QUITO.- El presidente
ecuatoriano, Rafael Correa, aseguró hoy que su país ha alcanzado un
acuerdo de pagos con la petrolera estadounidense Occidental (Oxy), sobre
un fallo de un comité internacional de arbitraje que condenó al Estado
andino a pagar a la compañía 1.400 millones de dólares.
El mandatario, en su habitual informe de los sábados, informó que
este viernes se llegó a un acuerdo con la petrolera y que el país
alcanzó un descuento de 420 millones de dólares, en unas negociaciones
que calificó de "durísimas".
Correa admitió que en las negociaciones, su país también aceptó
hacerse cargo de pasivos tributarios y laborales que la compañía
estadounidense tiene en Ecuador.
Con ello, dijo Correa, la reducción del pago es de, al menos, 17,2 % (unos 240,8 millones de dólares).
El mandatario recalcó que ese acuerdo le evitó al país nuevas
demandas de la petrolera, que se cerraran líneas de crédito o aumentara
el riesgo país, entre otras consecuencias.
El plan de pago, añadió, ya empezó con un primer desembolso de 100
millones de dólares el pasado 21 de diciembre y que el próximo pago por
una cantidad similar se efectuará el 15 de enero.
Asimismo, se prevé que el próximo desembolso por 200 millones de
dólares se entregue el 29 de febrero y otros 300 millones el 31 de
marzo, mientras que el remanente, hasta alcanzar los 980 millones, hasta
el 29 de abril.
Con ello, aseguró Correa, se cerrará el litigio arbitral con la
petrolera Occidental que empezó en 2006 y que concluyó con el laudo de
condena en noviembre pasado.
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativo a
Inversiones (Ciadi) ordenó a Ecuador pagar a Oxy unos 1.000 millones de
dólares, tras un proceso sobre supuestas violaciones al Tratado
Bilateral de Inversiones (TBI) con Estados Unidos.
Ese monto ascendió a 1.400 millones de dólares al sumar los
intereses, pero ambas partes iniciaron negociaciones para alcanzar un
acuerdo amistoso.
Este proceso comenzó en 2006, cuando Oxy demandó a Ecuador ante el
Ciadi después de que el Gobierno declarara la caducidad de un contrato
de explotación de crudo, por haber cedido, sin avisar al Estado, el 40 %
de sus derechos a la compañía AEC, una filial de la canadiense Encana.
El Gobierno ecuatoriano, tras la salida de Occidental, asumió la
operación de las instalaciones de la compañía estadounidense
(justificada en el contrato), lo que para la petrolera fue una especie
de confiscación de sus activos y una supuesta violación al tratado de
inversiones con Estados Unidos.
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