Análisis coyuntural
La ex ministra de la Gobernación de Puerto Rico (P.R.) Ingrid Vila Biaggi, el pasado día ocho reclamó públicamente en San Juan la obligación del Congreso de Estados Unidos de resarcir los daños infligidos a todo el pueblo puertorriqueño. Es más de un siglo (117 años) de daños soportados, basados en decisiones unilaterales del Congreso. En su exposición continuó destacando que desde el Tratado de París, con la Ley Jones de 1917 imponiendo la ciudadanía estadounidense de los boricuas, y la Ley Foraquer de 1990 organizadora del gobierno de P.R., no hubo participación del pueblo isleño. Igualmente criticó la docilidad de los dirigentes políticos en su comparecencia a una comisión del Senado Federal el pasado uno de diciembre, careciendo de firmeza y dignidad.
También hizo alusión a la prepotencia imperial continuada de EEUU para con P.R., convirtiéndolo en un Estado Libre Asociado, con muy limitados poderes para su administración interna, dejando, por otro lado, un solo representante con voz pero sin voto, y recordó que en 1984 Washington los excluyó igualmente de la Ley de Quiebras Federal. Abundando en las decisiones unilaterales, en 1996 fueron eliminados de la sección 936 del Código de Rentas Internas, provocando una pérdida de casi cien mil empleos. Concluyó diciendo: "Solo será posible resolver el estancamiento económico de P.R. si el Congreso hace viable un proceso serio y vinculante de autodefinición del pueblo puertorriqueño, y obliga al Tesoro Federal a garantizar una reestructuración de la deuda de más de 72.000 millones de dólares, que haga posible el pago de la misma".
El mismo día, P.R. hizo frente al pago de 350 millones de dólares a acreedores (bonistas), quedando el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) en una clara situación de insolvencia. Para atender el pago se aportaron 267 millones, garantizados por el Fondo General, mediante el traspaso efectuado por cinco Corporaciones Públicas al BGF, ya que éste no contaba con liquidez suficiente. La orden de pago fue dada por el Gobernador Alejandro García Padilla a la presidenta del BGF, Melba Acosta Febo, con la esperanza de conseguir soluciones en su inmediato desplazamiento a Washington.
La insuficiencia fiscal de P.R., a pesar del incremento del 7,0 al 11,5 por ciento del impuesto del Valor y Uso en unión de otros nuevos, es evidente. Un ejemplo es la imposibilidad de pago del Bono de Navidad, que por imperativo legal debe pagarse antes del 20 de diciembre. Igualmente a finales del actual año fiscal, que vence el próximo 30 de junio, habrá de pagarse a Wall Street y a los fondos buitre más de cinco millones de dólares por el concepto de intereses.
El nueve de diciembre último, el Gobernador de P.R. Alejandro García Padilla pidió, no solo en tono exigente sino dramático al Congreso de EEUU, mecanismos legales para la reestructuración de la deuda, ya que de no acceder soportaría la responsabilidad de una nueva crisis humanitaria. Todo fue en una Conferencia en Washington rodeado de todo su equipo y representación de la oposición. Dejó claro que los congresistas permitiesen a la isla acogerse al capítulo 9 de la Ley de Quiebras Federal, a pesar de que aun siendo estado asociado, dicha Ley no les reconoce como un estado más de EEUU y ha permitido su actual estado de bancarrota. Expresó con toda claridad la imposibilidad, no sólo de poder hacer frente a la deuda con sus acreedores, sino a los servicios públicos básicos y al mantenimiento operativo del gobierno.
En conclusión, pidió una legislación que permita reestructurar la deuda de forma ordenada; en caso contrario, desde el 1 de enero solo atenderá el pago de las nóminas de los funcionarios y de los servicios básicos de seguridad, educación y salud, cobertura imprescindible para todos los puertorriqueños por necesaria y merecida. Hizo especial mención a la necesidad de atender prioritariamente la salud pública de todos los isleños, que siempre han demostrado unión y patriotismo frente a todos los conflictos bélicos de EEUU desde la Segunda Guerra Mundial, y además pagan iguales tipos impositivos que el resto de los estadounidenses.
También hizo alusión a la prepotencia imperial continuada de EEUU para con P.R., convirtiéndolo en un Estado Libre Asociado, con muy limitados poderes para su administración interna, dejando, por otro lado, un solo representante con voz pero sin voto, y recordó que en 1984 Washington los excluyó igualmente de la Ley de Quiebras Federal. Abundando en las decisiones unilaterales, en 1996 fueron eliminados de la sección 936 del Código de Rentas Internas, provocando una pérdida de casi cien mil empleos. Concluyó diciendo: "Solo será posible resolver el estancamiento económico de P.R. si el Congreso hace viable un proceso serio y vinculante de autodefinición del pueblo puertorriqueño, y obliga al Tesoro Federal a garantizar una reestructuración de la deuda de más de 72.000 millones de dólares, que haga posible el pago de la misma".
