del análisis
de los activos, donde no está tan claro el presunto origen ilícito de
los fondos con los que trabajaba el banco, según los mismos
interlocutores. La firma internacional ha declinado hacer declaraciones
sobre el proceso.
El Gobierno de Andorra tiene en su poder desde hace meses el primer
borrador de la auditoría global de BPA, pero no la ha aprobado. Por
ello, no está claro cuál será la información que finalmente se incluya
en el documento. Ni tan siquiera si llevará finalmente la firma de PwC.
El grupo tampoco está contento con los retrasos en los pagos del
Ejecutivo del Principado por su trabajo. El ministro de Economía, Jordi
Cinca, manifestó la semana pasada en el Parlamento andorrano que el despacho internacional se embolsará buena parte de los 10,95 millones que el Instituto Andorrano de Finanzas (INAF) presupuesta por el caso BPA.
Después,
Cinca matizó que el importe correspondía al presupuesto del organismo
que depende de su departamento y que la factura de PwC se pagará con
fondos del banco intervenido. Así constaba en el plan inicial de la toma
de control por parte del Ejecutivo de la entidad de la familia Cierco.
La entrevista del ministro también fue matizada a posteriori por el
propio ministro. Cinca declaró que el contrato firmado por la INAF se
traspasó a la Agencia de Resolución de Entidades Bancarias (AREB) y que
este organismo no ha podido pagar al bufete internacional porque no
cuenta con un presupuesto aprobado. Según apuntó, ya que nunca lo
manifestó de forma clara, BPA reembolsará luego ese capital a la AREB.
El problema es que en este escenario confuso, PwC aún no ha cobrado por los trabajos.
Las discrepancias del Ejecutivo con PwC incrementa las incertidumbres que envuelven todo el caso BPA. La familia Cierco reclamó el pasado martes que el Gobierno frenara la intervención
y su intención de traspasar los activos del banco a una entidad puente,
Vall Banc, con el objetivo de venderlo a un tercero. Especialmente, por
el litigio abierto en Estados Unidos
contra el Fincen por la negativa al banco de operar con dólares (lo que
en la práctica supone la exclusión del sistema financiero
internacional) al tener sólo indicios de operaciones de blanqueo de
capitales que nunca fueron discutidas directamente con los dueños del
banco.
Los Cierco han denunciado que el Gobierno de Andorra era conocedor
del informe del Tesoro estadounidense y nunca le remitió la
información. Con todo, por ahora, la liquidación del banco sigue su
proceso.
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