BUENOS AIRES.- A siete días de la segunda vuelta electoral que definirá el próximo
presidente argentino, economistas expresan preocupación por la caída en
salarios y pensiones que implicaría una devaluación como sugieren
asesores del candidato opositor Mauricio Macri.
La moneda nacional cerró el viernes frente al dolar a 9,61 pesos y el
equipo de consejeros y futuros integrantes del Ejecutivo de Macri, si
este llegara a la Casa Rosada, planea llevarlo a 16 pesos por dólar, o
sea una desvalorización del 60 por ciento.
Aldo Pignanelli, expresidente del Banco Central en 2002, estimó que hay un conjunto de bienes que ya contemplan un dolar 50 por ciento más caro que el oficial y que cualquier corrección superior al 20 por ciento ya se puede considerar exitosa.
Pignanelli, opositor al gobierno de Cristina Fernández, indicó que hay que encarar otros desequilibrios de la economía y no apuntar exclusivamente al supuesto atraso cambiario.
Rodrigo Alvarez, director de la consultora Analytica, señaló al matutino de economía Ambito Financiero que cualquier devaluación será trasladada a los precios y afectará los salarios.
Eduardo Curia, peronista pero no oficialista, aseveró que con una devaluación abrupta habrá problemas porque los precios aumentarán en la misma relación en una economía que ya tiene una inflación alta.
Curia propuso una intervención estatal en la cotización del dólar, comúnmente denominada "flotación intervenida" para lograr un dólar promedio.
Los precios de los alimentos en Argentina tienen una relación con el dólar oficial ya que la mayor parte de lo producido en el país se exporta y los precios surgen de los mercados internacionales.
A los grandes productores y concentradores se les aplica una retención al total que exportan, lo que sirve al Estado para desarrollar planes sociales.
La desaparición de las retenciones llevaría automáticamente el precio de los alimentos al dólar libre con aumentos de entre el 60 y el 120 por ciento, alertan economistas.
Esos incrementos abarcarían el conjunto de los alimentos porque toda la cadena de producción hace referencia a la soja y al aceite de soja, principal producto de exportación de la agroindustria argentina.
La oposición, que maneja un esquema afín a los dictados del Fondo Monetario Internacional, plantea un dólar de flotación libre y la eliminación de todo tipo de subsidios a la economía social para compensar la falta de ingresos al Estado por retirar todas las retenciones para favorecer a los grandes productores del agro.
El economista Miguel Bein, asesor del candidato del Frente para la Victoria Daniel Scioli, planteó la necesidad de recortar una porción de esos beneficios vigentes desde 2003, aunque reconoció que esos subsidios a la electricidad, el gas y el transporte público implican un aporte indirecto al poder adquisitivo del pueblo.
Si los 150 mil millones de pesos anuales (15.609 millones de dólares) que se destinan a los subsidios deberán asumirlos los usuarios, habrá entonces 150.000 millones menos para gastar en alimentos, textiles, calzados, turismo y demás rubros, remarcó.
Juan José Aranguren, expresidente de Shell Argentina y probable ministro de Energía de un gobierno de Macri, batalló desde siempre contra los subsidios a los servicios públicos y trabaja en un esquema para suprimirlos; también para reprivatizar la empresa petrolera YPF.
De hecho, el candidato opositor y jefe saliente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aumentó el precio del viaje en las líneas del tren subterráneo en 309 por ciento desde que asumió su mandato hace ocho años.
En anticipación de las políticas cambiarias que proyectan en el equipo de Macri algunos mercados se van adelantando y comienza a verse un alza especulativa en algunos productos, por ejemplo, en la harina y los medicamentos.
Son señales de que vuelve a dominar el merado de la especulación, mientras se registran también y se aprecian reacciones empresariales típicas del tradicional ajuste neoliberal.
La Asociación de Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina (AAPM) denunció que los laboratorios privados en el país pretenden fijar unilateralmente precios y salarios.