El mismo día, P.R. hizo frente al pago de 350 millones de dólares a acreedores (bonistas), quedando el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) en una clara situación de insolvencia. Para atender el pago se aportaron 267 millones, garantizados por el Fondo General, mediante el traspaso efectuado por cinco Corporaciones Públicas al BGF, ya que éste no contaba con liquidez suficiente. La orden de pago fue dada por el Gobernador Alejandro García Padilla a la presidenta del BGF, Melba Acosta Febo, con la esperanza de conseguir soluciones en su inmediato desplazamiento a Washington.
La insuficiencia fiscal de P.R., a pesar del incremento del 7,0 al 11,5 por ciento del impuesto del Valor y Uso en unión de otros nuevos, es evidente. Un ejemplo es la imposibilidad de pago del Bono de Navidad, que por imperativo legal debe pagarse antes del 20 de diciembre. Igualmente a finales del actual año fiscal, que vence el próximo 30 de junio, habrá de pagarse a Wall Street y a los fondos buitre más de cinco millones de dólares por el concepto de intereses.
El nueve de diciembre último, el Gobernador de P.R. Alejandro García Padilla pidió, no solo en tono exigente sino dramático al Congreso de EEUU, mecanismos legales para la reestructuración de la deuda, ya que de no acceder soportaría la responsabilidad de una nueva crisis humanitaria. Todo fue en una Conferencia en Washington rodeado de todo su equipo y representación de la oposición. Dejó claro que los congresistas permitiesen a la isla acogerse al capítulo 9 de la Ley de Quiebras Federal, a pesar de que aun siendo estado asociado, dicha Ley no les reconoce como un estado más de EEUU y ha permitido su actual estado de bancarrota. Expresó con toda claridad la imposibilidad, no sólo de poder hacer frente a la deuda con sus acreedores, sino a los servicios públicos básicos y al mantenimiento operativo del gobierno.
En conclusión, pidió una legislación que permita reestructurar la deuda de forma ordenada; en caso contrario, desde el 1 de enero solo atenderá el pago de las nóminas de los funcionarios y de los servicios básicos de seguridad, educación y salud, cobertura imprescindible para todos los puertorriqueños por necesaria y merecida. Hizo especial mención a la necesidad de atender prioritariamente la salud pública de todos los isleños, que siempre han demostrado unión y patriotismo frente a todos los conflictos bélicos de EEUU desde la Segunda Guerra Mundial, y además pagan iguales tipos impositivos que el resto de los estadounidenses.
Solución a). Ante la situación real de paralización económica y clara estanflación, un endeudamiento público imparable que supera los 72.000 millones de dólares, en gran parte en manos de inversionistas estadounidenses (oppenheimer, bonistas, fondos buitre, compañía eléctrica estatal) definen una quiebra que exige solución definitiva e inmediata que debería programarse inteligentemente y aplicarse de forma enérgica, dura y controlada, para conseguir el saneamiento y crecimiento de Puerto Rico, en una nueva estructura económica internacional.
No siendo efectivo el control absoluto de P.R., el Senado de EEUU se niega a cualquier fórmula de reestructuración de la deuda. Exige previamente:
Un control presupuestario de su déficit.
Diminución de la cantidad de Agencias (78 municipios no tienen justificación con sólo 3,5 millones
Establecimiento de seis a nueve regiones administrativas con un solo alcalde por región.
Reducción del gasto público, implementando tecnología administrativa,
Supresión de personal innecesario y duplicidades.
Desaparición del intervencionismo y obstáculos políticos ..., y
Una nueva ley fiscal con un cuerpo de inspección efectivo, entre otros recortes necesarios, que aunque sean dolorosos son prioritarios a la reconversión de la deuda apoyada por EEUU, con su supervisión del gasto público isleño.
Esta solución, entre un Estado Asociado y la tutela del protector está muy cercana de lo imposible, máxime cuando una parte muy importante del pueblo puertorriqueño desea una limitación colonial y una tutela convertida en sólo alto asesoramiento.
Solución b). Puerto Rico por su excelente posición geográfica y logística, dominio del inglés y español, estimables infraestructuras aéreas y portuarias, potencial agricultura y excelente clima, merece una solución efectiva, definitiva y de posibles beneficios recíprocos. Su integración como componente de un "alto convenio trilateral promovido por EEUU, Europa Comunitaria y la Isla", sería desde el punto económico internacional el bloque de mayor potencia dentro de la actual economía global.
El pacto trilateral comprendería el apoyo y control de EEUU y la UE para conseguir su reestructuración económica y presupuestaria interna. Se deberían establecer las exenciones tributarias temporales impulsoras de su crecimiento industrial, comercial y exportación, capaces de cumplir con la amortización de un plan a largo o medio plazo de su deuda pública, en la actualidad impagable.
Los integrantes del pacto trilateral mejorarían significativamente su PIB de forma progresiva, en base a su comercio recíproco y con el resto del mundo. La capital de la Unión Trilateral debería ser San Juan, sin que olvidemos el beneficio para España por su moderna infraestructura y su también excelente ubicación atlántica.
(*) Economista y empresario español
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