SAN JUAN.- ¿A qué dosis de soberanía puede
aspirar Puerto Rico? La Suprema Corte estadounidense se concentró este
miércoles en esta cuestión crucial para el territorio caribeño, dividido
entre su proximidad a Estados Unidos y sus deseos de autonomía parcial.
Este
debate de fondo fue relativamente eclipsado en los últimos meses por la
situación en que el territorio se sumergió, hundido por una deuda que
supera los 70.000 millones de dólares y la necesidad de enfrentar los
primeros procesos legales por el default en que cayó.
Con esa
crisis como telón de fondo, los nueve jueces de la más alta corte
estadounidense examinaron el estatuto híbrido de Puerto Rico, que no
forma parte de los 50 Estados que integran legalmente el país aunque
sus casi cuatro millones de habitantes son ciudadanos estadounidenses.
Como
suele ocurrir con la Suprema Corte, fue a partir de un problema
jurídico muy limitado que los jueces se vieron ante la necesidad de
tomar una decisión de pesadas consecuencias.
Dos habitantes de
Puerto Rico, Luis Sánchez Valle y James Gómez Vázquez, fueron inculpados
por las autoridades locales por haber vendido armas ilegalmente.
Como
la Quinta enmienda de la Constitución estadounidense prohíbe que una
persona sea juzgada dos veces por un mismo delito, los dos acusados
optaron por declararse culpables ante un tribunal federal y no ante la
justicia puertorriqueña, ante la que estaban expuestos a penas mucho más
pesadas.
La Suprema Corte de Puerto Rico ya dio la razón a los
dos acusados, afirmando que la excolonia española es actualmente un
territorio estadounidense, y por lo tanto no se podía aplicar la doble
jurisdicción posible cuando se trata de Estados.
En tanto, el
gobierno en San Juan mantuvo lo contrario, que Puerto Rico tiene su
propia soberanía, apoyada en la Constitución adoptada por referendo en
1952.
Por eso, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico (nombre
oficial) recurrió a la Suprema Corte de Estados Unidos para hacer valer
sus argumentos.
Los debates que
se iniciaron el miércoles giran alrededor de la noción central de
soberanía en comparación con otros territorios no incorporados a Estados
Unidos, como Guam, las Islas Vírgenes o la Samoa estadounidense.
Puerto
Rico, el más poblado de esos territorios especiales, usa el dólar como
moneda oficial, pero sus habitantes, fanáticos del béisbol, hablan más
español que inglés y no tienen derecho al voto en las elecciones
nacionales estadounidenses.
El gobierno autónomo se encarga de los
asuntos internos, al tiempo que la defensa y la política externa están
en manos de Washington.
Para el abogado de Sánchez y Gómez, Adam Unikowsky, en Puerto Rico "la fuente suprema de poder es el Congreso" estadounidense.
Christophe
Landau, abogado de Puerto Rico, considera que esa visión es falsa y
sostiene que "el poder político emana del pueblo".
Para Sonia
Sotomayor, jueza de la Suprema Corte estadounidense y ella misma nacida
en una familia de puertorriqueños, "la cuestión es saber si las
decisiones del gobierno federal (de Estados Unidos) priman sobre la ley
puertorriqueña".
La decisión que la Suprema Corte asuma sobre este
caso podría tener enormes repercusiones, que van desde la
representación de Puerto Rico en Washington hasta la defensa de su
territorio, pasando por su política fiscal e incluso su deuda.
Territorio
ya llamado "la Grecia del Caribe", Puerto Rico busca beneficiarse de la
capacidad legal de colocarse bajo la protección de la ley sobre
quiebras para reestructurar su deuda externa. La Suprema Corte
estadounidense ya aceptó examinar esa cuestión en el primer trimestre de
este año.
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