martes, 8 de diciembre de 2015

El pago a bonistas coloca en insolvencia al banco central portorriqueño

SAN JUAN.-  El pago de 354 millones de dólares a los acreedores de Puerto Rico, tiene hoy al Banco Gubernamental de Fomento (BGF, central) en una situación de insolvencia, que podría profundizar la crisis fiscal del país. La cancelación se realizó para evitar que Puerto Rico incurriera en un impago de su deuda pública de 72.000 millones de dólares, que el gobernador Alejandro García Padilla aseguró que ya bajó a 69.000 millones.


Para mantener operando el gobierno, se determinó hacer el abono de los 354 millones, de los cuales 267 millones estaban garantizados contra el Fondo General. El mandatario ordenó el traspaso de fondos de cinco corporaciones públicas al BGF para evitar la falta de liquidez.

Medios periodísticos, como el diario El Vocero, han asegurado que el BGF no estaba en capacidad de realizar el abono, ya que le ocasionaría un hueco económico.

Bajo presión de Estados Unidos, el gobernante Alejandro García Padilla instruyó a la presidenta del BGF, Melba Acosta Febo, a realizar el desembolso en momentos en que gestionaba en Washington una salida al insostenible endeudamiento de Puerto Rico.

La situación de insuficiencia fiscal de Puerto Rico es tal, a pesar de los nuevos gravámenes y el alza de 7,0 a 11,5 por ciento del Impuesto sobre el Valor y Uso (IVU), que en la actualidad el Ministerio de Hacienda hace malabares con el propósito de cumplir con la ley del bono de navidad, que debe pagar no más tarde del 20 de diciembre.

Lo peor es que para enero, el BGF deberá realizar un nuevo abono de 9,8 millones de dólares a la deuda a corto plazo, llamada Trans, que heredó el gobernador García Padilla, del Partido Popular Democrático (PPD), de la administración de su antecesor Luis G. Fortuño, del anexionista Partido Nuevo Progresista (PNP).

También hay proyectado un nuevo pago en febrero de 29,2 millones de dólares, mientras no parece haber otra salida que una renegociación de la deuda, que se hace insostenible según los expertos.

Al final de presente año fiscal 2015-2016, que concluye el 30 de junio próximo, el gobierno puertorriqueño y sus dependencias deberán haber pagado a sus acreedores de Wall Street y a los fondos buitres sobre 5.000 millones de dólares en intereses y principal.

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