TOKIO.- El ministro de
Agricultura, Pesca y Política Forestal de Japón, Hiroshi Moriyama,
defendió que el controvertido programa de caza de ballenas del país
asiático es "indispensable" para la investigación científica sobre los
cetáceos.
Así se expresó el ministro el día después en el que cuatro barcos
japoneses han zarpado desde distintos puertos de las prefecturas de
Yamaguchi (oeste), Hiroshima (oeste) y Miyagi (este) con el objetivo de
pescar 333 ejemplares de ballenas Minke en el Océano Antártico.
De esta manera Japón retoma su programa de captura de ballenas,
interrumpido en 2014 tras el fallo vinculante de la Corte Internacional
de Justicia (CIJ) que obligaba al país a reducir el número de cetáceos
pescados por campaña y ponía en tela de juicio los "fines científicos"
del mismo.
El ministro nipón incidió en que la captura de los cetáceos que Japón
inicia se enmarca dentro de un programa científico que respeta la
ley internacional y que se extenderá hasta el próximo mes de marzo.
Respecto al anuncio de la asociación conservacionista Sea Shepherd de
boicotear la faena de estos cuatro barcos balleneros, Moriyama calificó
la intención de los activistas de "extremadamente lamentable" y aseguró
que Japón garantizará la seguridad de sus embarcaciones.
Moriyama anunció que esta expedición contribuirá a que el país
asiático retome la caza de ballenas con fines comerciales en el futuro,
según recoge la cadena pública NHK.
Sin embargo, el país suscribió la moratoria total de la pesca con
fines comerciales de ballenas que entró en vigor en 1986, aunque al año
siguiente inició programas de capturas científicas defendiendo que están
amparadas por la Convención de 1946 de la Comisión Ballenera
Internacional (CBI).
Las capturas de cetáceos han provocado en los últimos años fricciones
con las organizaciones medioambientales y con otros países, como
Australia, que demandó a Japón ante la Corte Internacional de Justicia
en mayo de 2010 al considerar que su programa perseguía fines
comerciales.
A raíz de esta demanda, el CIJ sentenció en 2014 que el programa
científico japonés era "poco transparente" y obligó al país a reducir en
dos tercios el volumen de capturas, que entonces alcanzaba los 950
ejemplares.
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