BRUSELAS.- Diez países de la
Unión Europea, entre ellos España, han pactado las "líneas generales" de los
instrumentos financieros que se gravarán mediante la tasa a las
transacciones financieras, después de que Estonia se saliera del
proyecto.
"Es un paso importante y probablemente esencial para acabar" el
trabajo sobre la tasa después de cuatro años de negociaciones, señaló el
ministro austríaco de Finanzas, Hans Jörg Schelling, en el debate
público del consejo de ministros de Economía de la Unión Europea (UE),
el Ecofin.
Los diez países miembros que permanecen en el proyecto han preparado
un texto que incluye las líneas generales sobre las características que
debe tener la tasa en cuanto a las acciones y los derivados que se
incluirán, así como sobre el alcance territorial que se aplicará cuando
se implante el gravamen.
El texto, de una sola página, se ha elaborado después de que anoche
se reuniera el grupo de países que quieren proceder con la tasa para
intentar desbloquearla finalmente.
"Si hay un acuerdo sobre esta propuestas, en base a estas
características, los expertos deben elaborar unas tasas adecuadas en
colaboración con la Comisión Europea y preparar el texto legislativo, a
ser posible en un plazo de un mes", señaló Schelling, quien ha liderado
los trabajos del grupo.
"Solo hemos preparado las características bajo las cuales pensamos
que la tasa puede ser implementada. No hemos establecido la
implementación", recalcó.
El ministro luxemburgués, Perre Gramegna, señaló que se trata de un
"paso transicional" y que el documento ahora tendrá que ser trasladado a
un texto legislativo.
El objetivo es llegar a un acuerdo sobre este texto hasta el verano,
señaló el comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre
Moscovici, preferiblemente en junio.
El titular español, Luis de Guindos, afirmó que los diez países "han
establecido la base para acciones futuras" para implantar la tasa, lo
que demuestra, a su juicio "la voluntad de los Estados miembros de
proseguir con la tasa".
El texto presentado hoy en el Ecofin prevé que se gravarán todas las
transacciones con acciones que se negocian intra-día, así como todas las
operaciones en la cadena salvo los de agentes y miembros de cámaras de
compensación (cuando actúan como facilitadores).
Además, a fin de mantener la liquidez en mercados que sufren falta de liquidez, se puede implantar una exención "reducida".
En cuanto al alcance territorial, "se está estableciendo si es mejor
comenzar con la tasa solo sobre las acciones emitidas en el Estado
miembro que participa en el gravamen", consta en el texto.
Unos elementos importantes en esa determinación incluyen los riesgos de deslocalización y costes administrativos.
En lo que se refiere a los derivados, el alcance será una combinación
del principio de residencia y del emisor, con una aplicación del
principio de contraparte.
Los diez países sostienen que el gravamen "debe basarse en el
principio de la base más amplia posible y tasas bajas, y no debería
impactar en los costes de la deuda soberana".
La única línea roja de España era que no hubiera ningún tipo de gravamen sobre los derivados de deuda pública.
En un último punto del documento consta que los Estados miembros han
acordado que se necesita más análisis con respecto al impacto de la tasa
sobre la economía real y los sistemas de pensiones.
También recoge que "el impacto negativo sobre la economía real y los sistemas de pensiones debe ser minimizado".
El texto también refleja que la "viabilidad de la tasa para cada país debe ser requerida" y no solo tenida en cuenta.
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