LISBOA.- Apenas un mes después de jurar el cargo, el primer ministro
socialista Antonio Costa ya se enfrenta a las dificultades de dirigir un Ejecutivo en
minoría. En medio de la delicada situación de la economía del país, en
la que intenta responder a las demandas de quienes dan apoyo vital a su
Ejecutivo y cumplir con sus compromisos con la Troika, las
privatizaciones iniciadas por el anterior Gobierno se han convertido en
uno de sus talones de Aquiles, una herencia envenenada que constriñe su
capacidad de decisión política.
Gran parte de los problemas del
Ejecutivo de Costa tienen que ver con su necesidad del apoyo de los
marxistas del Bloque de Izquierda (BE) y del Partido Comunista Portugués
(PCP) en la Asamblea de la República, apoyo que no viene a cambio de
nada. El nuevo Gobierno ha colaborado con sus socios para llevar a cabo
“las políticas del cambio”, y el pasado jueves aprobó la descongelar las
pensiones a partir del 1 de enero de 2016, la subida del salario mínimo
de 505 a 530 euros, la reducción de la ‘sobretasa’ sobre la renta,
situada en el 3,5% desde 2013, para familias con ingresos menores de
80.000 euros al año, y el aumento de determinados subsidios para los
jubilados más pobres y las familias monoparentales.
Pese a ello,
las medidas –que supondrán un aumento del gasto del Estado de 173
millones de euros– no satisfacen plenamente a los socios del Gobierno de
Costa, quienes se muestran críticos y presionan para la derogación
inmediata de todas las medidas de austeridad introducidas por el
anterior Ejecutivo conservador.
Las privatizaciones del antiguo Gobierno son un foco de la furia de
esta coalición no oficial, que además de pedir una comisión de
investigación parlamentaria urgente para buscar responsables políticos
de la controvertida venta de Banif, también exige la derogación de las
privatizaciones en curso de la antigua aerolínea estatal TAP y de Novo
Banco, entidad sucesora al colapsado Banco Espíritu Santo.
El
asunto no podría estallar en peor momento para Costa, ya que los
representantes de la Troika, preocupados por las medidas aprobadas por
la amalgama de izquierdas, han anunciado que volverán a Portugal a
principios de año para comprobar que se siguen aplicando las reformas
necesarias para el pago de los intereses generados por el rescate de
2011.
Todo indica que cuando tenga lugar la visita de la Troika,
el primer ministro luso siga seguirá enfrascado, intentando llegar a
acuerdos sobre el futuro de TAP y Novo Banco que logren satisfacer tanto
a la izquierda parlamentaria como a los hombres de negro.
TAP era la última aerolínea estatal de Europa occidental hasta el
pasado noviembre, cuando el anterior Gobierno –en funciones en aquel
momento– anunció la venta del 61% de su capital al consorcio Atlantic
Gateway. Los compradores se comprometieron a hacer inversiones de manera
inmediata en la aerolínea –que arrastra una deuda bancaria de 646,7
millones– por valor de 150 millones de euros, y otros 119 millones antes
de junio de 2016.
El acuerdo firmado establecía también que si
Atlantic Gateway no cumplía con dichos requisitos, el Estado la
compraría de nuevo y saldaría sus deudas. La venta de última hora al
consorcio encabezado por David Neeleman, el magnate
estadounidense-brasileño dueño de la low-cost brasileña Azul, ha sido
denunciado por todos los partidos de la oposición.
El BE tildó la
operación de ser una iniciativa de empresa pública-privada, "con todo el
riesgo para el público y todo el lucro para la empresa privada". El PCP
se ha mostrado más enfurecido ya que pedía la paralización del proceso
de privatización como una de las principales medidas en su programa
electoral, y al día siguiente de conocerse la noticia presentaron una
moción en el Parlamento para invalidarla.
“El anterior Gobierno
decidió violar los límites que la Constitución establece para un
Gobierno en gestión. TAP tiene que ser estatal”, asegura
João Oliveira, líder del grupo parlamentario comunista. Presionado por
los partidos de izquierda que son su base en el Parlamento, el primer
ministro Costa ha anunciado su intención de recuperar el control estatal
de TAP, pero a su manera, ya que teme que semejante renacionalización
dañaría la imagen del Estado a nivel internacional y perjudicaría
futuras inversiones extranjeras en el país.
“Además, Los
socialistas no están en contra de la privatización –al menos parcial– de
TAP”, explica João Duque, catedrático de Finanzas del Instituto
Superior de Economía y Gestión (ISEG). “Sus deudas son tales que ya se
planteó privatizarla cuando José Sócrates era primer ministro. Los
comunistas quieren renacionalizarla, pero Costa lo que quiere es
conseguir control del 51% del capital, justo lo necesario para que el
Estado vuelva a tener un control decisivo”.
