BRASILIA.- La presidenta Dilma
Rousseff ganó tiempo y tomó aire después de una semana de turbulencias
en las que Brasil perdió su grado de inversión, ella fue forzada a
realizar cambios en su equipo económico, bajó todavía más su popularidad
y se mantiene latente un eventual juicio político en su contra.
A pocos días de completar el primer año de su segundo mandato,
Rousseff consiguió apaciguar, por lo menos transitoriamente, las
tensiones que vive su Gobierno después de que la Corte Suprema ordenó el
jueves reiniciar todo el proceso en la Cámara baja para un eventual
juicio político con fines de destitución.
Con esa decisión del Supremo Tribunal Federal (STF), que fue
celebrada por la base oficialista, el proceso que se adelanta en el
Congreso puede quedar pendiente para el año próximo, con lo que el
gobernante Partido de los Trabajadores (PT) ganaría tiempo de maniobra
para reunificar la base aliada y preparar mejor la defensa.
En teoría, el receso parlamentario está previsto entre el próximo
martes y febrero de 2016, aunque el jefe de Diputados, Eduardo Cunha,
señaló que convocará a una reunión el lunes para consultar de todas
formas sobre la posibilidad de suspender ese período y poder convocar a
sesiones extraordinarias como las que implica el caso.
No obstante, el presidente del Senado, Renán Calheiros, favorable a
Rousseff, declaró "clausurado" el "año legislativo" por reformas en los
servicios sanitarios femeninos de la Cámara alta, que de abrirse el
juicio político tendrá una decisiva participación.
Tanto Calheiros como Cunha pertenecen al aliado Partido del
Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), presidido por el vicepresidente
del país, Michel Temer, pero una división interna de ese colectivo
político, el mayor de Brasil, aviva la tensión política alrededor de
Rousseff.
Cunha, que al igual que Calheiros integra la lista de una cincuentena
de políticos investigados por el gigantesco escándalo de corrupción en
la petrolera estatal Petrobras, es contrario a Rousseff y, en uso de sus
facultades como jefe de Diputados, dio el aval para iniciar en el
Legislativo el proceso del juicio.
A pesar del tiempo que el Ejecutivo y la base oficialista ganarían,
el ministro de Presidencia, Jaques Wagner, se mostró a favor de la
suspensión del receso parlamentario y acelerar el proceso, confiado en
que la oposición no tiene argumentos para que se instaure el juicio.
Rousseff es acusada de maquillar el informe contable que fue rechazado por el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU).
El respiro en el tema del juicio político coincidió con otros hechos
que agitaron la vida pública del país en esta semana, en la que se
divulgó una nueva encuesta que confirma el bajo índice de popularidad de
la mandataria, con un 10 % de aprobación y un 70 % de rechazo a su
gestión.
Por lado económico el país sufrió un revés con la rebaja de la nota
soberana brasileña por parte de la calificadora de riesgo Fitch, que
sumado al de Stardard & Poor's, en septiembre, confirma la pérdida
del grado de inversión, que se da cuando dos de las tres grandes
agencias retiran el estatus de buen pagador.
A esto se sumó la salida del Gobierno del ministro de Hacienda,
Joaquim Levy, quien el viernes renunció a su cargo después de varias
semanas en la cuerda floja y sin el respaldo pleno del Ejecutivo.
Levy, el preferido del mercado, intentó liderar un amplio ajuste
fiscal para enderezar las maltrechas cuentas del país, con un severo
control del gasto público, pero sus medidas, que eran esperadas por las
calificadores de riesgo, no avanzaron como se esperaban en el Congreso
debido al embate político.
La mandataria designó al titular de Planificación, Nelson Barbosa, de
un perfil más político, en el lugar de Levy, quien se habría molestado
por el reajuste del superávit primario para 2016 propuesto por el
Ejecutivo del 0,5 % del producto interior bruto (PIB), diferente del 0,7
% defendido por el ministro.
Con Barbosa al frente del equipo económico, Rousseff espera
consolidar un ajuste fiscal menos severo que el propuesto por Levy y
agradar a una buena parte de los congresistas y a los movimientos
sociales que a pesar de respaldar a la mandataria en el tema del juicio
político presionaban por la salida del anterior ministro.
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