"La industria farmacéutica ha fijado de forma abusiva y unilateral los precios de los medicamentos, aumentándolos el nueve por ciento cuando la Secretaría de Comercio solo autorizó el tres por ciento, y al mismo tiempo pretende congelar los salarios de los trabajadores, advierte la AAPM en un comunicado.
Aldo Pignanelli, expresidente del Banco Central en 2002, estimó que hay un conjunto de bienes que ya contemplan un dolar 50 por ciento más caro que el oficial y que cualquier corrección superior al 20 por ciento ya se puede considerar exitosa.
Pignanelli, opositor al gobierno de Cristina Fernández, indicó que hay que encarar otros desequilibrios de la economía y no apuntar exclusivamente al supuesto atraso cambiario.
Rodrigo Alvarez, director de la consultora Analytica, señaló al matutino de economía Ambito Financiero que cualquier devaluación será trasladada a los precios y afectará los salarios.
Eduardo Curia, peronista pero no oficialista, aseveró que con una devaluación abrupta habrá problemas porque los precios aumentarán en la misma relación en una economía que ya tiene una inflación alta.
Curia propuso una intervención estatal en la cotización del dólar, comúnmente denominada "flotación intervenida" para lograr un dólar promedio.
Los precios de los alimentos en Argentina tienen una relación con el dólar oficial ya que la mayor parte de lo producido en el país se exporta y los precios surgen de los mercados internacionales.
A los grandes productores y concentradores se les aplica una retención al total que exportan, lo que sirve al Estado para desarrollar planes sociales.
La desaparición de las retenciones llevaría automáticamente el precio de los alimentos al dólar libre con aumentos de entre el 60 y el 120 por ciento, alertan economistas.
Esos incrementos abarcarían el conjunto de los alimentos porque toda la cadena de producción hace referencia a la soja y al aceite de soja, principal producto de exportación de la agroindustria argentina.
La oposición, que maneja un esquema afín a los dictados del Fondo Monetario Internacional, plantea un dólar de flotación libre y la eliminación de todo tipo de subsidios a la economía social para compensar la falta de ingresos al Estado por retirar todas las retenciones para favorecer a los grandes productores del agro.
El economista Miguel Bein, asesor del candidato del Frente para la Victoria Daniel Scioli, planteó la necesidad de recortar una porción de esos beneficios vigentes desde 2003, aunque reconoció que esos subsidios a la electricidad, el gas y el transporte público implican un aporte indirecto al poder adquisitivo del pueblo.
Si los 150 mil millones de pesos anuales (15.609 millones de dólares) que se destinan a los subsidios deberán asumirlos los usuarios, habrá entonces 150.000 millones menos para gastar en alimentos, textiles, calzados, turismo y demás rubros, remarcó.
Juan José Aranguren, expresidente de Shell Argentina y probable ministro de Energía de un gobierno de Macri, batalló desde siempre contra los subsidios a los servicios públicos y trabaja en un esquema para suprimirlos; también para reprivatizar la empresa petrolera YPF.
De hecho, el candidato opositor y jefe saliente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aumentó el precio del viaje en las líneas del tren subterráneo en 309 por ciento desde que asumió su mandato hace ocho años.
En anticipación de las políticas cambiarias que proyectan en el equipo de Macri algunos mercados se van adelantando y comienza a verse un alza especulativa en algunos productos, por ejemplo, en la harina y los medicamentos.
Son señales de que vuelve a dominar el merado de la especulación, mientras se registran también y se aprecian reacciones empresariales típicas del tradicional ajuste neoliberal.
La Asociación de Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina (AAPM) denunció que los laboratorios privados en el país pretenden fijar unilateralmente precios y salarios.
"La industria farmacéutica ha fijado de forma abusiva y unilateral los precios de los medicamentos, aumentándolos el nueve por ciento cuando la Secretaría de Comercio solo autorizó el tres por ciento, y al mismo tiempo pretende congelar los salarios de los trabajadores, advierte la AAPM en un comunicado.
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