BRUSELAS.- La Comisión Europea
(CE) encabezada por el ex primer ministro de Luxemburgo Jean-Claude
Juncker cumple hoy un año de mandato, doce meses en el que la
recuperación económica iba a centrar sus políticas, pero que se ha visto
sobrepasada por una crisis tras otra, desde la griega a la de los
refugiados.
Cuando Juncker se mudó a su despacho en el décimo tercer piso del
edificio Berlaymont, dejó clara su intención: quería un "nuevo comienzo
para Europa" mediante una CE más "política" centrada en diez prioridades
y retos claves para la economía y la sociedad.
Quería reconstruir puentes tras la crisis financiera y recuperar la
confianza en la UE, y quería una Unión "más grande y más ambiciosa en lo
grande y más pequeña y más modesta en lo pequeño".
Nada más tomar posesión, Juncker, quien fue primer ministro de
Luxemburgo durante 18 años hasta 2013, se vio envuelto en el primer
escándalo a raíz de los acuerdos fiscales secretos cerrados por el Gran
Ducado con casi 340 multinacionales entre 2002 y 2010 que permitieron a
las empresas rebajar drásticamente sus impuestos.
Juncker rechazó cualquier responsabilidad en el escándalo "LuxLeaks",
que provocó la creación de una comisión especial de investigación en la
Eurocámara, y lejos de dejarse afectar por la tormenta mediática, sacó
provecho de la situación.
Pidió a su comisario de Asuntos Económicos, Financieros y Fiscalidad,
Pierre Moscovici, que preparase una directiva sobre la fiscalidad de
las empresas y que incluyese el intercambio automático de información
sobre este tipo de acuerdos.
Y volvió a su prioridad original: reforzar la competitividad de
Europa y estimular la inversión para generar crecimiento y empleo, en un
contexto en el que la economía europea volvía a estancarse.
En un tiempo récord, la CE presentó su plan de inversiones de 315.000
millones de euros, con el que espera crear hasta 1,3 millones de
empleos y sumar 410.000 millones al PIB comunitario.
Los primeros proyectos están implementándose, entre ellos varios
españoles, pero el "Plan Juncker" quedó pronto en un segundo plano
cuando en enero el líder del izquierdista Syriza, Alexis Tsipras, asumió
las riendas de Grecia.
Lo hizo con la advertencia de poner fin a la troika y al memorando de
entendimiento que recogía las exigencias de los acreedores a cambio del
rescate al país.
A partir de ese momento, tanto en Bruselas, donde Juncker se implicó
personalmente en las negociaciones, como en las capitales europeas, todo
se centraba durante siete largos meses y numerosas noches sin descanso
en resolver el problema griego.
Las tensiones fueron en aumento conforme avanzaban los meses y volvió
el temor a una ruptura de la eurozona, hasta que en agosto se firmó el
tercer rescate al país por 86.000 millones de euros.
Quedó resuelto el rescate, pero no así la crisis griega, que, a buen
seguro, volverá a ocupar a la CE en los próximos meses y años.
El respiro que proporcionó el verano a la Comisión Juncker duró apenas unas semanas.
La crisis de los refugiados sacudió con fuerza los cimientos de la
Unión Europea (UE), donde nadie quiso ver lo que se avecinaba desde
hacía meses a las puertas de entrada del bloque comunitario.
La CE había propuesto en mayo una Agenda Europea para la Migración,
por lo que Bruselas acusaba a los países de no haberse movido hasta que
la situación se hacía insostenible para ellos mismos ante la llegada
masiva de refugiados a sus fronteras.
Los Estados miembros culparon a su vez a la Comisión y se acusaban
entre ellos, reaccionaron sin orden ni coordinación, levantaron muros y
vallas o abrieron sus puertas de par en par para volver a implantar
controles en las fronteras.
Tanto la CE como los propios países reconocen abiertamente que la
peor crisis de refugiados desde la II Guerra Mundial ha puesto en duda
el sistema de asilo y de inmigración de la UE, sus valores y fundamentos
y, sobre todo, uno de sus mayores logros, el espacio Schengen sin
fronteras.
La Unión vuelve a estar dividida y pese a la envergadura del problema solo se vislumbra lentamente una respuesta europea.
La Comisión Juncker es consciente de que se trata de una crisis que
ocupará a Bruselas y a las capitales europeas durante muchos meses y
años, por lo que su actuación seguramente marcará su mandato, que durará
hasta el 31 de octubre de 2019.
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