ATENAS.- El Gobierno de
Alexis Tsipras consiguió hoy luz verde del Parlamento griego para
aprobar las reformas acordadas con los acreedores a cambio del
desembolso de 1.000 millones de euros del rescate, a pesar de que el
paquete incluye la venta de créditos morosos a los denominados fondos
"buitre".
Tras un encendido debate de diez horas, en el que la oposición volvió
a criticar al Ejecutivo por tramitar las leyes importantes mediante el
procedimiento de urgencia, el paquete legislativo fue aprobado tan solo
con los votos de la mayoría gobernante.
La votación pudo prosperar sin disidencias dentro de la propia
coalición entre el izquierdista Syriza y el nacionalista de derechas
Griegos Independientes, fundamentalmente porque los temas más
controvertidos se han postergado hasta el próximo año.
El ministro de Finanzas, Euclides Tsakalotos, justificó las prisas
por legislar estas medidas con el argumento de que de no aprobarse la
ley antes de finales de año, el desembolso de este subtramo hubiera
tenido que someterse nuevamente a la aprobación de distintos parlamentos
nacionales de la Unión Europea (UE).
Defendió el acuerdo logrado con la llamada cuádriga (Comisión
Europea, Banco Central Europeo, Mecanismo Europeo de Estabilidad y Fondo
Monetario Internacional), ya que aseguró que todavía se puede negociar
"sobre las deudas de las pymes, las deudas de consumo y las hipotecas".
El Ejecutivo ha logrado dejar para febrero la discusión sobre lo que
pasará con los créditos no pagados de las pymes, de consumo y de
viviendas habituales que no están protegidas frente al desahucio.
El ministro de Economía, Yorgos Stathakis, aseguró que los fondos
privados pagarán impuestos en el país y no se verán beneficiados con
ningún tipo de exención fiscal.
"Estas empresas funcionarán de forma completa en Grecia y se regirán
por el marco legal de las sociedades en todos los asuntos", dijo
Stathakis, que añadió que en otros países europeos no es así, pues "en
Irlanda y en España están previstas exenciones fiscales para estas
empresas".
La oposición reprochó al Gobierno que permita la venta de la cartera de préstamos morosos a este tipo de fondos.
Los diputados de la conservadora Nueva Democracia acusaron al
Ejecutivo de haber contribuido al aumento de las deudas impagadas por
parte de empresas y particulares y de romper sus promesas iniciales.
"Las líneas rojas de Tsipras se convirtieron en las alfombras rojas
de los más astutos. ¿Y ahora qué es lo que nos pide? ¿Que nos
convirtamos en cómplices? La respuesta es no", dijo Fofi Yenimatá,
presidenta del socialdemócrata Pasok.
La ley contiene 13 requisitos previos acordados con las instituciones
entre los que figura la privatización parcial de la compañía de
distribución de electricidad (ADMIE), la nueva tabla salarial del
funcionariado y la creación de un fondo de privatizaciones, que será
supervisado por Grecia y sus acreedores.
Respecto a la venta de las deudas morosas, en el paquete aprobado hoy
tan solo se incluyen las relativas a empresas con una plantilla
superior a 250 empleados y una facturación de más de 50 millones de
euros al año, así como de viviendas secundarias.
Según informaciones del diario griego Imerisia, entre las empresas
extranjeras con interés en comprar carteras de préstamos en mora figuran
varias españolas.
La nueva legislación prevé que los fondos privados que deseen actuar
en Grecia deben disponer de un capital mínimo de 100.000 euros,
funcionar bajo la supervisión y con permiso del Banco de Grecia y tener
una sede o bien en este país o en algún Estado del Espacio Económico
Europeo.
La cesión o venta de una deuda se permite solo para préstamos, cuyo pago lleva un retraso de al menos 90 días.
Esta disposición legal tiene muchos críticos en Grecia, incluido el
propio Gobierno, que hace unos meses había rechazado categóricamente la
venta de préstamos a empresas en el extranjero.
Los críticos advierten que estas carteras de créditos se malvenderán,
provocarán el cierre de aún más empresas y engrosarán así el ejército
de parados.
Entre los asuntos peliagudos que han quedado para el año próximo está
la reforma laboral y las pensiones, dos temas con un gran potencial
conflictivo en una sociedad que lleva más de seis años padeciendo
recortes.
Tsipras ha asegurado que evitará bajar las pensiones principales,
pero no ha prometido nada para las auxiliares, que conforman la tercera
parte de los ingresos de un jubilado, y son financiadas exclusivamente
con las aportaciones de patronos y empleados.
En total, Grecia debe ahorrar el próximo año 1.400 millones de euros a través de la reforma del sistema de pensiones.
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