Desafortunadamente
para Costa, las negociaciones con los nuevos dueños de TAP no están
llegando a buen puerto. El empresario Neeleman, que celebró una reunión
con el ministro de Planificación e Infraestructuras para tratar el tema
el pasado jueves, ha declarado en varias ocasiones que el único interés
del consorcio es “cumplir el contrato que se firmó en su momento” y no
parece tener intención de ceder. Si el brasileño se mantiene firme en su
posición, fuentes gubernamentales indican que Costa se verá obligado a
dar el paso que exigen los comunistas y tendrá que promulgar una ley
anulando la totalidad de la venta. De ser así, Atlantic Gateway llevaría
el asunto a los tribunales, algo que sería aún más dañino para la
imagen del Estado.
“Está claro que la misión del Gobierno es
difícil”, opina el economista Felipe Garcia, presidente de la
consultoría Información de Mercados Financieros. “Quienes compraron TAP
ya han hecho las inversiones en la aerolínea. Incluso si estuviesen
dispuestos a revender parte de la empresa, el coste de la operación y
las inevitables penalizaciones que conllevaría la misma sería
enormemente dañino para la economía portuguesa”.
Como en el caso
de Banif, el catedrático Duque considera que la privatización de TAP ha
sido desastrosa por “una larga serie de errores de plazos”.
“Se quería
privatizar TAP desde hace diez años pero nadie quería luchar contra los
sindicatos. En Portugal el anterior Gobierno
perdió tiempo clave, y al final TAP se ha vendido mal y tarde, al dueño
de una pequeña aerolínea brasileña que no conoce nadie”.
Entretanto, la posibilidad de que el Estado tenga que inyectar más
dinero público en Novo Banco –la escisión del colapsado Banco Espíritu
Santo (BES) puesto en venta por el anterior Gobierno– ha provocado
serios choques entre socialistas y sus socios bloquistas. Creado con los
activos saludables del BES tras su disolución en 2014, y recapitalizado
con 1.000 millones de euros de la banca lusa y 3.900 millones de euros
en créditos públicos, Novo Banco era la ‘joya’ financiera que Pasos
Coelho quería vender al mejor postor.
Hubo varios interesados, y
entre ellos el conglomerado chino Anbang ofreció la mayor cantidad
–3.500 millones de euros– para Novo Banco. El Ejecutivo intentó negociar
para aumentar la oferta y así cubrir el dinero invertido en la
recapitalización de la entidad, y las negociaciones parecían avanzar
hasta que tuvo lugar la imprevista desaceleración de la economía china
este pasado verano: Anbang retiró su oferta y Novo Banco se quedó sin
comprador.
Los problemas de la entidad han cobrado dimensiones
mayores desde el pasado mes de noviembre, cuando el BCE anunció que Novo
Banco había suspendido las pruebas de solvencia, requiriendo un
refuerzo de capital de 1.398 millones de euros. Como medida urgente, es
previsible que la necesidad desesperada de liquidez llevará a que la
entidad venda activos como la aseguradora GNB Vida, entre otros.
Pero
incluso si consigue vender sus activos, parece inevitable que Novo
Banco tendrá que recurrir al Estado –y, por extensión, a los
ciudadanos lusos– para solventar sus problemas de liquidez. “Es probable
que el Fondo de Resolución luso participe en la operación de aumento de
capital”, dice Garcia. “Al haber bancos públicos en ese Fondo, el
contribuyente termina por contribuir de manera indirecta, y aun así es
posible que el Fondo pida ayudas al propio Estado, por lo que la
contribución sería más directa”.
El catedrático Duque, por su
parte, señala que aunque el Gobierno logre encontrar un banco interesado
en adquirir los “activos buenos” de Novo Banco –como ha sido el caso
con Banif–, la venta sería parecida al banco de Funchal. “Es posible que
se interese Santander o La Caixa, pero en la adquisición de los
activos, no las deudas. El Estado no se librará de ellas”.
La
situación ha hecho aumentar el ambiente de tensión que se nota en el
Parlamento luso estas semanas, donde la posibilidad de nuevas
inyecciones de dinero público en Novo Banco ha provocado duros
encontronazos entre el Gobierno y sus aliados de la izquierda. Durante
un debate reciente Catarina Martíns, portavoz del BE, acusó al Ejecutivo
de seguir el mismo camino que Passos Coelho. Cuando el ministro de
Finanzas, Mário Centeno, le respondió que las decisiones respectivas al
banco las tomaría el Banco de Portugal y no el Gobierno, las filas
bloquistas estallaron.
“¡El Gobierno no se puede esconder detrás
del Banco de Portugal!”, exclamó Martins. “No pueden seguir esperando
que los contribuyentes paguen las deudas de los bancos. Tiene que haber
responsabilidad política”. Así, las relaciones del nuevo Gobierno con
los partidos de izquierda que le apoyan en el Parlamento empiezan a
ensombrecerse por la herencia ‘envenenada’ del anterior Ejecutivo.
“A
Costa le está tocando resolver los problemas que le dejó Passos Coelho, y
no se sabe si podrá hacerlo sin cruzar las líneas rojas de sus socios”,
concluye el catedrático Duque. “Tristemente, lo único seguro en este
asunto es que cuando concluya todo los ciudadanos portugueses serán
quienes tienen que pagar la cuenta, como siempre”.