BRUSELAS.- Los ministros europeos de Interior volverán a insistir en que Grecia
debe reforzar los controles en sus fronteras exteriores y evaluarán si
pedir a la Comisión Europea (CE) que dé los pasos necesarios para
extender hasta los dos años la reintroducción temporal de controles internos en la zona Schengen.
Varios
Estados miembros como Alemania, Austria y Suecia ya han reinstaurado
controles temporales internos en sus fronteras por la crisis de
refugiados, una opción prevista en el código de fronteras Schengen para casos excepcionales en los que exista una amenaza grave para el orden público o la seguridad interior.
En principio, estos controles no deberían alargarse más de seis meses, es decir, hasta la próxima primavera.
Sin
embargo, las normas de Schengen también contemplan la posibilidad, como
último recurso, de ampliar esos controles hasta un máximo de dos años
cuando se detecten "deficiencias graves persistentes"
en la gestión de las fronteras exteriores de un país miembro que pongan
en riesgo el funcionamiento del área de libre circulación.
La
presidencia luxemburguesa de turno de la UE propondrá a los Veintiocho
que inviten a la CE a explorar esta opción, aunque por ahora no se sabe
si este movimiento es una mera estrategia de presión a Grecia o si
realmente podría llegar a aplicarse.
Esta posibilidad de último recurso fue incluida en el código de fronteras de Schengen en su revisión de 2013,
pero hasta ahora nunca se ha utilizado, y en la práctica supone impedir
la libre circulación en el área sin fronteras interiores, aunque solo
sea en una parte y con carácter temporal.
La Comisión presentará
el próximo 15 de diciembre un conjunto de medidas sobre la gestión de
los flujos migratorios y la llegada de solicitantes de asilo, en el que
podría incluir la cuestión griega, pero por el momento rehúsa confirmar que vaya a ser así, y se limita a decir que aún falta mucho para llegar a ese escenario.
En
efecto, antes de dar ese último paso la CE tendría que evaluar el caso
griego para determinar si el problema en sus fronteras se debe al
incumplimiento de sus obligaciones por parte de las autoridades helenas.
Si así fuera, la CE debería sugerir formalmente al país medidas específicas para resolver la situación.
Pasados tres meses, si el país ha desoído las recomendaciones comunitarias y las deficiencias persisten,
la Comisión podría recomendar al Consejo activar ese último
procedimiento para circunstancias excepcionales, recogido en el artículo
26 de Schengen, que posteriormente tendrían que aprobar los Veintiocho.
Las
complicaciones para llegar a ese último recurso y la falta de
antecedentes alimentan la duda sobre si todo será un "farol", como
apuntan algunas fuentes comunitarias, o si estamos a las puertas de un
retroceso histórico en el espacio de libre circulación.
Por el momento, Grecia parece haber entendido que el descontento con su gestión es notable, puesto que este jueves anunció que llevará a cabo las tres medidas que le había sugerido la CE.
En
concreto, Atenas decidió activar el mecanismo de protección civil,
desplegar la semana que viene una operación de la Agencia Europea de
Fronteras Exteriores (Frontex) en su frontera terrestre con Macedonia y
solicitar la intervención de los llamados equipos de intervención rápida
(RABIT) para contar con el apoyo de guardias fronterizos de otros
Estados miembros en las islas del mar Egeo.
Los ministros
abordarán también la creación de un registro europeo de pasajeros aéreos
(PNR, por sus siglas en inglés), con vistas a cerrar un acuerdo con el
Parlamento Europeo antes de finales de año.
Ambas instituciones
habían avanzado en la negociación y solo quedaba abierto un punto
relacionado con la retención sin encriptar de los datos, que el PE pedía que fuera como máximo de seis meses y los países de nueve.
Sin
embargo, este jueves los grandes partidos de la Eurocámara dijeron que
bloquearán el acuerdo a menos que se haga obligatorio el intercambio de
información de las bases de datos entre todos los Estados miembros.
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